Las provincias son argentinas
El ajuste emprendido por la administración de Javier Milei incluye la eliminación de gastos disparatados y de cargos públicos innecesarios, pero coloca en una delicada situación a provincias y a municipios.
En líneas generales, la sociedad aprueba la supresión de organismos cuyo funcionamiento estaba orientado a la propaganda política.
Durante el actual Gobierno, se suprimieron más de 41 mil posiciones, muchas de las cuales eran ocupadas por empleados sin las capacidades para esas funciones.
Los gastos estrafalarios incluyeron, por caso, un gimnasio y comodidades para el descanso del personal superior de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip, hoy Arca), entre otras manifestaciones de dispendio.
Por contrapartida a esas acciones valoradas por la sociedad, las provincias fueron sometidas a un ajuste severo, a partir del incumplimiento por parte del Gobierno nacional de numerosos convenios y de leyes dictadas con anterioridad a la actual administración.
La gestión de Javier Milei paralizó obras públicas imprescindibles pactadas con provincias y municipios. En Córdoba, por ejemplo, está virtualmente paralizada la finalización de la autovía de la ruta nacional 19, entre Arroyito y San Francisco.
Las gestiones de las autoridades provinciales para el traspaso de la obra, con los aportes correspondientes, no tuvieron eco hasta el momento.
No se trata sólo de convenios entre partes. La “motosierra” de Milei incluyó el aporte obligatorio que debe efectuar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para el sostenimiento de 13 cajas de jubilaciones provinciales.
El organismo suspendió la remesa de fondos, que ya habían sido ralentizados durante los últimos tramos de la administración de Alberto Fernández.
El sostenimiento de esos organismos previsionales depende de un hilo, ante el ingente gasto que deben efectuar las gobernaciones. Se calcula que Córdoba debió recibir partidas por más de $ 41 mil millones, por el atraso de varios años.
La supresión total de los subsidios al transporte público constituye otra fuerte discriminación hacia el interior, ya que tales fondos siguen siendo girados a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires.
La eliminación de partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) dejó a integrantes de la docencia al borde de la subsistencia, dado que numerosos distritos no pudieron sostener con sus partidas esa ayuda a la formación de los educadores.
El listado de discriminación que sufre el interior es inagotable, pese a que la falta de asistencia constituye una fragante violación a acuerdos previos con las gobernaciones.
Las provincias anteceden al Estado nacional en su conformación y son parte del país, al que Milei y sus funcionarios parecen ignorar en la búsqueda del déficit cero y del equilibrio de las cuentas públicas.
Resulta evidente que la conquista de esos resultados es con base en la eliminación de partidas que corresponden legalmente al interior.
La mirada no debe agotarse en el examen de planillas que muestran resultados sorprendentes en poco tiempo, sino que debe extenderse al serio perjuicio ocasionado a los habitantes de los 24 subdistritos nacionales.
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