Jubilaciones: Economía busca reemplazar la fórmula de movilidad por aumentos por decreto
Dentro del conjunto de acciones contempladas en el plan del Ministerio de Economía para alcanzar el equilibrio fiscal, el Gobierno persigue la modificación de la actual fórmula de movilidad, encargada de la actualización trimestral de jubilaciones y prestaciones sociales. La intención es sustituir dicho mecanismo por un esquema de incrementos mediante decretos.
La propuesta deberá someterse al escrutinio del Congreso, dado que la fórmula de movilidad está regida por legislación. La posición gubernamental sostiene que el método de actualización en vigor no permite lograr la estabilidad de las cuentas públicas, motivo por el cual se propone sustituirlo por aumentos de carácter aleatorio, determinados por el Poder Ejecutivo según su propio criterio y no conforme a una fórmula previamente establecida por ley.
La Ley de Movilidad Previsional, que prescribe los ajustes en los ingresos, establece un porcentaje de incremento cada trimestre, determinado por la variación de un índice que resulta de la suma del 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y el 50% de la variación de los salarios. Respecto a este último ítem, se toma el valor más alto entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
En la actualidad, esta fórmula se aplica para ajustar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
Con su configuración actual, la fórmula estuvo en vigor desde 2021, tras la modificación impulsada por el gobierno de Alberto Fernández con respecto a lo establecido en 2017 durante la administración de Mauricio Macri. En ese periodo, la fórmula se basaba en un 70% en la inflación y un 30% en los salarios. Sin embargo, debido al persistente aumento de la inflación desde entonces, ni uno ni otro mecanismo lograron evitar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales frente a los incrementos de precios.
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