A un año del «festival de importaciones»: los sectores que más cautelares bajaron tras el SIRA
Un trabajo meticuloso de la Dirección General de Aduana (DGA) comenzó a cerrar un ciclo de «judicialización» del comercio internacional que se profundizó tras la pandemia, en un contexto de brecha cambiaria ascendente que incentivó el «stockeo» como resguardo de valor mientras las reservas del Banco Central (BCRA) comenzaron a escasear.
A un año de la denuncia de «festival de importaciones» que expuso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le valió el puesto al ministro de Producción, Matías Kulfas, por la importación de insumos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y generó cambios en la cúpula de la Aduana, el Gobierno celebra el «ordenamiento».
El organismo que desde la llegada de Sergio Massa a Economía lidera Guillermo Michel, mantiene una tensa relación con el sector privado que se ve afectado por mayores controles a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y normativas que restringen el acceso a divisas.
Entre cruces verbales y denuncias en la justicia, hoy la DGA vitorea la caída de medidas cautelares por más de u$s 3000 millones, en un momento más que crítico por el efecto que produjo la sequía en el ingreso de divisas del agro.
En los últimos 10 meses la justicia rechazó 6 medidas cautelares por un monto total de u$s 3.250.198 de pedidos que fueron solicitadas por grandes importadores de Cerveza, Lámparas y tubos de luz LED; Telas y Grifería; en general, aluden que la demora en el ingreso de la mercadería pone en riesgo su producción, una situación que luego no pueden demostrar en los tribunales.
«Las empresas obtenían en tiempos rápidos la demanda que otorgaba la SIMI y, sobre esa resolución, pedían ampliaciones sucesivas contra el Estado por importante cantidad de permisos», explicó una fuente oficial y marcó que esa tendencia que golpea las reservas del BCRA se está revirtiendo.
En consecuencia, y más significativo aún, es el monto que se evitó erogar de las cuentas públicas, a partir de las desestimaciones que hicieron las propias empresas ante los juzgados, y que asciende a u$s 2.905.818.091.
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Si bien no se trató de mera «buena voluntad» ya que el sistema SIRA significó un «borrón y cuenta nueva» para la DGA, sirvió para analizar caso por caso y, además, estableció que las empresas con trámites en la justicia no accederían a nuevas autorizaciones para importar, para la Aduana el balance continúa siendo positivo, pese a las tensiones que se generaron.
Aunque en off algunos empresarios asienten que «Michel se equivoca con el control excesivo» y aseguran que la actividad del comercio exterior «atraviesa su peor momento en décadas», en los números, la lupa que puso la Aduana sobre el comercio internacional se ha vuelto crucial para evitar maniobras de sub y sobre facturación, una práctica que crece en momentos de brecha cambiaria.
Un pedido de neumáticos por u$s 314.343.040 y un textil de u$s 240.466.083 encabezan el podio, entre las compañías que desistieron de su pedido por la vía judicial para poder importar.
Por sectores, el de tejidos y textil acumuló 22 solicitudes desestimadas por un total de u$s 1.153.718.969; luego, los neumáticos con 6 cautelares dadas de baja alcanzaron los u$s 920.947.589 y el rubro juguetes con sólo 3 pedidos descontó u$s 76.480.945.
El resto de las desestimaciones de rubros diversos como alimentos, autoelevadores, blanquearía, marroquinería, elementos médicos, grifería, herramientas, iluminación, informática, materiales eléctricos, pisos, productos nutricionales, sanitarios, software y hardware ascienden a u$s 698.225.452.
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