Casi el 100% de los estatales aprobó el examen para renovar cargos: cómo sigue la evaluación
A casi 20 días de que concluya el plazo para que los estatales rindan los exámenes obligatorios para seguir trabajando en la administración pública acorde a los dispuesto por el gobierno de Javier Milei, un relevamiento de El Cronista entre los gremios del sector y fuentes del Gobierno arrojó que casi el 100% de las y los trabajadores que completó la evaluación ya la aprobó en primera, segunda o tercera instancia. Restan no obstante resolver situaciones puntuales y cuándo se activaría la siguiente fase de pruebas.
Si bien el grueso de quienes se presentaron ya sorteó el requisito que se orquestó desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, los números de cuántos estatales se presentaron y aprobaron difieren en el corte más fino, sobre un universo estimado en torno a los 50 mil cargos temporales que involucra a todas las personas contratadas a través del Decreto 1421/02-Resolución 48/02 -conocidos como los «artículo 9» en alusión a la Ley 25.164 de Empleo Público- y los monotributistas del decreto 1109/17, no importa cuánto tiempo registren de trabajo en el Estado.
Los números oficiales contabilizaban 42.274 exámenes concluidos, con un nivel de aprobación del 94% al momento de consultar ayer con fuentes del Gobierno. Por su parte, desde el gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) cifraban el porcentaje de aprobación en torno al 95% mientras que desde la Asociación Trabajadores de Estados (ATE) lo elevaban al 98% y afirmaban que, acorde a sus registros, ya lo habían rendido 42.520 personas.
«Sigue habiendo turnos hasta el 31 de marzo, eso seguro. Pero lo que cayó es la cantidad de personas que se inscriben para rendirlo, de unas 1500 evaluaciones a solo 150 este último viernes», revelaron a El Cronista desde la representación de las y los trabajadores. Las primeras semanas llegaron a cursar hasta …
En el Gobierno no brindaron mayores precisiones sobre cifras que las citadas previamente, aunque sí remarcaron que aprobarlo es condición para seguir en la administración pública a partir del 31 de marzo, acorde a lo dispuesto oportunamente en las Resoluciones… De momento, no se estaría analizando una prórroga, deslizaron a este medio.
«Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de$ 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y no pudieron, fracasaron porque rindieron todos bien», indicó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en declaraciones a El Cronista. Al tiempo que contrastó los recursos dedicados a la implementación de esta política con los ajustes presupuestarios, el cierre de institutos y la fusión de organismos en diversas áreas del Estado.
Acorde a ATE, los exámenes del Gobierno costaron al menos $2.570.996.928 si se calculan los días y horas laborales dedicadas a rendir los exámenes del Sistema de Evaluación Pública (SEP). Una cifra que, afirman, podría ser mayor si se incluyen los gastos correspondientes a la producción de material de estudio, espacio físico y el pago a las personas a cargo de supervisar las evaluaciones.
Al entender del Gobierno, es una decisión que persigue garantizar un nivel mínimo en la planta estatal acorde al concepto de public servant, o funcionario público, propio de una administración profesional. Pero hay un amplio rango de cargos estatales, bajo la figura de la asesoría, que de momento no se ven obligados por la normativa a rendirlos.,
«Los maestros de la eficiencia acaban de derrochar cuantiosos recursos públicos en evaluaciones de desempeño que nunca tuvieron sentido. Cualquiera podría haber anticipado el resultado con sólo saber que se les exigía que prueben su idoneidad a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad», acusó Aguiar.
La primera etapa de evaluación estaba centrada en la evaluación de las y los trabajadores …. que se desempeñan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Pero había quedado pendiente, para una segunda fase, avanzar con los exámenes al personal localizado en el resto del país. Desde ATE y UPCN reclaman que se suspenda la etapa siguiente. Aún no hay información oficial respecto a cuándo arrancaría en caso de hacerlo.
«Hay algunos remanentes de trabajadores que, por cuestiones de cambios contractuales en algunos organismos en particular, como es el caso del Ministerio de Justicia, aún están en proceso de rendir el examen. Y a ellos se suma el porcentaje restante que todavía no lo aprobó, pero mantiene sus chances en segunda o tercera instancia hasta el 31 de marzo», dijeron a El Cronista desde UPCN.
En el gremio que lidera Andrés Rodríguez, citan algunos casos puntuales que no tenían secundario completo pero que debieron rendir evaluaciones con ese nivel de titulación. Parte del pequeño universo de reprobados se contabiliza entre personas con esa situación, por lo que acercaron a las autoridades nacionales la posibilidad de diseñar una instancia de recuperación mediante capacitaciones. Aunque admiten que no hubo avances en este sentido, no se resignan a conseguirlo en las próximas semanas si reanudan las conversaciones con el Gobierno.
Exámenes a estatales: qué pasará a partir del 31 de marzo
Hacia adelante, el sistema seguirá abierto como requisito fundamental para cualquier persona que aspire a conseguir el certificado que le permita trabajar en el Estado. Tanto ATE como UPCN señalan que muchos de los despidos durante el verano involucraron a personas que habían rendido y aprobado el examen en las semanas previas.
«El Gobierno incumple y lleva adelante un accionar ilegal porque había sostenido que a todos aquellos agentes que rindieran bien, el resultado les aseguraba una contratación anual. Y eso está sucediendo parcialmente porque en muchos organismos donde se conocen notificaciones de despidos se trata de trabajadores que aprobaron el examen», remarcó Aguiar, aludiendo a la letra de las resoluciones que activaron el SEP y las conversaciones previas con los funcionarios nacionales.
Según el reglamento y el decreto 1149/2024, a quienes rindieran con éxito antes del 31 de diciembre de 2024, se les renovaría el contrato por un año, según un compromiso que los gremios afirmaban haber conseguido de parte del Gobierno de volver a la modalidad tradicional. Mientras que quienes no lo consiguieran, verían sus contratos renovados por tres meses y seguirán en la incertidumbre hasta el 31 de marzo. Recién entonces, si durante ese período superaban la evaluación, se le renovaría hasta el 31 de diciembre de 2025.
No obstante, ya unos días antes de activar el SEP, fuentes del Ejecutivo habían anticipado a este medio que no pensaban el mecanismo de evaluación como un seguro de permanencia en el Estado. Incluso anticipaban que la fusión de organismos y eventualmente la privatización de empresas públicas profundizarían la motosierra sobre la planta estatal ya no solo transitoria sino también la estable tanto de la administración centralizada como la descentralizadas y la desconcentrada.
En UPCN destacan que el mismo atraso salarial en la administración pública en relación a la evolución de los salarios en el sector privado registrado «vuelve poco atractivo el seguir en la administración pública. Al contrario, muchas personas se están yendo incluso sin que la echen y se pasa al ámbito privado», dijeron a El Cronista.
Acorde a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) entre noviembre de 2023 y enero de 2025, la dotación de personal se redujo en 43.778 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 12,8% del total del empleo públic a nivel nacional.
Entre las diez empresas o sociedades con mayor recorte de personal desde noviembre de 2023 destaca Correo Argentino (-4.705 empleos), seguido por ARCA (-1.694 empleos) y algunas empresas y organismos como Aerolíneas Argentinas (-1.558), AySA (-1.463), Conicet (-1.422), Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (-1.333), Anses (-1.272), Banco Nación (-765) y el Enacom (-719)
Cuando se focaliza específicamente en el lapso noviembre 2024-enero 2025 en la base de datos de la Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del INDEC, el número de trabajadores y trabajadoras en la administración nacional cayó de 304.140 a 299.576 en el transcurso de esos meses.
Un dato llamativo, no obstante, es que mientras que el número total de puestos siguió en descenso en esos meses en la mayor parte de la planta pública, en la administración centralizada no hubo motosierra sino que se sumaron casi 500 cargos más a la dotación entre diciembre del año pasado y enero de este año.
Cómo son los exámenes que deben rendir los estatales
Organizado por en dos niveles -Profesional y No Profesional-, cada trabajador o trabajadora calificará para una u otra categoría según el escalafón. Esto es Título de grado universitario de carreras de duración no inferiores a cuatro años y título terciario reconocido oficialmente correspondiente a carreras de duración no inferior a tres años para su puesto, calificará como Profesional y rendirá el examen correspondiente a ese perfil.
Mientras que dentro de la categoría «No Profesional» se ubican a quienes cumplen tareas relativas a oficios, servicios generales y de mantenimiento, afines o equivalentes o tareas administrativas con una formación mínima de nivel primario y máxima de carrera de título terciario menor a los tres años.
Según explican desde ATE, los niveles A y B del SINEP (en todos los casos) rinden para la categoría Profesional mientras que los contratos de letra C con título primario o secundario rinden como No Profesional mientras que con título terciario o universitario rinde como Profesional. Por su parte, las letras D, E y F del SINEP deben rendir para la categoría No Profesional.
En paralelo, los contratos de monotributistas 1109/17 también se subdividen de acuerdo a la función que cumplen: como asistentes, deben presentarse para la categoría No Profesional y quienes ofician de asesores y consultores, deben rendir para la categoría Profesional.
De acuerdo a la categoría en la que se rinda, es la cantidad y complejidad de preguntas a resolver en el transcurso de una hora: 20 para quienes rindan como «No Profesionales» y 24 para los que se presenten como «Profesionales». En todos los casos, tienen un plazo de una hora para resolverlo y deben alcanzar un 60% de las respuestas correctas para aprobar.
Sobre las preguntas, son aleatorias al igual que la presentación de las opciones en el multiple choice y algunas de ellas están redactadas de forma tramposa, sea en sus postulados o la consigna. Muchas de ellas son las mismas de los modelos de examen cargados en el portal del SEP.
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