El Gobierno prepara una Ley Hojarasca II para reducir más trámites en el Estado
Desde el 1 de noviembre que rige el «silencio positivo» para algunos trámites administrativos públicos de la administración centralizada. El tema se caracteriza por ser particularmente técnico, pero desde el Gobierno nacional aseguran que se trata del puntapié para un giro copernicano en la manera que el Estado avala o no ciertas autorizaciones hechas por la ciudadanía.
¿Qué es el silencio positivo de los procesos administrativos? En rigor, implica que ciertas autorizaciones administrativas -pedidas por un particular o una empresa o sociedad- sean aprobadas automáticamente si el área estatal no decide sobre ese trámite en un plazo específico.
Antes regía para todos los trámites estatales el sentido opuesto, el silencio negativo. Con esta interpretación, la autorización pedida a un organismo quedaba en stand by hasta que se aprobara o rechazara, sin posibilidad de que apruebe automáticamente. Con el cambio, la idea es que no se «cajonee» una autorización -como se hace en algunas dependencias estatales- con la intención de pedir dinero o influencias a cambio de destrabarla.
La nueva forma de abarcar los procedimientos administrativos fue aprobada en la Ley Bases y reglamentada la semana pasada a través del Decreto 971/24, la cual explica detalladamente que el silencio positivo solo abarca a un grupo pequeño de las decenas de miles de trámites estatales que hay hoy en día.
Listado de trámites que entran al silencio positivo by Cronista.com on Scribd
Según explicaron a El Cronista fuentes técnicas de Presidencia, el decreto es solamente para autorizaciones administrativas regladas. ¿Qué son? Se tratan de trámites que abarcan derechos ya adquiridos. «Ponele que un banco necesita cerrar una sucursal y precisa una autorización del Banco Central. Si no se responde el pedido en el plazo administrativo, se aprueba de facto», ejemplificaron. Una solicitud que no cumpla con todos los requisitos no podrá pasar automáticamente.
No es lo mismo una autorización administrativa reglada que un permiso, en el que -según la jerga administrativista- el Estado decide sobre un pedido de una actividad que está prohibida. En Casa Rosada buscan desmitificar que con el silencio positivo se puedan avalar permisos.
La nueva etapa que se viene para los procedimientos administrativos
Con el decreto publicado el viernes pasado, hay más de 500 autorizaciones en las que regirá el silencio positivo siendo la primera etapa de varias que vendrán para los próximos meses: un número que se maneja es que podrían venir otras 700 más.
Para dimensionar el largo trecho que queda cabe decir que el Ministerio de Justicia tiene más de 7000 procedimientos administrativos (predomina la burocracia de los Registros del Automotor y la IGJ). El Ministerio de Economía también es una de las dependencias con mayor cantidad de trámites a través de la Secretaría de Energía, de Comercio y otros más.
El edifico del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona
Pero no todos los procedimientos administrativos son pasibles de ser pasados al régimen de silencio positivo. Principalmente, por tratarse de cuestiones sensibles a los que no se les puede dar la chance de ser aprobados automáticamente sin la revisión legal.
Qué entra en el silencio positivo y qué no es algo que depende del filtro que coordina María Ibarzabal, titular de una de las cinco secretarías que dependen directamente de Javier Milei, la de Planeamiento Estratégico Normativo. La funcionaria es muy cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, quien fue el responsable de crear esa área que tiene por objetivo la simplificación de la burocracia administrativa.
José Rolandi y María Ibarzabal, los dos funcionarios clave que participaron de la redacción del silencio positivo
De ese proceso también participaron los equipos del vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Las tres áreas consensuaron los 500 trámites administrativos con las áreas legales de la administración centralizada y descentralizada.
«Ese trabajo conjunto permitió que hagamos un listado de todos los trámites que hay en la administración pública. Con eso nos dimos cuenta de que varios son completamente inútiles», afirmó ante El Cronista un técnico que participó de ese proceso.
Con ese análisis sobre la mesa, en Balcarce 50 no descartaban que se pueda producir una suerte de depuración de trámites administrativos: una suerte de Ley Hojarasca II. Entre las menciones de procedimientos a eliminar se destaca un trámite que obliga a los actores que desean hacer doblaje a pedir una autorización al Estado para ejercer esa función. «Ese trámite, como otros varios más, pueden entrar en una futura derogación», afirmaron.
Se trata de una intención y no de una acción que se vaya a concretar en un plazo determinado. El oficialismo se encuentra en una débil posición en el Congreso para imponer proyectos propios. Aún resta que la Ley Hojarasca original consiga ser tratada en comisiones y dictaminada para después tener media sanción. Aunque se prevé que durante este mes se le dé curso a esa iniciativa, lo cierto es que las negociaciones legislativas no priorizan otros proyectos más allá del Presupuesto 2025, que aún no ha encontrado grandes consensos para pactar la letra chica.
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