Hacia una reforma de la Constitución provincial
El 12 de diciembre pasado presentamos en la Legislatura provincial un proyecto de declaración de la necesidad de reforma parcial de la Constitución de Córdoba (expediente 41.358/L/24), que necesita el voto de las dos terceras partes del total de miembros; esto es, 47 legisladores, un número que ninguna fuerza reúne por sí misma.
Una reforma constitucional debe ser precedida de amplios consensos pluripartidistas, no sólo por la amplia mayoría requerida para su impulso, sino porque la historia política de nuestro país ha demostrado que la ley fundamental no puede ser fruto de la imposición de un sector sobre otros.
Creemos que es el momento de un debate constitucional. Han trascurrido más de dos décadas desde la reforma de 2001 y casi 40 años desde la reforma de 1987.
La reforma de 2001 fue acotada, modificó poco pero importante: nada menos que la estructura del Poder Legislativo, que se transformó en unicameral, después de más de un siglo de bicameralismo. Creemos que esa reforma estuvo impulsada por resortes populistas; de allí que la declaración de la necesidad de la reforma fue precedida de una consulta popular de dudosa constitucionalidad.
En la consulta popular del 22 de julio del 2001 se preguntó a la población: “¿Está de acuerdo con reformar la Constitución de la Provincia para cambiar la actual Legislatura de dos cámaras con un total de 133 miembros por una sola cámara con un máximo de 70 legisladores?”. Casi una pregunta de Perogrullo, que obtuvo 80% de votos favorables.
El achicamiento del gasto político, una bandera que compartimos, venía con gato encerrado: crear una Legislatura dependiente del Poder Ejecutivo, incapaz de controlar y de mantener iniciativa legislativa propia.
Las consecuencias las vemos hoy: en los 15 años que van de 2009 a 2023 se presentaron 5.535 pedidos de informes y se aprobaron sólo 11; es decir, el oficialismo “cajoneó” el 99,80% de estos proyectos indispensables para el control. Ni que decir del uso de la palabra; la moción de cierre del debate que el oficialismo acompaña con mano de yeso ha hecho un Parlamento que “no parla”.
En nuestro proyecto, proponemos el regreso al bicameralismo sin afectar el número total de legisladores: 44 diputados y 26 senadores.
En la elección de gobernador de septiembre de 2007, la democracia cordobesa sufrió un cimbronazo. Una diferencia de 17.734 votos entre el ganador y el segundo (apenas el 0,74% del padrón) fue el escenario perfecto para una crisis de legitimidad.
La respuesta del gobierno fue la del manual de 25 años de cordobesismo: marketing, marketing y más marketing. Se convocó a una comisión de expertos integrada por lo más granado del pensamiento jurídico y político cordobés. Rectores, académicos y juristas de nota prestaron su desinteresada colaboración y redactaron un voluminoso informe de 224 páginas, denominado “Así no va más”. Allí se identificaron 11 propuestas de reforma constitucional, a las que se sumaron otras de los miembros a través de opiniones individuales.
Ese informe de altísima calidad, y cuya lectura recomendamos, duerme el sueño de los justos. Apenas sirvió para impulsar la boleta única de sufragio, que por supuesto –como todo con este gobierno–, tiene sus trampitas, como el amañado “casillero lista completa”.
Nuestro proyecto toma muchas de las propuestas de la Comisión de Expertos y agrega otras de nuestra cosecha. Ponemos en el debate público un amplio temario: censura a los ministros; impedimento de que cualquier ciudadano pueda ejercer el cargo de gobernador por más de dos períodos; elección por doble vuelta del gobernador y vicegobernador; reforma de la Defensoría del Pueblo; constitucionalización del Consejo de la Magistratura; supresión del indulto; eliminación de la cláusula de gobernabilidad en la integración de los concejos deliberantes; supresión del voto de preferencia; modificación de la integración del Jurado de Enjuiciamiento; independencia y fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal; creación de la asesoría general de gobierno; constitucionalización de la Región Centro; mejoramiento del control de legalidad en materia financiera; incorporación de la participación de la oposición en la administración y el control de entidades, empresas y sociedades del Estado; ampliación de prohibiciones para integrar el Tribunal Supremo de Justicia a exfuncionarios, y constitucionalización de la “ficha limpia”.
Como se observa, se trata de un decálogo de modificaciones en la parte orgánica, que deja fuera toda modificación a la Primera Parte (dogmática) de la Constitución provincial.
Proponemos elegir a los 70 convencionales constituyentes en forma simultánea con la elección de diputados nacionales del 26 de octubre de 2025 y que la Convención sesione en diciembre de 2025 y en enero de 2026 en la sede de la antigua Legislatura de forma totalmente austera, ya que no se prevé el pago de dietas ni gastos de representación, ya que el desempeño sería totalmente ad honorem.
Nuestra provincia merece un “momento constitucional”. Si las reformas de 1987 y de 2001 tuvieron nombre y apellido, ha llegado la hora de una revisión de las instituciones, sin nombres propios. La reforma constitucional no debe ser en perjuicio ni beneficio de ningún partido u hombre providencial. Sólo debe estar subordinada a la mejora de la calidad democrática de todos los cordobeses. La reforma, como diría el Martín Fierro, “no es para mal de ninguno, sino para bien de todos”.
* Excandidato a vicegobernador por la UCR; legislador provincial
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