Ajuste, RIGI y cruces por el Presupuesto y la Corte: las definiciones que dejó Francos
En medio de una semana con varias sesiones frustradas y otras tantas en la incertidumbre en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó en el Senado para dar cuenta del informe de gestión y defender al gobierno de Javier Milei durante poco más de siete horas. El ministro coordinar remarcó los récords de producción energética, el avance de las desregulaciones y el total de inversiones comprometidas en el marco del RIGI. También se refirió al futuro de la Corte Suprema y el vínculo con China mientras mantuvo algún cruce con legisladores kirchneristas.
Al exponer ante el Senado, Francos señaló que en vísperas del «primer año de gobierno, marcado por decisiones firmes, transformaciones profundas y mucha gestión, que orientaron a la Argentina hacia un futuro de crecimiento, desarrollo y libertad», el Gobierno pudo «desarmar un estado elefantiásico y corrupto que fue una máquina de impedir» y permitió bajar el gasto público. Apuntó que se habían eliminado 33 mil puestos en el Estado.
«Con convicciones firmes y sin dar el brazo a torcer, desarmamos un Estado elefantiásico, corrupto, que durante muchos años fue una máquina de impedir que asfixió a quienes trabajan, invierten, apuestan por el país y sueñan con desarrollar su proyecto de vida en libertad», señaló.
El jefe de Gabinete contestó por escrito en la previa un total de 1093 preguntas sobre los más diversos temas. Y expuso en el arranque de su presentación para defender las diversas políticas implementadas a lo largo de los primeros diez meses de gobierno, desde el impulso al RIGI hasta el ajuste, el cierre de organismos, la reconversión de otros y numerosas desregulaciones que continuarán en 2025.
Acorde al ministro coordinador, «las políticas de desregulación y ordenamiento macroeconómico no sólo dieron resultados concretos, sino que también demuestran que poco a poco Argentina vuelve a posicionarse ante el mundo como un país confiable y con oportunidades de crecimiento e inversión».
Hubo, a lo largo de las siete horas, algunos cruces con senadores del kirchnerismo. El más resonante de todos lo protagonizó con Oscar Parrilli, quien calificó su intervención como «hipócrita, falsa, mentirosa» y lo acusó de subestimar a la población con datos que «no tienen nada que ver con la realidad». Francos había alegado que la recesión ya se había superado.
En este sentido, remarcó que el RIGI representó «un cambio enorme y concreto que garantiza condiciones y genera confianza ante aquellos dispuestos a apostar por Argentina», al punto que «donde antes había trabas, ahora hay incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para hacer más atractivas las grandes inversiones» y «donde había incertidumbre, ahora hay seguridad jurídica, previsibilidad y estabilidad para quienes producen».
Francos determinó que desde la sanción del RIGI, ya se confirmaron seis grandes proyectos por un total de u$s 7800 millones, ubicados Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, Neuquén y Río Negro. Y señaló que en octubre, el sector energético registró un superávit de u$s 618 millones, alcanzando los u$s 4.302 millones en los primeros diez meses del año. «Hoy Argentina exporta más combustibles y energía de los que importa, lo que a su vez le permite sumar más divisas que son clave para el crecimiento del país», remarcó Francos.
Destacó además que en agosto, se registró la producción de hidrocarburos más alta de los últimos 20 años. «En octubre, nuestro país produjo 743 mil doscientos barriles de petróleo crudo por día, lo que representa un crecimiento interanual del 12.3%. En gas, se alcanzaron los 133 millones de metros cúbicos diarios, un 5.7% más con respecto a octubre del año anterior. En los primeros diez meses de 2024, el petróleo crudo se consolidó como el tercer producto más exportado del país y actualmente representa el 6,9% del total de exportaciones de Argentina.
«También se alcanzó una producción récord de gas y petróleo en Vaca Muerta. Con los recursos de Vaca Muerta y una gestión eficiente, Argentina reúne todas las condiciones para convertirse en una potencia global en materia de energía», indicó.
Francos fue recibido por la Vicepresidenta Victoria Villarruel, en la previa de su paso al recinto. Lo que se preveía que duraría unos 10 a 15 minutos, se estiró por más de media hora. Hay quienes deslizan que la postergación de respuesta de la titular del Senado al Presidente -que se rumoreaba desde ayer- luego de que el mandatario la vinculara a la casta y le negara cualquier incidencia en la gestión se relaciona a lo conversado con el jefe de Gabinete en ese rato.
Privatizaciones y más desregulación
El jefe de Gabinete sostuvo que desde diciembre se derogaron o simplificaron más de 110 normas a la vez que se puso fin a «controles discrecionales» a las importaciones, aranceles y se redujeron retenciones con el fin de «devolverle el poder a los argentinos y eliminar la discrecionalidad del Estado en el comercio interior y exterior».
En consecuencia, desde el Gobierno remarcaron que se redujo «drásticamente el costo argentino para ganar competitividad», a través de la derogación de más de 40 normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y «solicitar información innecesaria a empresas; afectando así el flujo de mercados y generando distorsiones en los precios».
En línea con la prédica libertaria de reducir el Estado, Francos mencionó que se inició la privatización de empresas como Belgrano Cargas, «altamente sobredimensionadas y con una grave situación deficitaria» y enfatizó que en 2013, la firma estatal había registrado un déficit de u$s 112 millones de dólares. «Sin la intromisión inútil del Estado Nacional, la privatización del Belgrano Cargas va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia», celebró.
Del mismo modo, citó el caso de la Casa de Moneda, «cuyo despilfarro derivó en deudas por u$s 371 millones», como otro ejemplo de «empresa estatal ineficiente». Además de vetarla de la licitación por la impresión de lso billetes de $20 mil, se decidió la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica, la planta que la Casa de Moneda poseía en Don Torcuato.
A solo unas semanas de lograr una tregua con los gremios aeronáuticos, Francos prometió que se avanzará hacia la privatización de Aerolíneas Argentinas. «No estamos dispuestos a financiar con el dinero de todos los argentinos una empresa con un déficit operativo cercano a los u$s 400 millones, cuyos servicios utiliza una ínfima parte de la población».
Y la misma suerte correrá Intercargo. «Para terminar con este monopolio, desregulamos el servicio de rampas en aeropuertos y abrimos el juego a nuevas empresas que quieran brindar este servicio», recordó el ministro coordinador.
Franco habló del «estado desastroso en el que encontramos el sistema aerocomercial argentino al asumir el gobierno», citando que corría riesgo la Categoría 1, otorgada por la Administración Federal de Aviación (FAA), la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, sobre la base de estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas.
«La decisión del presidente Milei de intervenir la ANAC marcó un punto de inflexión, dando lugar a una reorganización del organismo. Gracias a este esfuerzo, Argentina logró solucionar 75 de los 82 hallazgos y alcanzó un cumplimiento del 92%, logrando así una prórroga de su calificación internacional y generando las condiciones para mantener la Categoría 1 el próximo año», dijo el funcionario.
Por último, en el apartado sobre desregulaciones, mencionó la implementación de la política de cielos abiertos manifestando que se expandieron las rutas aerocomerciales, se ampliaron las operaciones en Aeroparque y se mejoró el contrato aéreo de pasajeros, equipaje y carga.
Mención aparte tuvo la privatización de la hidrovía, anunciada por el Gobierno la semana pasada en el marco de un plan que pretende volver a un esquema de concesión privada, desligando al Estado de la gestión y el mantenimiento de la principal vía navegable comercial de la Argentina. Según trascendió, el objetivo es concesionarla por 30 años.
Presupuesto y las reformas pendientes
En tiempo de descuento para decidir la prórroga de las sesiones ordinarias o a la espera que el Ejecutivo convoque a extraordinarias para seguir debatiendo los números de 2025, Francos se limitó a afirmar que aspiran a contar con «un Presupuesto que blinde el equilibrio fiscal, que lo convierta en innegociable».
«Vamos hacia un esquema de déficit cero y de emisión cero en un año electoral. Hecho inédito, producto de nuestras convicciones y la comprensión mayoritaria de la sociedad argentina», subrayó el jefe de Gabinete aunque no brindó mayores precisiones, en su exposición, sobre la decisión de la Casa Rosada frente a los pedidos de las provincias.
Sobre el vínculo con las provincias, insistió que la decisión del Gobierno es «construir un federalismo en serio, con administraciones provinciales capaces de autogestionar sus recursos sin necesidad de mendigar ante el Poder Ejecutivo Nacional de turno, el cual durante muchos años repartió fondos y obras de manera arbitraria, centralizada y autoritaria».
De allí la decisión de activar el denominado Régimen de Reparación Federal, con el objetivo de facilitar el saneamiento de las deudas entre las provincias y Nación, dijo el jefe de Gabinete, si bien solo un puñado de distritos adhirieron al momento. «Hace mucho tiempo el vínculo entre provincias y Nación se encuentra desbalanceado, sosteniendo así un modelo unitario y extorsivo», completó.
Acorde a la información de Jefatura, en diez meses se bajó en un 91% en términos reales las transferencias a las provincias. «Terminamos con los pagos discrecionales que se hacían a través de los Aportes del Tesoro Nacional», deslizó Francos. Sin embargo, el grueso de esas transferencias se dirigió a distritos de buena sintonía con la Casa Rosada.
Sí, en cambio, ponderó la política previsional del Gobierno más allá del veto a la ley que establecía un mecanismo de ajuste. Aseveró que entre 2020 y 2023, las jubilaciones cayeron hasta un 45% en términos reales. Pero que «con los aumentos mensuales según el IPC, por el contrario, logramos recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido, aunque somos conscientes de lo mucho que falta».
En esta línea, dijo que el compromiso «es que los jubilados no pierdan contra la inflación, y lo estamos logrando» pero que no hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio si no es a través de una ecuación positiva entre trabajadores formales del sector privado y jubilados.» Y esto se logra «con equilibrio fiscal, estabilidad sostenida en el tiempo, generación genuina de empleos e inversión. Pero también con leyes laborales acordes con las necesidades del mercado que permitan generar esos puestos de trabajo registrados», señaló.
Así y todo, en el informe por escrito, Jefatura ya había ratificado la eliminación de la moratoria previsional que vence en marzo del año próximo y que había sido sancionada por el gobierno de Alberto Fernández hace dos años, anulando la opción de prorrogarlo durante dos años más. Unas 473.907 personas percibieron sus haberes a través de la moratoria jubilatoria hasta septiembre último.
«Resulta importante aclarar que, si bien la edad mínima legal del régimen general para jubilarse es de 60 años para las mujeres y de 65 años para los varones, la decisión de continuar trabajando depende de cada persona y no se les puede exigir la jubilación a esas edades», dicen desde el Gobierno.
Francos citó como un logro de la gestión libertaria la regulación del capítulo laboral de la Ley Bases -ayer el secretario coordinador de Economía, Juan Pazo, anticipó que se vienen más reformas en este campo- y anticipó que la próxima discusión profunda será sobre el sistema tributario argentino. «Avanzamos con el cierre de la AFIP y su reconversión en ARCA, un organismo con estructura más simple, menos costosa y menos burocrática», indicó el ministro coordinador.
Por último, en otra parte de su alocución, hizo especial hincapié en la reforma política a partir de la ley de Boleta Única Papel que busca reducir el gasto del Estado.
En 2023, el costo de las elecciones superó los $16 mil millones en concepto de aportes de boletas a los partidos políticos y $45 mil millones destinados a financiar las PASO -de este último total, $1.240 millones se concentraron en 10 agrupaciones políticas que no reunieron más del 2% de los votos del padrón nacional- por lo que se busca ajustar en ambos conceptos. De hecho, el Gobierno envió ahora un proyecto que elimina las PASO pero también modifica el financiamiento partidario.
«Se trata de un mecanismo sumamente oneroso, que pocas veces cumple con su función original. Estas medidas forman parte de un debate profundo que debemos dar respecto al sistema político argentino. Nuestro país tiene 779 partidos políticos habilitados para competir en las elecciones nacionales: 730 de distrito y 49 de orden nacional. Queremos terminar con el negocio de los sellos de goma y contar con una legislación seria, que nos permita tener una cantidad lógica de partidos», concluyó el jefe de Gabinete.
El debate por la Corte Suprema
Consultado en el momento de las preguntas sobre el futuro de la Corte Suprema donde el Gobierno postula a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el jefe de Gabinete deslizó la posibilidad de que el presidente Javier Milei ponga en consideración la candidatura de una mujer, siguiendo uno de los reclamos de parte de la oposición.
«El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos (Ariel Lijo y Manuel García Mansilla) y tiene que resolver. Entendemos el reclamo por la presencia de una jueza mujer en la Corte. Seguramente, será un tema que el Presidente va a considerar, en el caso de que estos pliegos no avancen», dijo Francos.
Sin embargo, fue el senador de Libertad Trabajo y Progreso, Francisco Paoltroni, quien cruzó primero al ministro coordinador por las intenciones del Poder Ejecutivo de nombrar a los jueces por decreto de no conseguir el aval del Senado. «Es una de las peores señales de autoritarismo, estaría cometiendo un gravísimo error para la institucionalidad, para la división de poderes, y atenta contra los intereses de todos los argentinos», sintetizó el exlegislador oficialista.
«No es que el Presidente tenga una decisión sobre esto. No descarto que, si la Corte queda en una situación cercana a la acefalía, pueda ejercer esa facultad establecida en la Constitución de designar de manera transitoria ministros de la Corte que después deberán ser ratificados por el Senado», aclaró Francos. Frente a lo cual Mayans le entregó una nota firmada por los 33 senadores y senadoras peronistas rechazando esa práctica.
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