El informe interno que advertía de las irregularidades en las compras de alimentos
Luego del escándalo sobre la demora en la entrega de alimentos para comedores sociales, el asesor y próximo ministro del gabinete presidencial Federico Sturzenegger, anunció este domingo un nuevo sistema de compra y acopio de mercadería para contingencias y con la venia del jefe de Estado Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Según informó, el plan del asesor consiste en que el Estado minimice el uso de sus depósitos y, de lo posible, prescinda de ese tipo de dinámicas. En cambio, pretende la contratación de compromisos para que las empresas alimentarias puedan disponer la cantidad del stock que se disponga ante situaciones de emergencia. «El sector cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera», explicó.
«Como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito. Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente», agregó.
Los nuevos detalles de la investigación por los alimentos
La administración libertaria presidida por Javier Milei no compró alimentos desde que asumió y los cerca de cinco millones de kilos almacenados que se dieron a conocer a través de una investigación periodística son remanentes de la gestión anterior. Según información del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, se vencieron 40 kilos de arroz y hortalizas y hay diversos lotes de leche en polvo que vencen a fines de julio.
El titular del juzgado, Sebastián Casanello, le había informado el viernes a la Cámara Federal que el Gobierno había incumplido la orden judicial de notificarle cómo repartirá los alimentos acumulados. Al día siguiente, dio lugar a un pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa para allanar el «Centro Operativo Martelli», ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli.
Los números del fallo del juez Casanello que desembocaron en la autorización del allanamiento sobre el galpón de Villa Martelli. (El Cronista)
De manera paralela, el juez federal José Díaz Vélez, que se desempeña en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, ordenó la misma medida para el otro galpón investigado, ubicado en Tafí Viejo, a raíz de un pedido del fiscal federal Agustín Chit. Gendarmería Nacional procedió con el allanamiento y realizó un inventario con 2,7 toneladas de alimentos no perecederos.
Por el momento, más de dos millones de productos están listos para ser distribuidos y alrededor de 600.000 productos están siendo analizados, con el control de calidad correspondiente, para poder ser repartidos. El conflicto por la mercadería generó gran revuelo en el Gobierno y terminó con Pablo de la Torre fuera del Ejecutivo. Hasta el jueves fue el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), bajo el ala del súper ministerio que conduce Pettovello.
Qué dice el informe interno hecho por el Gobierno
A través de un pedido de acceso a la información pública, El Cronista accedió a diferentes auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a comienzos de año sobre las áreas del Ministerio de Capital Humano.
Las evaluaciones hechas sobre el exministerio de Desarrollo Social advertían las falencias en el Circuito de Compras y Contrataciones: «Se verifican entre otras falencias recurrentes, la ausencia de un procedimiento formal para el control de las entregas de los bienes».
Página de la auditoría del Estado hecha por la SIGEN. (El Cronista)
Cabe la aclaración. Una gran mayoría de las áreas abarcadas por la SIGEN tuvieron como calificación «Débil». Este medio se contactó con voceros de la cartera para consultar sobre las medidas que se tomaron para reforzar las debilidades del Sistema de Control Interno (SCI). Aunque se prometieron respuestas, no llegaron al cierre de esta edición.
En el caso de la SENAF, la Sindicatura pudo consignar que de la anterior gestión también se verificaron falencias en el circuito de Compras y Contrataciones. En tanto, desde esa área sí tomaron nota sobre los llamados Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que están pensados para albergar a niños de entre 45 días y 4 años de edad y están ubicados en todo el país.
La cartera de Pettovello realizó una denuncia contra las autoridades que ocuparon la SENAF entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de diciembre del año pasado. La presentación se realizó por la detección de transferencias millonarias a CDIs «sin rendición de cuentas» o con documentación incompleta provenientes de subsidios específicos del programa Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia.
La evaluación de la SIGEN sobre la SENAF. (El Cronista)
Quienes estuvieron a cargo de esa presentación fueron el exsecretario de Coordinación Legal y Administrativa, Maximiliano Keczeli, y la actual subsecretaria de Legal, Leila Gianni. El primero fue desplazado de su cargo durante los últimos días de abril. Hasta entonces se desempeñaba como una especie de mano derecha de Pettovello en la búsqueda de irregularidades provenientes de anteriores administraciones.
A pesar de las acusaciones de sectores que no son afines a la ministra, que la acusan de provenir de la anterior gestión y de haber expresado su apoyo a Sergio Massa, Gianni es quien ha tomado ese lugar y se desempeña como la nueva funcionaria empoderada por Pettovello para liderar su «brigada anticorrupción», tal y como lo suele mencionar el presidente Javier Milei en sus entrevistas públicas.
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