El Gobierno pone la lupa sobre 280 prepagas: el caso de una empresa trucha desmantelada
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Gabriel Oriolo, continúa con los diferentes operativos de auditorías sobre empresas de medicina prepaga y obras sociales, a los fines de disponer de manera más eficiente los subsidios sectoriales y la detección de compañías que brindan un servicio irregular o inexistente.
Según pudo saber El Cronista de fuentes oficiales, hay 280 prepagas que están siendo relevadas por el Gobierno debido a incumplimientos administrativos. Se trata de más de un tercio de las empresas de salud que están inscriptas en el registro oficial provisto por la Superintendencia, las cuales deben consignar la documentación requerida cada cierta cantidad de tiempo.
La SSS publicó un comunicado en la tarde del martes en el que afirma que el organismo debe «recuperar su rol fiscalizador». «Se está llevando adelante un reordenamiento de la gestión con el objetivo de volver a cumplir con su función principal: controlar a los Agentes del Sistema de Salud», estableció.
%uD83D%uDCC3 #Comunicado | El organismo está llevando adelante un reordenamiento de la gestión con el objetivo de recuperar el rol fiscalizador a los Agentes del Sistema de Salud. pic.twitter.com/b4qNTtsNkc
— %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Superintendencia de Servicios de Salud %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@SSSALUD) June 4, 2024
Los registros oficiales marcan que hay cerca de 690 empresas de medicina prepaga operando en todo el país y que deben rendir cuentas ante la Superintendencia. Según informan, hay 280 de estas que presentaron informes irregulares: algunas no contaban con las cartillas completas de sus afiliados y otras registraban serias irregularidades en los papeles de corte administrativo.
«Queremos que pongan sus papeles al día», emitió un funcionario del área de la Salud en diálogo con este medio. Hasta el cierre de esta edición no se pudo acceder a la lista de compañías evaluadas, pero alegan que aquellas que cuentan con la mayor cantidad de afiliados «están todas en regla y no se les pidió la ampliación de sus datos administrativos».
En cambio, las prepagas de menor porte corren una gran probabilidad de estar en el grupo de las 280 que buscan ser relevadas con información. Comentan que habrá un tiempo para que estas puedan subsanar estos errores, pero que de no repararse se abrirá una sucesión de instancias que desembocan en auditorías más rigurosas y con la posibilidad de ser intervenidas.
La obra social intervenida y la «prepaga trucha»
Días atrás, El Cronista dio cuenta de la primera intervención que la SSS hizo sobre una obra social que, presuntamente, funcionaba como un «sello de goma» que recibía $ 350 millones en concepto de aportes directos y contribuciones y $ 130 millones mensuales producto de transferencias de programas de subsidios.
Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF). Fuentes del sector comentan que al momento de realizar la intervención la entidad no contaba con el registro de sus propios afiliados, estimándose que serían cerca de 30.000 personas.
«Se descubrió que no funcionaba en términos administrativos y que no cumplían con la normativa vigente», comentaron cerca del equipo de interventores, liderados por el abogado Mariano Luis Negro.
A través de un artículo publicado en Clarín días atrás se dio a conocer que una empresa que ofrecía servicios médicos, Servin Life S.A., comunicó a sus afiliados que se declaraba en quiebra y que no continuará operando, dado que, según sus abogados, tiene una deuda cercana a los $200 millones que no podía saldarse.
Conocida la noticia, la SSS se encargó de aclarar que Servin Life era «una empresa trucha» y que no estaba registrada ante la Superintendencia como prestadora de medicina prepaga. «Esto significa que en los últimos años funcionó de manera irregular», se comunicó hoy mediante un comunicado de prensa. «Evidencia lo que pasó en la Superintendencia en los últimos años: nadie controlaba nada y por eso existían empresas como esta», afirman fuentes oficiales.
El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo.
«Todo esto se realiza con el objetivo de garantizar la libre competencia entre los distintos actores del mercado y la libertad de elección de los beneficiarios», remarcan desde Salud.
Sin embargo, persiste la incertidumbre de qué puede pasar con los afiliados de aquellas empresas irregulares: en el caso de Servin Life, el Gobierno no contempla ningún paraguas para los que pagaban ese servicio -irregular-. «Sean jubilados o no, pueden contratar otra prepaga; acceder a una obra social, o como última opción recurrir al servicio de salud público», dicen.
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