La Voz del Interior @lavozcomar: Potrero del Estado, el triángulo de las Bermudas de las motos secuestradas

Potrero del Estado, el triángulo de las Bermudas de las motos secuestradas

Una vez puede ser negligencia. Dos, casualidad. Pero 11 denuncias que describen el mismo modus operandi en sólo un puñado de meses ya hacen que las alertas sean otras. Motos que desaparecen de las narices del Estado. Rodados que secuestrados por la Policía y que la Justicia ordenó que fueran devueltos a sus propietarios por falta de pruebas sobre algún posible delito, pero que al momento de la devolución ya no aparecen en ningún lado.

Un ardid tramado bajo el ala oficial.

El último caso conocido tiene como víctima a un joven empleado de una playa de estacionamiento de la ciudad de Córdoba, quien el pasado 31 de julio fue frenado por policías en un control ubicado en la vía pública. Él viajaba en una moto Honda Titan 150, que tenía un espejo algo dañado. Como no llevaba la cédula, los policías decidieron secuestrar el rodado. Lo cargaron en un patrullero y le dieron un papel para que fuera a Tribunales a reclamarla.

En ese papel se leía: “Este trámite es gratuito. Para retirar motocicletas se debe contar con casco normalizado, chapa patente debidamente colocada, licencia de conducir moto y tarjeta verde. DNI del titular registral”.

El joven cumplió con todos los requisitos y demostró en una unidad judicial que era el propietario y que no había cometido ningún delito.

El ayudante fiscal que lo recibió no necesitó mucho más para convencerse. Se le impuso una multa de 6.600 pesos, firmó la restitución del rodado y le indicó que fuera a buscarlo al predio de Potrero del Estado, en la comuna de Bouwer.

Era el 24 de septiembre pasado, pero al joven le dieron turno recién para el 6 de este mes.

Se trata de un complejo estatal en el que hay motos y autos secuestrados por la Justicia. Cuenta con custodia policial las 24 horas, los siete días de la semana y cualquier ingreso o egreso de un vehículo debe contar con el aval judicial.

Sin embargo, cuando llegó el día del turno, al joven lo hicieron esperar seis horas a la puerta de ingreso al predio estatal: la moto, le dijeron después, había desaparecido.

El muchacho buscó al abogado Carlos Nayi y presentó una denuncia penal. La número 11 que este letrado firma de julio a esta parte por delitos similares: motos secuestradas por el Estado que desaparecen sin que nadie pueda dar un motivo coherente.

“Hurto”, “violación a los deberes de funcionario público”, “omisión de denuncia” y “abuso de autoridad” formaron parte de los posibles delitos que solicitó que fueran investigados.

Pese a que ya hay 11 casos denunciados con la misma mecánica, de manera insólita cada uno es investigado por separado en la fiscalía que por turno quedó a cargo. Aún la Justicia cordobesa no investiga la trama en común que une a cada uno de estos robos.

“El mismo patrón”

“La última vez que este humilde joven vio su moto fue cuando la subían a un patrullero: una vergüenza”, resumió el abogado Nayi.

En su análisis, el letrado no sólo advirtió sobre que la Policía tiene que custodiar ese predio de manera permanente, sino que también resaltó que esta situación se viene observando en medio de una importante mora en Tribunales para resolver los pedidos de restitución de los rodados secuestrados en la vía pública.

Y completó: “Se reitera el mismo patrón delictivo: secuestro de la moto por parte de la autoridad policial, se demuestra que no hay ninguna anomalía, pagan la multa y acompañan la documental para acreditar la titularidad, y, tras un largo peregrinar para obtener la orden judicial de restitución, potenciado por la época de cuarentena, obtienen la orden para ir a buscar el rodado. Tras cuatro o seis horas de espera, y de pagar un flete, se encuentran con la gran sorpresa. Todas estas conductas sugieren un entramado delictivo: ha llegado la hora de la Justicia para determinar todos los niveles de responsabilidad”, describió.