Acuerdo con el FMI y reducción de subsidios: ¿para qué una empresa estatal de alimentos?
Después del preacuerdo con el FMI, queda claro que un punto más que importante y urgente es la reducción de los subsidios económicos. De esto se desprende la necesidad de actualizar las tarifas de los servicios públicos y suprimir la asistencia a las empresa
Resulta extraño y contradictorio, en el actual contexto (con controles de precios intensificados, una inflación general de casi 4% en enero y los alimentos corriendo al 5%), la propuesta de crear una empresa pública de alimentos que le metería más presión al déficit operativo existente.
La idea de crear esta empresa se basa en que es necesario intermediar entre los productores y los consumidores para contar con un instrumento que contenga la suba de precios de los alimentos. Lo cierto es que, y si bien no todas las causas gravitan con la misma incidencia, el principal generador de inflación son los excesos de emisión monetaria (déficit fiscal alto, con muy limitado acceso al crédito público). ¿Y cuál es el mecanismo? Esto hace que se imprima dinero por encima de su demanda real. Y, parte de los excedentes, los absorbe el BCRA con Leliqs y Pases. Aquel excedente, que no se puede absorber (dado que no existe demanda sobre esos pesos), es el que presiona sobre el nivel precios.
De esto se desprende que, más allá del entendimiento con el FMI, es trascendental moderar el déficit fiscal. Y dentro de ello, reducir los subsidios económicos, ya que es una de las partidas que más presión ejerció dentro del déficit en 2021 y es una fuente de distorsión en términos de precios relativos.
¿Cuál fue la magnitud de dicha presión? Tomando datos de ASAP y del Ministerio de Economía, surge que el año pasado en subsidios al consumo de servicios públicos tuvimos un 1,8% del PBI. Por su parte, los subsidios a la producción ascendieron a 0,4% del PBI. Mientras que subsidios a las empresas ascendieron a 1,2% del PBI durante 2021. Vale decir que, más allá de esta desagregación, representaron en 2021 un 3,4% del PBI. Un monto similar al déficit primario. De esto se desprende incidencia decisiva sobre las finanzas públicas y sus características heterogéneas:
1. Aquellos destinados al consumo son los de la electricidad, gas y transporte urbano
2. Los de la producción son los que se destinan a las empresas productoras de energía
3. Y los subsidios a las empresas son los que se asignan al pago de salarios y proveedores de empresas como trenes, Aysa, Aerolíneas Argentinas, etc
El sistema de precios es un mecanismo que coordina múltiples tareas de la manera más eficiente. Es por esto que los precios son señales que indican qué producir, cómo producirlo, a cuánto vender un producto, cómo comercializarlo, cómo distribuirlo y qué es lo que la gente demanda. Un sistema de precios implica eficiencia y de disminución de costos a largo plazo, tanto como de mejoramiento de la calidad.
Más allá de la necesidad imperante de estabilizar los fundamentos de la macro, la existencia de un sistema de precios cuyas señales sean contradictorias le resta estímulos a la eficiencia y promueve la inversión en mercados o nichos que quizá no justifiquen inversión alguna.
Los programas de subsidios e impuestos cruzados que distorsionan la asignación de recursos introducen señales incorrectas hacia los mercados, aumentando la ineficiencia y disminuyendo la tasa de crecimiento de largo plazo. Desactivar estos subsidios significa cambiar los precios relativos de la economía y también terminar con privilegios de los que hoy gozan no sólo las personas de bajos recursos sino, principalmente, personas de ingresos medios y altos.
En sí, reducir los subsidios es prioritario, más allá del acuerdo con el FMI. Dada la estructura del gasto público es la forma más efectiva para empezar a moderar el exceso monetario de los últimos años. Es relevante evitar el desvío de fondos públicos hacia las empresas por más que se debata sobre si la segmentación de tarifas es viable o no. La creación de una empresa pública de alimentos en este contexto resulta paradójica, ya que no será de utilidad para controlar el sistema de precios e implicaría más emisión monetaria para cubrir su déficit.
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