El acuerdo con el FMI empezó a cobrar facturas internas
La confirmación de un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional generó más ruido interno en el Gobierno que una pulseada con la oposición, a contramano de las declaraciones de las últimas semanas. El propio presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y la primera línea de los ministros -incluido, aunque más tímidamente, Martín Guzmán– habían «atendido» al Gobierno de Mauricio Macri con los argumentos de que la deuda pactada en 2018 era inviable de repago, que había sido decidida políticamente y que había servido para una fenomenal fuga de capitales.
BAE Negocios, había señalado que
“hay que dejar de pagarle al FMI para no rifar las reservas que quedan”.
Todo acuerdo es político
se alinearon con la Casa Rosada, incluso los que habían pronunciado algunas objeciones durante la reunión que mantuvieron a principios de mes con Guzmán, como
Axel Kicillof, el chaqueño Jorge Capitanich y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).
Casa Rosada es si las expresiones de Lozano tienen un aval de sectores internos que se han mostrado hasta el momento silenciosos respecto del acuerdo. Lozano, es cierto, viene teniendo una mirada crítica sobre la política económica a pesar de haber sido nombrado por Alberto Fernández para integrar el directorio del BNA, pero la insistencia en machacar sobre los perjuicios del acuerdo provocó molestias. Este sábado sumó cuestionamientos y amplió: «El acuerdo sin dudas va a tener un efecto negativo en la tasa de crecimiento y
va a impactar en la legitimidad del gobierno de Alberto Fernández hacia 2023«.
La mención a las elecciones de 2023 que hace el economista parece de una anticipación insólita. Puede ser una sobrerreacción tardía del cierre de Alberto hacia el PJ -cuando aceptó presidir el partido en lugar de liderar la alianza- y una demanda de mayor participación de las fuerzas políticas más chicas que integran el Frente de Todos. O un realineamiento de sectores internos.
Todavía quedan más pasos para medir la temperatura en el FdT. El acuerdo debe ir al Congreso para ser convalidado y todavía no se pronunció la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández. Y tampoco lo hizo el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner. El único que tuvo relativo protagonismo fue el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, que participó en la reunión reservada en la Casa Rosada, previa al anuncio.
A menos de 48 horas de anunciado, parece que los costos del acuerdo se seguirán facturando dentro del oficialismo
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