Revisarán todas las pensiones por invalidez laboral otorgadas en los últimos años
El Gobierno nacional anunció en los últimos días el inicio de una auditoría masiva a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), un proceso que abarcará más de un millón de casos y que buscará garantizar que los beneficios sean otorgados únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos por la normativa vigente. La medida, que comenzará a implementarse en febrero, estará a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), bajo la supervisión del Ministerio de Salud.
El objetivo principal de la auditoría es “dar mayor transparencia al sistema de pensiones, asegurando que los recursos públicos lleguen a quienes efectivamente los necesitan”, aseguran desde el Pami. El proceso se realizará de manera escalonada y progresiva, lo que permitirá una evaluación minuciosa de cada caso. Se prestará especial atención a las pensiones más recientes, otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque el alcance de la revisión abarcará todos los casos vigentes.
Un proceso en cuatro etapas
La auditoría “se organizará en cuatro etapas claramente definidas, diseñadas para garantizar la integridad y la eficiencia del proceso”, aseguraron. En la primera, los beneficiarios recibirán cartas documento con un turno asignado para presentar la documentación requerida ante un médico de Pami. Esta documentación incluirá informes médicos, certificados de discapacidad y cualquier otro antecedente que avale la condición de invalidez laboral, eventualmente se les podrá solicitar más cosas, pero esto anteriormente mencionado seran la base de las solicitudes para todos los casos.
En la segunda etapa, los profesionales de Pami realizarán entrevistas y controles médicos para verificar la situación de cada persona. Estos controles incluirán evaluaciones físicas y psicológicas, según corresponda, para determinar si el beneficiario sigue cumpliendo con los criterios de invalidez laboral establecidos por la normativa.
Posteriormente, en la tercera fase, los técnicos de la Andis analizarán la documentación presentada por los beneficiarios. Este análisis incluirá una revisión exhaustiva de los informes médicos, los antecedentes laborales y cualquier otro documento relevante. La Agencia Nacional de Discapacidad trabajará en coordinación con Pami para garantizar que la información sea procesada de manera eficiente y precisa.
Finalmente, en la cuarta y última etapa, se emitirán los dictámenes y resoluciones correspondientes, determinando si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo la pensión o si corresponde su suspensión. En caso de que se detecten irregularidades, se procederá a la suspensión del beneficio.
El Ministerio de Salud destacó que todo el proceso estará guiado por el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y transparente. Para ello, se contará con la estructura territorial de Pami, que dispone de una red de médicos prestadores en todo el país. Esta red permitirá que los beneficiarios accedan a los controles médicos sin necesidad de trasladarse largas distancias, facilitando así el proceso de auditoría.
Las autoridades aseguraron que la auditoría representa un paso firme hacia la optimización del sistema de pensiones, garantizando que cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan. Además, se enfatizó que el proceso se realizará con total transparencia y respeto por los derechos de los beneficiarios.
Fuentes oficiales aseguraron que se espera que, durante los primeros días de febrero, los más de un millón de beneficiarios comiencen a recibir las cartas documento que marcarán el inicio de este proceso de revisión. La medida tomada por parte del Gobierno busca “la eficiencia en la gestión pública y la correcta asignación de los recursos destinados a las pensiones por invalidez laboral”, según deslizaron.
La auditoría también hará foco en fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de pensiones, demostrando que el Estado está comprometido con la correcta administración de los fondos públicos. Además, se espera que este proceso sirva como un precedente para futuras revisiones en otros programas sociales, con el fin de garantizar que todos los beneficios lleguen a sus destinatarios legítimos.
“Es así que la auditoría masiva a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral llevada a cabo por la Andis, Pami y el Ministerio de Saluda tiene como objetivo principal optimizar el sistema de pensiones atribuyendo las mismas a quien realmente lo necesiten y corresponda”, remarcaron las fuentes oficiales.
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