El aborto se metió en la campaña y hay pedidos de juicio político a Delgado
La legalización del aborto se coló en la campaña electoral: horas antes que el legislador (en uso de licencia) Aurelio García Elorrio regresara al país, se filtró que el fiscal General, Juan Manuel Delgado, emitió un dictamen no vinculante en el que opina, en el marco de una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, que el candidato tiene legitimidad para reclamar por la inconstitucionalidad de la ley sancionada por el Congreso Nacional en 2020, tras un profundo debate, y pedir que se frene su aplicación hasta se discuta el fondo de la cuestión.
García Elorrio intentará que el futuro de la discusión judicial no quede atada a su resultado electoral: “Este dictamen del fiscal General no tendrá impacto electoral porque la gente está atrapada por la grieta. Muchos que están en contra del aborto terminarán votando a candidatos abortistas que hay en las dos listas de Juntos por el Cambio”, sostuvo.
También apuntó contra Hacemos por Córdoba: “El Gobierno de Schiaretti puso en funcionamiento una maquinaria para hacer abortos en toda la provincia”. Aunque no lo reconoce, su posición respecto del aborto –sostenida durante toda su vida pública– busca poner en contradicción a sectores religiosos y evangélicos que militan en el peronismo provincial, en Juntos por el Cambio y en sectores libertarios.
Para Juan Pablo Quinteros, candidato a senador por Encuentro Vecinal, “el dictamen tiene que ver con una acción judicial que García Elorrio formuló sobre la inconstitucionalidad de una ley”. Agrega: “Es el ámbito judicial donde se debe discutir el tema. Tenemos una Constitución modificada en ésta democracia. La política ya se expidió sobre esto y algún ciudadano, usando las herramientas que también prevé la Constitución, acude al Poder Judicial; es ahí donde se deben buscar las respuestas”.
Quinteros recuerda que él se opuso a la designación de Delgado en la audiencia pública previa a la designación, y que los legisladores de ese espacio, María Rosa Marcone y Gerardo Grosso, votaron en contra, pese a ser los dos militantes “pro vida”.
Desde el comando de campaña de Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, principales candidatas de Hacemos por Córdoba, dijeron que ellas “no opinarán sobre las decisiones del Poder Judicial”. En realidad, no hay aún una decisión del Tribunal Superior de Justicia, sino una opinión no vinculante de Delgado, quien llegó a la Fiscalía General impulsado por el gobernador Schiaretti.
Como se recordará, Vigo y el resto de los diputados de Hacemos por Córdoba votaron en contra de la legalización de la interrupción legal del embarazo.
Qué opina la Provincia
Aunque las candidatas quieran evitar la polémica, la Provincia, representada por Gustavo Laucirica, director de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro, rechazó en dos oportunidades (ante la Cámara y el TSJ) que García Elorrio pueda cuestionar la constitucionalidad de ley: “Sólo se ha limitado a exponer su postura moral frente a una norma sancionada por el Congreso Nacional”, sostuvo el representante del Gobierno provincial que trabajó anteriormente bajo las órdenes de Delgado cuando éste era Procurador del Tesoro.
Agregó con contundencia, por pedido de su “mandante”: “Tampoco resulta el actor legitimado (porque) tal alegación no se encuentra desvinculada de la existencia de un caso concreto –no hipotético o conjetural– en el cual resulte necesaria la protección de los derechos consagrados. (…) No existe un caso justiciable que autorice a García Elorrio a accionar” en esta causa.
“No existe en nuestro ordenamiento acción alguna que permita a cualquier ciudadano discutir en abstracto la vigencia, aplicación, legalidad o constitucionalidad de normas dictadas por un Poder Estatal”, agregó la Provincia en el expediente.
En este punto remarcó: “No existe elemento alguno que sustente la verosimilitud en el derecho invocado por García Elorrio, máxime si se parte del hecho de que el mismo carece de legitimación activa para demandar como lo hizo y que en autos no nos encontramos de cara a un caso que merezca intervención judicial”.
En paralelo, la Provincia compró a la empresa ER CO, por un monto de 13,5 millones de pesos, 30 mil pastillas de misoprostol de 200 microgramos, para garantizar los abortos por vía medicamentosa en el sistema sanitario público, tal como lo establece la ley nacional que rige desde enero de este año.
Juntos por el Cambio
Aunque las cabezas de listas de Juntos por el Cambio fueron consultadas para esta nota, sólo Luis Juez opinó respecto del dictamen de Delgado: “Mi postura en contra del aborto siempre fue clara. En ese sentido, quise garantizar que quienes me acompañan tuvieran una coincidencia en este sentido, por eso no debería sorprender que la segunda candidata sea Carmen Álvarez, una persona que ha peleado por las dos vidas con una conducta intachable de pelea. Defender las dos vidas sigue siendo una bandera irrenunciable”.
En la misma lista de Juez, sin embargo, son precandidatos los actuales senadores nacionales Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, quienes votaron a favor de la legalización del aborto en 2018 y 2020.
En 2018, el discurso de Martínez fue uno de los pilares de la argumentación “verde”: “Actuamos de buena fe -los senadores por Córdoba-, pero nos equivocamos, no advertimos que estábamos ante un sectarismo insaciable, por supuesto desde la Iglesia Católica y la Evangélica”, dijo en esa oportunidad.
Cuando el poroteo indicaba que la ley aprobada en Diputados no tendría la media sanción en la Cámara Alta, Martínez dijo: “Este Senado va a confundir pecado con delito”, y acusó a los sectores confesionales: “No hay nada que le venga bien, no acepta el DIU, ni la pastilla del día después, no acepta ni el preservativo, es un país para ellos, es como piensan ellos o nada”, afirmó al cerrar su exposición en la que denunció que Rodríguez Machado y Carlos Caserio, además de él, habían sido escrachados en Córdoba con afiches en los que eran calificados de “asesinos”.
Rodrigo de Loredo, cabeza de lista en el tramo Diputados en la lista que comparte con Juez, no opinó respecto del dictamen. Desde su equipo dijeron que estaba sin señal de celular. Héctor Baldassi, tercer candidato a diputado nacional detrás de Rodríguez Machado, rechazó el aborto legal en ambas votaciones.
Mario Negri, precandidato a senador de Juntos por Córdoba, votó a favor de la legalización del aborto en ambos debates, pero Soher El Sukaria, segunda en ese tramo, lo hizo en contra en 2020. Negri no habló públicamente en ninguno de los dos debates, y se mantuvo en esa postura ahora, al ser consultado por La Voz.
Gustavo Santos, primer precandidato a diputado nacional, se limitó a decir: “No sería correcto opinar antes que el TSJ se expida. De todos modos, siempre tuve una posición pública a favor de las dos vidas”. Soledad Carrizo, número dos en esa lista, votó en contra de la legalización del aborto en 2018 y 2020.
Frente de Todos
En el Frente de Todos también hay contrapuntos respeto de la legalización del aborto. Martín Gill, primer precandidato a diputado nacional, no respondió la consulta de La Voz respecto de qué opinión le merecía el dictamen de Delgado. Sin embargo, en 2018 participó en marchas “por las dos vidas” convocadas por las iglesias de Villa María, en particular por la evangélica “Visión de Futuro”; por lo que su posición en contra de la legalización del aborto es pública.
Por su parte, Carlos Caserio, cabeza de lista en el tramo de senadores, votó a favor de la interrupción legal en 2018 y 2020 y argumentó: “La ley va a permitir que las mujeres más vulnerables que están en la clandestinidad, puedan salvar sus vidas”. Finalmente Gabriela Estevez, jefa política del cristinismo en Córdoba, de activa militancia a favor del aborto legal.
La interna en la Fiscalía General
En una jugada para gambetear la recusación que pesa sobre él, fundamentada en que durante la entrevista previa a su designación habría anticipado su opinión contraria al aborto legal (cuando la ley ya se había sancionado), Delgado sumó al fiscal General adjunto Pablo Bustos Fierro como co-firmante.
Esquivó así al “verde” Héctor David, también adjunto, y a Gómez Demmel, quien tenía una estrecha amistad con Delgado hasta que se sintió traicionado por éste, en el marco de su ascenso. En ese contexto, Delgado redactó el dictamen sin hacer partícipe a secretarios o relatores, que es lo habitual. “Lo redactó solo e hizo jugar al otro fiscal con pertenencia religiosa”, es la conclusión a la que llegó una fuente de Tribunales.
En Tribunales I, el dictamen de Delgado provocó “sorpresa” y “decepción”: “La Fiscalía General volvió al medioevo”, se escuchó ayer en los pasillos. “Aunque legalmente la opinión de Delgado es una más, en lo político interviene en la campaña, porque nacionaliza la agenda cuando la estrategia es provincializarla”, analizó un magistrado que ve tanto la política como el Código. “No se esperaba un dictamen de este tipo, se esperaba uno con fundamentos jurídicos”, otra opinión reservada.
Puertas adentro de las principales oficinas judiciales, se calificó como “grave” que Delgado no haya enviado el dictamen a la lista de correo en la que se comparten las resoluciones de alto impacto. Pasaron varios días desde que Delgado redactó la resolución hasta que ésta se cargó en el sistema.
Pedidos de Jury
Los legisladores provinciales Dante Rossi (UCR) y Luciana Echeverría (MST), sendos precandidatos a diputados nacionales en esta Paso, anticiparon que presentarán pedidos de Jury contra el fiscal General Juan Manuel Delgado a raíz del dictamen que se filtró en las últimas horas. Lo propio hará la precandidata a senadora de Fortalecer la Izquierda, Laura Vilches.
Rossi dijo: “Lo que hace Delgado es arrogarse una representación que no tiene, él adelantó en la comisión de Asuntos Constitucionales, antes de su nombramiento, esta posición y ya entonces advertimos que es nocivo para la democracia una persona que pone por encima su propio pensamiento e ideología a los intereses de los cordobeses, él tendría que velar por el interés publico, no guiarse por sus opiniones confesionales”.
Al recordar la pertenencia del fiscal General al Opus Dei, Vilches opinó: “No nos olvidamos que Delgado fue parte de acciones legales contra los derechos sexuales y se pronunció contra el derecho al aborto, que sea el quien resuelva esto, va en contra de cualquier sentido de la imparcialidad y lo hace aún más escandaloso, por lo que presentaremos un Juri”.
A su turno, Echevarría sostuvo: “Personajes como Delgado se creen que están por encima de todo, incluso de las leyes que con tanto sacrificio logramos y no se lo vamos a permitir. Cuando lo designaron, con el apoyo del schiarettismo y del Frente de Todos, denunciamos que era un fiel representante del poder eclesiástico, empresarial y político de la provincia. Hoy lo ratificamos y por eso le iniciaremos un juicio político”.
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