Posibilidades para el Área Metropolitana de Córdoba
Aunque la mayoría de las situaciones problemáticas vinculadas a la gobernanza metropolitana del Gran Córdoba tiene un abordaje técnico, sobre todo desde disciplinas como Ingeniería o Arquitectura, el mayor desafío actual es de tipo político-institucional: la construcción de una institucionalidad que permita la toma de decisiones metropolitanas resguardando los condicionantes jurídicos que particularizan la situación de Córdoba.
Repasemos algunas cuestiones a tener en cuenta.
Las condiciones
La primera condición es el federalismo. En nuestro país, los niveles de gobierno son nacional, provincial y municipal, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
El metropolitano no representaría uno de ellos y, por ende, formalmente no sería un gobierno.
Algunos trabajos al respecto sostienen que el nivel metropolitano tendría carácter instrumental o adjetivo, pero no sustantivo ni territorial (Frías, 1996); puede coordinar y planificar, pero carece de jurisdicción directa sobre la ciudadanía y no puede desarrollar materia política; sería un espacio jurisdiccional compartido y superpuesto, que sólo puede ser creado por los mismos gobiernos que lo componen (Cippec, 2018).
Un país (también federal) que avanzó en este sentido fue México, pero acompañado de una reforma constitucional que, entre otras cosas, le dio mayor estatus al nivel metropolitano.
En segundo lugar, la autonomía municipal en la provincia de Córdoba está fuertemente fortalecida cuando la comparamos con las otras provincias argentinas.
Nuestra provincia cuenta con excelentes constitucionalistas que pueden enseñarnos sobre esto; aquí, simplemente diremos que se trata de una autonomía celosamente custodiada, que cada municipio hace valer cuando desacuerdos interjurisdiccionales emergen en la política.
Esta cuestión relativiza la validez de ejemplos como el de Santa Fe (que ya cuenta con una ley de creación de áreas metropolitanas –ley provincial 13.532– desde 2016), porque los gobiernos locales no cuentan con una autonomía similar a la de los municipios y las comunas en Córdoba.
Estos condicionantes jurídicos delimitan la solución institucional metropolitana para el caso del Gran Córdoba al ámbito de la coordinación entre municipios y comunas; vale decir, entre pares, relativizando la posibilidad de que el Gobierno provincial por sí solo pueda determinar una solución “de arriba hacia abajo” y requiriendo acuerdos “de abajo hacia arriba”.
El rol de la Provincia
En otras palabras, la posibilidad de una institucionalidad metropolitana no depende en exclusiva de la Provincia, porque el acuerdo y la coordinación entre municipios y comunas resultan determinantes.
Depende en mayor medida de la voluntad política de intendentes/as y presidentes/as comunales de avanzar en la construcción de una institucionalidad que logre la coordinación intermunicipal para la planificación de políticas públicas metropolitanas, como también la coordinación Interlegislativa que dé sustento jurídico a cada una de las decisiones metropolitanas.
Para lograrlo, inevitablemente caemos en el plano de los incentivos a intendente/as y presidente/as comunales, o sea, cómo convencerlos.
Al respecto, compras conjuntas (a escala) que abaraten los costos individuales; ganar escala para resolver problemas que individualmente exceden a cada municipio o comuna; mayores probabilidades de captar financiamiento internacional para proyectos sociales urbanos; fortalecimiento técnico de los municipios y las comunas más pequeñas, entre otros, son algunos de los incentivos para concretar el Área Metropolitana de Córdoba.
Nada fácil, pero tampoco imposible. La casuística nos dice que experiencias sobre entes metropolitanos, juntas metropolitanas de gobierno o consejos metropolitanos dan cuenta de que lograr la institucionalidad adecuada es realmente posible. Los problemas metropolitanos claman por soluciones que tengan su justa escala. La gobernanza metropolitana del Gran Córdoba se nos muestra inexorable.
*Director de la licenciatura en Gestión Pública (UCC)
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