La Constitución no se suspende por pandemia
La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el presidente Alberto Fernández violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al restringir por decreto las clases presenciales en la segunda quincena de abril.
La contundencia del fallo no deja lugar a dudas e implica un duro golpe para el Gobierno nacional. No sólo porque el Presidente gusta presentarse como profesor de Derecho, sino también porque los jueces expresaron de manera categórica que la gestión de la pandemia no puede estar por encima de lo que marca la Constitución Nacional, en cuya última reforma se fijó que la ciudad de Buenos Aires tuviera el estatus de una provincia.
Por ejemplo, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti señalaron que el decreto presidencial no estaba fundado ni justificado y que el Estado Federal, en vez de “ejercer una atribución propia”, invadió “una que le resulta ajena”.
Ricardo Lorenzetti aclaró que el fallo es aplicable a todas las provincias del país. Como la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que estaba en el centro de la discusión expiró el viernes pasado, advirtió que lo dicho tiene valor para decretos similares y posteriores a esa fecha, en tácita alusión al que rige en la actualidad y hasta el 21 de mayo.
Por su parte, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, manifestó la inconstitucionalidad del decreto por no “atender los problemas que la emergencia plantea dentro de los límites formales y sustanciales que impone la Constitución”.
Vale aclarar que Elena Highton de Nolasco no votó por considerar que el asunto no era competencia de la Corte Suprema.
Antes de que se conociera el dictamen judicial, importantes referentes del kirchnerismo se habían expresado en contra de la posibilidad de que se le diera la razón al gobierno porteño. Sin embargo, lo más sorprendente fueron las declaraciones posteriores de las máximas autoridades políticas del país.
El presidente Fernández afirmó que va a “seguir cuidando la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas en sentencias”. “Contra eso –agregó–, dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos”. ¿Cómo debe interpretarse tamaña ambigüedad? ¿Acatará el fallo o insistirá con decretos que violan las autonomías provinciales?
La vicepresidenta Cristina Fernández usó la red social Twitter para atacar a los jueces a través de varios mensajes: “La Corte acaba de decidir que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencia para tomar medidas sanitarias”, escribió primero. “Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”, agregó.
Como en tantas ocasiones, la vicepresidenta buscó instalar un relato tergiversando y manipulando los hechos. El fallo de la Corte no le niega competencia administrativa al Poder Ejecutivo, sino que le reclama que las medidas respeten la Constitución Nacional. La diferencia entre una cosa y la otra es abismal. El oficialismo debiera respetar el dictamen, en vez de buscar convertirlo en un argumento contra el Poder Judicial.
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