Un riesgo desatendido por el Gobierno
Las acciones del Gobierno nacional y la agenda del debate público han soslayado un tema clave, que muestra la confianza de inversores y de los organismos internacionales de crédito sobre la marcha de la economía nacional.
El riesgo país ha superado los 1.600 puntos básicos en estos días, lo que implica que cualquier endeudamiento externo tiene una enorme sobrecarga por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que rinden entre 1,6 y dos por ciento anual.
Los bonos de la deuda argentina cotizan a entre 30 y 40 por ciento de su valor nominal, lo que señala la desconfianza de los grupos de inversión que sólo seis meses atrás habían aceptado reestructurar esos compromisos.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el 1º de septiembre último que el 93,55 por ciento de los bonistas había adherido al canje, lo cual, por aplicación de las cláusulas de acción colectiva, implicaba que el 99 por ciento de la deuda había sido incluida en la reestructuración.
Ese importante paso fue desandado en muy corto tiempo por las idas y vueltas de la administración de Alberto Fernández en cuestiones clave para el crecimiento de la economía argentina.
El sesgo antiempresa y de desaliento a las exportaciones, por el eventual aumento de las retenciones o la fijación de cupos a productos primarios, sumados a los controles de precios y de la producción, contribuyeron a desmoronar la confianza sobre las iniciativas oficiales.
La dilación de sendos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene acreencias este año por 4.768 millones de dólares, y con el Club de París, que concentra las obligaciones impagas con administraciones de la Unión Europea, agregó incertidumbre.
El diagnóstico se agravó luego de que la agencia Bloomberg analizó las reales posibilidades de pago de la Argentina.
El informe sostiene que el país tendrá serias dificultades para afrontar sus compromisos externos. Por ende, no es descartable otro default en el corto plazo.
El abultado déficit fiscal, que se proyecta para este año en 4,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), se incrementará aún más por la estrategia electoral del Gobierno y por la decisión de no reducir los subsidios a las tarifas públicas.
El 60 por ciento de la tarifa de gas natural que consumen los argentinos está subsidiado, lo que supone una elevada carga para el Estado, que deberá importar el 26 por ciento del gas que demandarán los argentinos en invierno.
La pandemia, los escándalos por las vacunaciones de privilegio, el ataque a la Justicia y la crisis económica han puesto en un segundo plano la necesidad de atender los correctivos que influyen en la opinión de los inversores y que se reflejan en el aumento del riesgo país.
Si no se corrige esa visión adversa con señales claras dirigidas a productores y a empresarios, la solución de los problemas estructurales que tiene la economía local será aún más difícil.
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