La doble vara en el Estado
No es noticia ni causa sorpresa: a estas horas, la titular del Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi) permanece en su puesto.
No se le ha pedido la renuncia a Victoria Donda ni tampoco, por casualidad, la ha ofrecido por propia voluntad, quizás porque tanto ella como el gobierno que integra tienen en alta ponderación a la humana capacidad de cometer errores, tales como el que la titular (del Inadi, debe insistirse) haya maniobrado en perjuicio de una ciudadana boliviana.
Ya se sabe, Argentina es el reino de la paradoja y la dignidad no se ubica en el tope de los valores públicos.
Un escueto repaso de la cuestión debe tener en cuenta los puntos que siguen: una empleada doméstica con más de 13 años de servicio; de ellos, 10 de manera informal, es decir, “en negro”, y la respuesta de la funcionaria al pedido de regularización: el ofrecimiento de un contrato en el Inadi a cambio de la firma de la renuncia.
Ello en beneficio de una persona que, según Donda, no está en capacidad de tramitarse el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero podría prestar servicios como «promotora contra la discriminación». Porque, dice la todavía funcionaria, al Inadi se ingresa “por cercanía”.
Ya se ha dicho hasta el hartazgo, por aquí nadie cree en la meritocracia, de modo que eso de «la cercanía» resulta perfectamente comprensible, encaja a la portación con una idea del Estado como proveedor de trabajo y de recursos para parientes, amigos y conocidos.
Curioso caso el de Donda, no muy diferente del de otros dirigentes vinculados con una cuestión tan sensible como la de los derechos humanos, quienes a principios del presente siglo descubrieron la conveniencia de ideologizar su militancia, ingresando a una trama de puestos, subsidios y negocios, al precio de bastardear lo que no merecía ser manoseado. Y poco imaginativo el recurso de explicarse atribuyendo todo a una fake new (noticia falsa) “que no le hace bien a la democracia” (palabras de Donda).
Excusa que pone de manifiesto una vez más la urgente necesidad de crear una secretaría de explicaciones públicas a cargo de auténticos profesionales.
Sucede que si lo hacen otros es una canallada, pero cuando lo hacen ellos se trata de un gesto revolucionario y de empatía social. Aun cuando aquí, allá y en todas partes eso se denomine “doble estándar, doble moral, doble vara”. O hipocresía, simplemente.
Sin olvidar que todo sucede como consecuencia de la elevada dosis de amateurismo que todo un gobierno se empeña en exhibir cada día a efectos de militar su rechazo de la meritocracia.
Con todo, se debería agradecer a Victoria Donda su abnegado sincericidio al admitir que a la función pública se ingresa «por cercanía», algo que se venía sospechando desde hace tiempo.
No deja de ser un mensaje muy claro que muchos deberían atender tras un año sin clases y con cifras pavorosas de destrucción de empleo en el país. El que quiera entender que entienda.
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