Hidrógeno y gas licuado: los dólares que pueden sumar los 2 proyectos y el límite que encuentran
El Ministerio de Economía tiene dos proyectos de ley para abrir el camino a inversiones millonarias en dólares para la producción de energía durante los próximos años.
En los últimos días, los equipos de Sergio Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royon, elevaron al presidente Alberto Fernández el proyecto de ley de promoción del hidrógeno para su posterior envío al Congreso, y cuentan que también tienen listo el proyecto para el gas licuado (GNL).
En 2021, la empresa Fortescue (Australia) anunció de la mano del ex rugbier Agustín Pichot el interés de invertir u$s 8400 millones en hidrógeno verde en la Argentina; pero el proyecto se enfrió por las demoras del Gobierno en generar un marco regulatorio y la firma aceleró más en Brasil.
Beneficios para inversiones: dólares e impuestos
El proyecto de hidrógeno lleva en su letra chica incentivos para los inversores a 30 años, tanto en materia fiscal (beneficios en impuestos) como en lo cambiario (acceso diferencial al dólar para cancelar el capital y los intereses de préstamos comerciales y financieros; y también para girar dividendos a las casas matrices de las empresas en el exterior).
La vara fue puesta en un 50% de libre disponibilidad de divisas sobre los dólares obtenidos por exportaciones, un monto similar al que se aplicaría para los proyectos de gas licuado. Hoy existen avanzados proyectos en etapa de estudio de factibilidad, como el de YPF con Petronas (Malasia) o como el que tiene Pampa Energía vía Transportadora de Gas del Sur (TGS) con Excelerate Energy (Estados Unidos), que comprometerían inversiones por entre u$s 2000 a u$s 10.000 millones en un principio, según cada proyecto.
El Gobierno garantiza acceso a la mitad de los dólares surgidos por exportaciones; a posibles inversores les parece poco y a sectores del oficialismo, un beneficio que no se condice con la situación actual
No obstante, fuentes del sector energético tienen dudas sobre los regímenes de promoción.
«¿Cómo vamos a garantizar la entrega de dólares, que hoy no tenemos, a los inversores?», se preguntan algunos vinculados a los hacedores de políticas públicas. La escasez de divisas, las restricciones a las importaciones y los crecientes vencimientos de deuda financiera del Tesoro nacional, las provincias y las empresas para los próximos años condicionan el nivel de incentivos a prometer, más allá de que el sector petrolero dispuso de beneficios diferenciales al resto en materia cambiaria durante los últimos tiempos.
Aún así, la restricción presupuestaria llevó a que el Estado deba unos $ 40.000 millones a las petroleras que producen para el Plan Gas, a la vez que también tiene pendiente de entregar unos 1300 millones de dólares a las empresas que incrementaron en 2022 su producción de gas y petróleo frente al año anterior. El incentivo fue reglamentado mediante el Decreto 277 del año pasado, que establecía libre disponibilidad de divisas por un 30% en el caso de la producción adicional de gas y un 20% en la de petróleo, pero aún no se pudo concretar.
Por otro lado, en el sector privado consideran que las restricciones para el acceso a dólares son «innecesarias», ya que cualquiera de estos proyectos se va a financiar en el exterior y van a traer dólares a la Argentina.
Ya desde el lado fiscal, el Estado se comprometerá a garantizar la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la exención del pago de derechos de importación, las tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de estadística y de comprobación en destino a las importaciones para bienes de capital, repuestos e insumos destinados a la producción de hidrógeno, según se establece en el proyecto de ley.
En cuanto a los derechos de exportación (retenciones), las alícuotas irán del 0% y 1,5% para el hidrógeno verde (energías renovables), rosa (energía nuclear) y azul (obtenido en el proceso del gas natural) en los primeros diez años hasta el 3 a 4,5% progresivamente hasta el final del régimen.
Royon señaló que entre los ejes del proyecto apuntan a la certificación en origen, «con la creación de instituciones que verifiquen el origen de la producción, para desarrollar las cadenas locales de valor; además se va a monitorear los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero, con beneficios fiscales y un régimen diferencial que premia al hidrógeno verde por sobre el azul». Asimismo, la secretaria de Energía aclaró que el proyecto no contempla el hidrógeno gris (sobre combustibles fósiles).
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