Multirreincidente: la historia del adolescente que volvió a traer a debate la imputabilidad
Semanas atrás se conoció que el adolescente a quien se le adjudica una larga lista de robos durante el 2024 en Córdoba, hechos que lo habían llevado y traído por un sinnúmero de comisarías, entrevistas con trabajadoras sociales y hasta con jueces de menores, finalmente fue detenido y trasladado al Complejo Esperanza.
Se trata de M.S., quien finalmente cumplió 16 años el 4 de enero. La noche del pasado martes 11 de febrero fue detenido por la Policía de Córdoba.
Presuntamente, habría intentado cometer un asalto contra un chofer de Uber, en barrio Marqués Anexo, donde ya había sido arrestado en reiteradas oportunidades.
Vale decir que en todas las anteriores caídas, M.S. tenía 15 años, o menos, y era inimputable ante la Ley penal. Sin embargo, esa condición cambió con el paso de los meses y ahora es un menor imputable. Por eso puede permanecer encerrado en el centro para menores de edad.
Pero volviendo al último intento de robo del que habría participado, hay que decir que fue muy particular: la fuerza lo detuvo junto a otro joven, pero nunca se supo nada sobre el damnificado. Es decir: el taxista al que le habría intentado robar nunca apareció.
¿Lo estaban esperando ese día? ¿Alguien lo vendió? Sea cual fuere la respuesta, estaba claro que su destino parecía prefijado.
Hasta había aparecido en la prensa con un presunto apodo, lo cual motivó a las autoridades judiciales a recordar la importancia de proteger la integridad de los niños y adolescentes: no se pueden difundir sus nombres ni sus apodos.
Por eso se dice que el destino de M.S. se empezó a escribir mucho antes de ese aparente asalto final, donde no consiguió su propósito y terminó apresado.
En la zona del Marqués Anexo, y de manera extendida, en varios puntos de la franja norte de la ciudad Capital, el chico era conocido por actuar en grupo junto a otros adultos. Mayormente atacaban a conductores de taxis por aplicaciones, como Uber, Didi o Cabify.
Las autoridades lo sabían y sus propios vecinos también lo habían visto. Unos pocos llamaban al 911 para advertir sobre sus robos.
Pero otra mayoría de personas alrededor del chico, cuando llegaba la Policía a arrestarlo, repelía el procedimiento a pedradas y agresiones. Se había peleado varias veces con los uniformados.
Y entre los investigadores creen que nunca anduvo sólo y que siempre se valió de otra gente, alguno de ellos mayores de edad, que lo protegieron o que incluso actuaron junto a él.
Lo cierto es que se calcula que fue objeto de más de 15 arrestos o procedimientos policiales. En alguno de ellos, hubo disparos.
La preocupación de parte de las autoridades fue creciendo, al punto de que altas fuentes de Seguridad aseguraron que lo iban a seguir deteniendo por más que luego fuera puesto en libertad.
Una jueza de Menores, Ileana Benedito, llegó a pedir en su momento que se controle que el menor no volviera al barrio Marqués donde cometía varios de los robos.
En aquel entonces surgió un gran dilema, dado que Senaf (dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano) solicitó que se permitiera alojar al chico de manera excepcional en el Complejo Esperanza, para poder trabajar con él. Pero la jueza se opuso.
Ante ello, Senaf propuso la medida inédita de una tobillera electrónica y se adoptó ese dispositivo con fines de control durante el abordaje. El chico se la habría quitado días después, burlando una vez más los controles.
En el medio, la jueza ordenó que se dejara de detener al chico. Él mismo se presentó en el despacho de Benedito pidiendo que lo dejaran de perseguir.
Fuentes con acceso a la investigación aseguraron por entonces que M.S. se había comprometido a respetar un tratamiento contra las adicciones y a asistir a talleres educativos.
Luego trascendió que el chico nunca fue a los talleres pactados. La preocupación volvió a imponerse, hasta que finalmente lo volvieron a detener, a los pocos días de trazado el acuerdo con la jueza.
Violencia y asaltos con adolescentes
Pero el raid delictivo que hoy por hoy la Justicia le achaca a M.S. dejó al descubierto algunas otras alertas que en los últimos meses del 2024 inquietaron a las autoridades.
El año comenzó con un funesto asalto en el que dos adolescentes, un menor inimputable de 14 años y otro con 17, dispararon sin clemencia contra Sebastián Villarreal. Padre de dos hijos, salía de su vivienda de barrio Yofre Norte para ir a su trabajo, cuando le robaron la moto.
Desde el suelo pidió que no lo maten, pero no hubo oídos para esas súplicas. Uno de los imputados como el autor material del crimen se sacaba fotos con armas y las subía a su Instagram, lo que incitó el repudio de parte de los familiares de Sebastián en reiteradas oportunidades.
Finalmente, el fiscal a cargo de este caso, Andrés Godoy, encontró que en la zona del ataque actuaba una banda, liderada por adultos, que captaba chicos de entre 14 y 17 años para robar.
Luego se produjo una seguidilla de hechos violentos liderados por adolescentes, casi todos ligados con robos contra choferes de Uber, Cabify o Didi. Este medio publicó un informe que reveló el funcionamiento de una banda encabezada por chicos de entre 15 y 16 años, que atacaban a balazos para robar vehículos.
En todos los casos apareció la misma inquietud entre las autoridades de Seguridad: la reincidencia, la edad cada vez más corta en el inicio del delito y la violencia.
A comienzos del 2025, en febrero, otro caso hizo recobrar fuerzas en la discusión: un chico fue detenido por el robo de una bordeadora en barrio Urca, zona norte de la Capital, y luego se descubrió que era detenido con cotidianidad desde sus 9 años.
No hay que dejar de remarcar que los menores de 18 años constituyen más de la mitad de la población; pero la participación suya en la totalidad de las estadísticas criminales es sustancialmente menor.
El último registro de causas instruidas por la Justicia provincial con menores de edad es de 2023. Hubo sólo 2.326 niños, niñas y adolescentes (NNyA) que ingresaron en la Justicia de Menores durante el año por causas penales en 2.271 investigaciones. Sólo 258 debieron cumplir medidas de privación de la libertad.
Actualmente, hay sólo 118 adolescentes no punibles que están bajo monitoreo de Senaf por delitos en Córdoba, según las cifras oficiales.
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