El Gobierno planta a la UCR y frena la reforma sindical tras negociar con la CGT
Sorpresivamente, la comisión de Legislación del Trabajo que pretendía avanzar hoy con un dictamen mayoritario de reforma sindical debió suspender su cita de las 13 luego de que el gobierno de Javier Milei diera marcha atrás en el respaldo a la iniciativa que buscaba establecer más regulaciones a los gremios. «El Gobierno se bajó y no apoya», deslizó el titular de la convocatoria y articulador de los proyectos, el radical Martín Tetaz.
Hasta ayer y más allá de sus diferencias circunstanciales frente a movilidad jubilatoria y a la ley de financiamiento universitario, los bloques dialoguistas estaban alineados al Gobierno en esta agenda y el objetivo era consensuar un único dictamen entre la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, PRO, la Coalición Cívica, Encuentro Federal e Innovación Federal para llevar el proyecto al recinto.
«Es una decisión política: el oficialismo no puede no estar de acuerdo con que haya más democracia sindical. La única razón para oponerse es una cuestión de miserabilidad política», expresó Tetaz a la agencia de información legislativa Esfera Pública. Hoy, en el último de una serie de encuentros en donde el economista buscó acercar posiciones entre 28 iniciativas que habían sido presentadas, se pretendía conseguir el mayor número de adhesiones. Ahora el encuentro se posterga, al menos, una semana.
«SUSPENSION REUNION DE DIPUTADOS COMISION DE LEGISLACION DEL TRABAJO
Por indicación de la presidencia de la Comisión, se comunica la suspensión de la reunión de Diputados, convocada para el día de hoy a las 13 hs. A la brevedad posible, se informará la nueva fecha de citación», reza el comunicado que circuló entre las y los diputados con la firma del secretario de la comisión, Nicolás Pancelli.
En la previa, Tetaz había dialogado con El Cronista respecto a su tarea para recuperar los principales puntos de los 28 proyectos: «Diría que no quedan temas pendientes en términos de democracia sindical por ser tratado. Veremos cuántas firmas tenemos, pero en principio participaron todos los bloques del dictamen con mayor o menor acuerdo». A último momento, la diputada Alida Ferreyra, de LLA, le comunicó que el oficialismo no suscribiría.
Según fuentes gremiales y legislativas, la CGT negoció directamente con la Casa Rosada, no solo respecto a la próxima reglamentación de la reforma laboral sino también para frenar la batería de proyectos de reforma sindical que transitaban en el Legislativo. Apuntan directamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor plenipotenciario Santiago Caputo. «Lo denuncian a (Pablo) Biró y se abrazan a los gordos al día siguiente», lanzó a este medio uno de los críticos de la movida.
En la central sindical también tendieron líneas con Miguel Ángel Pichetto (Encuentro federal) y los radicales que responden a Facundo Manes. Al menos el primero de ellos jugó un rol decisivo a la hora de bajar varios artículos del capítulo laboral en la Ley Bases durante su segundo paso por el Congreso. No es casual que muchos de ellos estaban contenidos ahora en esta iniciativa paraguas de reforma sindical.
«No es una mejora sino una quita de un adversario político», comentó a El Cronista el vocero de la CGT, Jorge Sola. Durante la jornada de ayer, circuló una versión del dictamen de mayoría entre los despachos de las y los diputados. Sus asesores se ocuparon de pulir la letra fina sobre la base de un número de objeciones que se presentaron, con el objetivo de reducir la posibilidad de firmas en disidencia. De ahí que se mantuviera el borrador bajo siete llaves hasta hoy.
«Vamos a ver qué hace Tetaz y si puede juntar las firmas antes de sentar nuestra posición», deslizaron a este medio desde el bloque de Unión por la Patria. En los debates previos, catalogaron como «antisindical» a un gran número de las reformas que se impulsan desde el oficialismo y parte de la oposición, por ir en contra de decisiones de los organismos internacionales que velan por la libertad y la autonomía sindical e incluso la propia Constitución.
Mientras que desde el Frente de Izquierda, el diputado Alejandro Vilca ya había anticipado la decisión de rechazar «las pretensiones del oficialismo sobre este tema. No porque no consideremos que hay que democratizar las organizaciones sindicales, sino que rechazamos que lo haga este Gobierno que ajusta y quita derecho a los trabajadores».
El dictamen que busca ser de mayoría se concentra en seis puntos sus mayores roces políticos: el aporte sindical, la limitación de mandatos, la presentación de declaraciones juradas, la libre elección de la obra social, la representación de las minorías y la introducción del requisito de ficha limpia en el ámbito de los procesos electorales sindicales.
De los 31 diputados y diputadas que forman parte de la comisión de Legislación del Trabajo, Tetaz aspiraba a alinear los apoyos políticos de los representantes del radicalismo, LLA, PRO, Encuentro Federal e Innovación Federal. De conseguirlo, serían 18 firmas para un dictamen de mayoría. No se esperaba el plantazo por parte del oficialismo. «¿Cómo pueden oponerse a que haya más transparencia sindical, a ponerle un freno a las reelecciones? No se condice con lo que dicen en público», reaccionó el diputado radical al ser consultado por El Cronista.
Punto por punto, las seis claves de la reforma sindical
En lo que refiere al aporte sindical, el consenso del oficialismo y los dialoguistas es volverlo voluntario y que se requiera el consentimiento expreso de las y los trabajadores no afiliados para que se deduzca el porcentaje de sus recibos de sueldo. Hoy estas contribuciones se encuentran pactadas en las convenciones colectivas de trabajo.
Al entender de UP, lo que se persigue es el debilitamiento de las organizaciones sindicales. Mientras que la obligación de pago de contribuciones solidarias -que son sumas inferiores a las que afrontan las y los miembros del sindicato- fomenta la afiliación de quienes no lo sean, prohibirlo o limitarlo estimula lo contrario porque promueve el efecto «furgón de cola»: la obtención del beneficio sin costo alguno por ir atado a la fuerza de empuje de otros.
Respecto a la libre elección de la obra social, el borrador planteaba ayer que pudiera estar sujeta a decisión de las y los trabajadores cada tres meses. En este punto, no obstante, había ciertas discrepancias en cuanto al período de tiempo: algunos bloques pedían extender el plazo a un año, salvo casos de denuncias de irregularidades en el funcionamiento de las obras sociales.
Sobre los mandatos consecutivos, se fija la reelección en solo una oportunidad y se establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de forma periódica y ante la autoridad de aplicación, en este caso, la Secretaría de Trabajo. Los detractores de este punto alertaron sobre el hecho de que no se trata de funcionarios públicos -en rigor, son controlados por la AFIP como cualquier ciudadano- y esta disposición pretendía avanzar sobre la privacidad cuando plantea incluir a los hijos menores de edad.
Desde la Coalición Cívica empujan además que dicha información sea de libre acceso para cualquier trabajador y que se realicen auditorías sobre los balances de las organizaciones. También pidieron que sea condición su presentación para entrar al proceso electoral en los sindicatos.
«Es muy importante que se transparente el manejo de todos los fondos sindicales y esto incluye las empresas e instituciones vinculadas a los sindicatos y que se lleven a cabo los controles ante la Secretaría de Trabajo que hoy se incumplen», sostuvo en diálogo con El Cronista la diputada de la Coalición Mónica Frade. Ejemplificó con su propia experiencia intentando acceder a los balances de Camioneros y Gastronómicos y siéndole denegada la información por el ministerio que comanda Sandra Pettovello.
En 2001, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Trabajo, Patricia Bullrich impulsó la Resolución 377/01 con un objetivo similar y terminó suspendida por la Justicia en la causa «Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Poder Ejecutivo Nacional y Otro s/ Acción Ordinaria de Inconstitucionalidad» (Expte. nro. 22167/01). Más tarde, las mismas autoridades políticas le dieron de baja con otra resolución, la 875/01, y la derogaron definitivamente con la resolución 708/2002, ya en el mandato de Eduardo Duhalde.
Otro de los ejes versa sobre la participación de las minorías en cada organización sindical, fijando el porcentaje en un 25% acorde al borrador de dictamen de mayoría que circuló ayer por los despachos. Quienes se oponen insisten que la legislación vigente (Ley 23.551 y decreto 467/88) ya garantiza la participación de la minoría en el órgano deliberativo, por una doble vía al demandar que «en aquellos congresos u otros cuerpos deliberativos creados por el estatuto, cuyos integrantes fueren elegidos por votación directa de los afiliados, la representación, por cada sección electoral, adopte algún sistema de proporcionalidad u otorgue a la primera minoría un número de cargos no inferior al veinte por ciento».
También el decreto reglamentario estipula que en los Congresos el número de delegados de cada sindicato «…no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del total de los delegados, cuando la federación esté integrada por más de cuatro (4) sindicatos adheridos». En consecuencia, dicen los detractores, lo que se busca es forzar la participación de las minorías en el órgano directivo, no en la «vida sindical». De ahí que incurre, aducen, en una violación de la autonomía en tanto es potestad de las y los afiliados determinar los cupos en un órgano de conducción.
El último de los puntos y uno de los que provoca más ruidos es la introducción de la ficha limpia, para bloquear la participación en las elecciones de cualquier dirigente con una sentencia firme en segunda instancia. Se trata, en rigor, «de alinear con los preceptos de mayor transparencia en las instituciones representativas», explican, en sintonía con el proyecto que se impulsa en el Congreso para cargos en el Estado.
Nuevamente, quienes cuestionan este último punto indican que constituye también una afectación a la libertad sindical en tanto que la normativa actual ya fija la incompatibilidad de integrar el órgano directivo de un sindicato en caso de tener inhibiciones civiles o penales e impidiendo acceder a un cargo directivo público a aquellas personas con sentencia judicial firme, acorde al artículo 18 de la Ley 23.551.
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