El Gobierno porteño presentó una denuncia por los destrozos en Plaza Congreso: cuánto costarán los daños
En una acción conjunta, los ministros de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabino Tapia y Waldo Wolff respectivamente, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para investigar los incidentes y destrozos ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación el pasado 2 de febrero. Los hechos se desencadenaron durante la manifestación mientras se llevaba a cabo el tratamiento de la ley omnibus propuesta por el gobierno de Javier Milei.
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La denuncia, interpuesta conforme a los artículos 86 y concordantes del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como objetivo que «se investigue la comisión de delitos y contravenciones ocurridos en la mencionada fecha, así como identificar y sancionar a los responsables».
Hechos denunciados:
Según el relato de los ministros, los incidentes se caracterizaron por la vandalización de bienes públicos, incendios de vallas y objetos en la vía pública, roturas de baldosas en las veredas, arrojo de objetos contundentes al personal policial, obstrucción del tráfico vehicular, agresiones al personal de seguridad y obstaculización de la salida de personas del Congreso. «Estos hechos fueron ampliamente documentados en fotografías y filmaciones difundidas por diversos medios de comunicación», sostiene la denuncia.
Calificación legal:
Los funcionarios estiman que las conductas denunciadas constituyen delitos de acción pública, entre ellos daños, daños agravados, incendio, atentado y resistencia a la autoridad, de acuerdo con los artículos 183, 184 inc. 5, 186, 237, 238 inc. 4 y 239 del Código Penal. Además, se mencionan contravenciones contempladas en el Código Contravencional de la Ciudad, como agresiones en lugares públicos, obstaculizar ingreso o salida de lugares públicos y obstrucción de la vía pública. La denuncia deja abierta la posibilidad de otras calificaciones legales que el fiscal considere pertinentes.
Ofrecimiento de prueba:
En calidad de prueba, se ofrece al fiscal las filmaciones de los hechos en poder de la Policía de la Ciudad. Asimismo, se solicita que se requieran a los canales de televisión que transmitieron imágenes de los incidentes, los registros fílmicos correspondientes. La denuncia también contempla la declaración testimonial de personas que puedan aportar información relevante para esclarecer los sucesos.
Los ministros solicitan al fiscal que «se tenga presente la denuncia, se inicie una investigación penal preparatoria, y se tomen todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos y identificar a los responsables». Se pide, además, que a medida que se identifiquen a los responsables, se les formule la correspondiente intimación de los hechos, y se informe a los denunciantes para iniciar reclamos pecuniarios por las afectaciones al erario público de la Ciudad.
Cuánto costaron los destrozos en Plaza Congreso
La Ciudad aseguró que los destrozos que se produjeron el viernes pasado provocaron un costo de «106.890.000 pesos». Al respecto, Jorge Macri aseguró: «Dijimos que íbamos a iniciar la denuncia y lo hicimos, reclamaremos el costo de todos los daños porque no vamos a permitir que unos pocos vándalos y delincuentes destruyan la Ciudad».
«La limpieza, reparación del mobiliario urbano y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación, implica un costo para la Ciudad de 106.890.000 pesos. Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos», precisó el jefe de Gobierno porteño.
Qué pasó en Plaza Congreso:
Los días miércoles, jueves y viernes, los alrededores del Congreso fueron el escenario de choques entre policías y manifestantes que se oponían a la sanción de la denominada Ley Bases que impulsa el Gobierno.
Granadas de gas lacrimógeno, gas pimienta y bastonazos fueron usados por los agentes para dispersar a los manifestantes, quienes respondieron con el lanzamiento de piedras y botellas.
Efectivos de las fuerzas de seguridad cargaron contra manifestantes y los obligaron a retirarse de las calles adyacentes al Parlamento, en su empeño por hacer cumplir el protocolo antipiquetes que prohíbe la interrupción del tránsito durante las protestas.
Los militantes, en su mayoría de agrupaciones de izquierda, organizaciones sindicales o de movimientos sociales, tuvieron varios choques con los miembros de la Gendarmería, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que tomaron parte en el operativo.
Qué dijo Patricia Bullrich
Bullrich, en tanto, respaldó anoche el accionar cumplido por las fuerzas de seguridad en Plaza Congreso, como lo hizo en las dos jornadas anteriores con un mensaje en las redes sociales.
«Presentaremos una denuncia penal y pediremos la identificación de todos los que quemaron bienes públicos tirando piedras, destruyendo todo al pasar y atacando a funcionarios policiales», señaló Bullrich en un mensaje publicado anoche en X.
Y en ese sentido, agregó: «Felicito el profesionalismo de las Fuerzas Federales. Las organizaciones deberán pagar los daños causados y los gastos del operativo. El que las hace, las paga».
Críticas por manifestantes y periodistas heridos y detenidos
En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria pidió conocer la identidad de los detenidos en un comunicado que difundió en su cuenta de la red social Instagram.
«La Comisión Provincial por la Memoria, quien monitorea junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo de prevención de CABA el uso de la fuerza policial en las manifestaciones, informa que cuentan con datos de la justicia que da cuenta de 14 detenidos entre ambas jurisdicciones», reportó en el comunicado.
Y se pronunció de ese modo «frente a las declaraciones públicas de la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que dan cuenta de 18 detenciones y del ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, que informa otras 13, totalizando 31 entre ambas jurisdicciones el día de ayer en la represión frente al Congreso».
«Incluso sumando los tres días ascienden a 23 personas los registros judiciales. Por esto pedimos a ambos ministros que rectifiquen la información o den a conocer la identidad de las 17 personas que no se informaron», expresó la Comisión Provincial de la Memoria.
A su vez, la Academia Nacional de Periodismo manifestó en un comunicado su «profunda preocupación por los hechos que terminaron con varios reporteros gráficos heridos con balas de goma durante los incidentes frente al Congreso de la Nación».
«La Academia hace una exhortación a las autoridades nacionales y a todos los protagonistas de la vida pública para que el periodismo sea respetado, tanto cuando ejerce su libertad de expresión como cuando cubre acontecimientos potencialmente violentos», señaló el texto firmado por el presidente de la entidad, Joaquín Morales Solá, y la académica secretaria Silvia Naishtat.
Además, advirtieron: «Debemos destacar nuevamente que el sistema democrático se devalúa cuando la prensa libre encuentra obstáculos para desempeñar su función».
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