La crisis alimentaria enciende alertas
Los indicadores que nos ponen de cara al derrumbe de los sectores más empobrecidos de la población continúan sin dar señales de mejoría. La cuestión parece dominada por saber cómo se ensancha la línea que determina la cantidad de pobres y de indigentes. Y también respecto de las familias que no reúnen los recursos suficientes para cubrir una necesidad tan elemental como es la alimentación.
Días atrás publicamos un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba que refleja el incremento de la canasta básica alimentaria (CBA) durante febrero. El estudio revela que una familia compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó alrededor de 18 mil pesos diarios para asumir las comidas clásicas: desayuno, almuerzo, merienda y cena.
El viernes pasado se conoció que una familia tipo necesitó en febrero 1.057.000 pesos para no caer en la pobreza.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el ingreso mínimo en procura de alimentos y servicios esenciales aumentó 2,3% ese mes.
Como toda regla de medición, la que habla de “familia tipo” referencia a un grupo compuesto por dos adultos y dos menores. Pero no todo es tan lineal. Hay hogares con tres, cuatro y más menores y adolescentes en edad escolar, lo cual no encuadra en la citada denominación “tipo” y otras donde hay dos o más integrantes en el hogar que perciben ingresos y contribuyen a la economía familiar.
Pero la crisis alimentaria se examina por índices y, además, por realidades irrebatibles. En ese sentido, en la ciudad de Córdoba ha crecido de forma exponencial el número de personas de todas las edades que concurren en busca de alimentos a comedores y merenderos comunitarios.
Muchos de esos centros de asistencia ubicados sobre todo en zonas golpeadas por la pobreza y la indigencia debieron limitar los días de atención debido a que la comida disponible, en virtud de las donaciones y de la ayuda estatal, no alcanza para atender la enorme demanda.
La insolvencia llega al extremo que muchos asalariados (en relación de dependencia o informales) con familia numerosa cuentan con ingresos mensuales que con esfuerzo pueden aguantar una quincena.
El referido estudio de la Defensoría del Pueblo contiene, asimismo, apartados referidos a personas que padecen celiaquía, una enfermedad que no permite la ingesta de ciertos alimentos, como los derivados del trigo, la avena, la cebada y el centeno.
Se trata de una patología que requiere de productos comestibles específicos y, por ello, bastante más caros que los de la mesa habitual.
Todo parece direccionado a complicar la vida de los que menos tienen, mientras la política doméstica y el propio Gobierno nacional fungen enredados en contiendas de cierta tensión social. Conflictos que en general no aportan a la solución de los problemas que afectan a millones de argentinos.
Urge revertir una crisis como la actual, en continua expansión.
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