La Voz del Interior @lavozcomar: El crimen policial de Blas, en la mira de Estados Unidos

El crimen policial de Blas, en la mira de Estados Unidos

El informe anual sobre el estado de los derechos humanos en 2020 en el mundo, que elabora el gobierno de Estados Unidos, pone de relieve el gatillo fácil policial que en Córdoba se cobró la vida de Valentino Blas Correas (17) el pasado 6 de agosto.

Se trata de un duro reporte en el que se pone bajo la lupa los graves casos de abusos de las fuerzas de seguridad en un año, 2020, en el que la policialización de la vida cotidiana se vio incrementada a partir de la pandemia por el coronavirus y un estado excepcional de cuarentena.

“La impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad a todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos. En general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles en derechos humanos, incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de Covid-19″, se destaca en el apartado sobre los derechos humanos en Argentina.

Tras una introducción, el informe hace referencia, al comienzo, del crimen de Blas Correas (17) en la ciudad de Córdoba.

«Hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron actos arbitrarios u homicidios ilegítimos. El 6 de agosto, la Policía provincial (de Córdoba) disparó y mató a Valentino Blas Correas, de 17 años cuando el conductor del vehículo en el que viajaba intentó evadir a un puesto de control en la ciudad de Córdoba. Las autoridades arrestaron a un oficial, Javier Catriel Almirón, acusado de homicidio calificado e intento de asesinato», se lee en el informe que tiene un error, ya que en realidad se hace referencia al policía Javier Catriel Alarcón.

Este cabo fue uno de los que disparó contra Blas y sus amigos esa madrugada, aunque los peritajes demostraron que el balazo que mató al adolescente salió del arma de otro policía que estaba junto a Alarcón en aquel control, Lucas Gómez. Ambos policías estaban trabajando armados esa noche pese que sobre ellos ya pesaban imputaciones por otros supuestos delitos.

«Las fuerzas policiales federales, provinciales y municipales comparten la responsabilidad de la ley aplicación y mantenimiento de la ley y el orden. Todas las fuerzas policiales federales se reportan al Ministerio de Seguridad, mientras que las fuerzas provinciales y municipales dependen de un ministerio o secretaría dentro de su jurisdicción. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos. Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: homicidios ilegítimos y arbitrarios y tortura por parte de la Policía federal y provincial; malas condiciones en las cárceles; problemas importantes con la independencia del Poder Judicial; grave actos de corrupción; violencia motivada por el antisemitismo; y trabajo forzoso a pesar de esfuerzos del Gobierno para combatirlo», se sintetiza en el informe en el que se hace mención a otros crímenes ocurridos en el país durante el año pasado y en el que estuvo involucrado, como victimario, personal de alguna fuerza pública de seguridad.

Por el crimen de Blas, hay 15 policías imputados, ocho de ellos con diferentes grados de detención. Hace 10 días fue imputado el último uniformado, el de más alta jerarquía acusado hasta ahora por el fiscal José Mana. Se trata del comisario mayor Gonzalo Cumplido, retirado en diciembre, a quien se le reprocha no haber ido a la escena del crimen esa madrugada.

En ese sentido, tras la publicación de este informe por parte de Estados Unidos en el que se menciona a Blas, la mamá del joven, Soledad Laciar, volvió a insistir en las redes sociales en su reclamo para que la causa no se cierre con esta última imputación.

«Estados Unidos habla del caso de Blas para ponerlo como ejemplo de la corrupción. Y a mí me quieren vender que la cadena se corta en Cumplido. No Sr. #justiciaporblas», escribió en Facebook.

En el resto del reporte que se conoció en las últimas horas, según publicó
Clarín
, el Gobierno de Joe Biden criticó la «falta de implementación efectiva» de las leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción en la Argentina. Y se subrayó que «instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar» este problema. En ese sentido, hay menciones a la actual vicepresidenta Cristina Fernández y al expresidente Mauricio Macri.