Argentina Hace: el Gobierno definió las obras que dará de baja y reclama devoluciones
En línea con las promesas de campaña de una Argentina sin obra pública ante las causas de corrupción, el ministro de Economía, Luis Caputo puso la lupa sobre la gestión que hicieron los Fernández: el número de las que se frenan y el dinero que le pide devuelta a los gobernadores e intendentes.
El primer movimiento del ministro Caputo se produjo a mediados de julio pasado. A través de la Resolución 452/2024 le solicitó a la Secretaría de Obras Públicas a cargo del ingeniero Luis Enrique Giovine la fiscalización de los convenios en curso de ejecución del programa «Argentina Hace».
Un plan nacional que se lanzó durante la gestión de Alberto y Cristina Fernández que contó con dos ediciones (2020 y 2022) de supuesta «ejecución rápida» y que tenía como objetivo completar las redes de infraestructura de 2.300 municipios con mano de obra local y una inversión aproximada de u$s 30 mil millones provenientes del Tesoro Nacional.
En el marco de la declaración de emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2025 y a los fines de recuperar recursos indexados dada la alta inflación, Caputo definió por medio de la Resolución los lineamientos para la revisión de los proyectos y las obras en la mira.
El ministro de Economía, Luis Caputo.
«Corresponde adoptar un temperamento a seguir en relación con el reclamo de los fondos del Tesoro Nacional que deban ser restituidos por las provincias, los municipios y/o cualquier otro ente ejecutor, que hayan sido beneficiarios de un financiamiento en el marco del «Plan Argentina Hace»», destacaron en el considerando.
Así, en caso de que la Secretaría corroborará incumplimiento de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor de las obligaciones, debía encomendar la adopción de medidas para corregirlo y si no eran adoptarlas proceder a la recuperación de los fondos.
Mientras que en aquellos casos en donde no existiera incumplimiento se debía analizar «la viabilidad de que la provincia, el municipio y/u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra sin asistencia financiera por parte de entes del Sector Público Nacional».
Con la aclaración de que en el caso de que la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor no aceptara o no le fuera viable la ejecución de la obra con financiamiento propio, se determinaría la conveniencia de la continuidad. Con base a tres criterios: el grado de avance, el interés público comprometido en la ejecución y los costos que conlleve la obra.
A poco más de dos meses del pedido, Caputo ya tienen los números. «Hay 974 obras en ejecución que la Secretaría no va a seguir porque están dentro del programa «Argentina Hace». De ese total, 51 las siguen las provincias o los municipios, el resto se da baja», comentó a El Cronista una fuente de la mesa chica del ministro que también aseguró que se trataban de obras menores como «techar una pileta, la construcción de un baño en un cementerio o un cordón cuneta».
En cuanto a devoluciones al Gobierno Nacional, destacaron que las mismas no sería por una «suma considerable». A pesar de que se estableció, frente al alza de precios, el ajuste por la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (BNA) vigente al día de la fecha del dictado del acto administrativo por el que se proceda a rescindir o resolver el convenio.
Lo que sumará tensión a la relación del Gobierno Nacional, en especial la de los municipios que arrastran las últimas medidas de prohibición del cobro de tasas y recargos en las boletas de servicios públicos y la obligatoriedad de las leyendas en las estaciones de servicio.
Pero también respecto en el sector de la construcción. El último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), reveló que a julio el rubro continúa en números rojos, con una variación interanual del – 14,08%.
En los planes del Gobierno, un estímulo a la reactivación vendría del blanqueo de capitales (cuya «Etapa 1» se extendió hasta el 31 de octubre de 2024, inclusive) ante la posibilidad de que los fondos depositados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) se inviertan en proyectos inmobiliarios.
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