La Voz del Interior @lavozcomar: Debilitar la Justicia tiene un fin

Debilitar la Justicia tiene un fin

Hace unos días, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en un fallo dividido (tres votos contra dos), estableció que el exjuez Sérgio Moro no fue imparcial en el proceso judicial que implicó la condena del expresidente Lula da Silva por corrupción. Un par de semanas antes, un miembro del tribunal había invalidado las sentencias contra Lula porque Moro no tendría competencia jurídica para llevar las respectivas causas.

Estos dictámenes no afectan la cuestión de fondo. No significan que Lula y otros condenados sean inocentes, sino que los procedimientos judiciales transgredieron las normas jurídicas. Por tanto, debieran reiniciarse para estudiar los distintos casos y arribar a una sentencia que sea válida, antes de que los hechos investigados prescriban.

De todas maneras, en Argentina, el Frente de Todos los tomó como una demostración de que la teoría del lawfare, con la que intenta defenderse Cristina Fernández, es una realidad continental. Según este relato, miembros del Poder Judicial, los medios de comunicación y los sectores más concentrados de la economía, coordinados por la fuerza política que circunstancialmente está en el Gobierno, montan causas falsas contra los más importantes dirigentes populares para frenar sus carreras políticas, desprestigiándolos.

Esa habría sido, por ejemplo, la operación que impidió que Lula compitiera contra Jair Bolsonaro por la presidencia de Brasil en 2018. El mismo mecanismo sería el que hizo posible las numerosas causas por las cuales Cristina Fernández está acusada, entre otros delitos, de corrupción, lavado de dinero y de dirigir asociaciones ilícitas.

La judicialización de la política, en Argentina y en otros países de la región, está a la vista. Ahora bien: eso es posible porque antes se politizó la Justicia. Si nos concentramos en nuestro país, ¿cuántos nombres han pasado, durante años, del Poder Judicial al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, como ministros o secretarios de Estado, y viceversa? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial.

El pecado original se lo podríamos marcar a Raúl Alfonsín, quien supo ofrecerle un lugar en la Corte Suprema de Justicia a Ítalo Luder, su contendiente por el peronismo en las elecciones presidenciales de 1983. Aun si Alfonsín lo hizo para simbolizar que no le ofrecía el cargo a un simpatizante de su partido, estaba proponiendo a un político. Y por estos días, Mauricio Macri ha dicho que se arrepiente de haber nombrado en la Corte a un exministro kirchnerista.

En cualquier caso, ¿cuántas veces se reformó el Consejo de la Magistratura para que los representantes de la política tuvieran mayor influencia? ¿Y por qué el poder político querría tener gran capacidad de decisión en ese organismo si no es para manejar la Justicia?

Una Justicia dependiente de la política, además de representar una violación de la Constitución, debilita el andamiaje institucional del Estado y la calidad de la democracia. Su objetivo es garantizarle impunidad al corrupto. Pero no anula las pruebas acumuladas en numerosas causas ajustadas a derecho tramitadas por aquellos magistrados que soportan las presiones.

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