Inmobiliario y Automotor siguen perdiendo peso en la recaudación de Córdoba
Desde mediados de 2023 en adelante, los ingresos de la Provincia de Córdoba caen en términos reales, es decir, “pierden” frente a la inflación. Sólo en los últimos dos meses, a partir de una leve mejora de los impuestos nacionales que se coparticipan (básicamente IVA y Ganancias) y a la desaceleración del índice interanual de precios, el “barco” que timonea Martín Llaryora parece haberse enderezado en términos de recaudación.
Analizando la recaudación “propia” de Córdoba, la que recauda el fisco local a través de la Dirección General de Rentas, un fenómeno se advierte como cada vez más marcado: los impuestos patrimoniales vienen perdiendo peso relativo año a año y cada vez inciden menos en ese global. Ocurre incluso cuando la actividad está en baja y golpea a los otros recursos (Ingresos Brutos y Sellos) que dependen de una economía encendida.
Los tributos patrimoniales importantes son dos: Inmobiliario y Automotor. También está el que grava a las embarcaciones, pero su recaudación es irrelevante.
Relevancia en baja
El Impuesto Inmobiliario (sumando el Urbano y el Rural), en relación con todos los impuestos provinciales y fondos relacionados que recauda Córdoba, cayó de una participación del 12,6% en 2015 al 6,8% en 2024. Sin contar la distorsión del 2020 (año de la pandemia), el pico se produjo en 2019, cuando llegó al 14,1% de participación.
El Impuesto a los Automotores, por su parte, segundo en relevancia entre los patrimoniales, representó en 2024 el 2,7% del total de los impuestos provinciales, cuando en 2015 participaba en un 3,2%. Al igual que su “hermano mayor”, en el 2019 tuvo el pico de importancia con el 3,7% de participación respecto del total de la recaudación impositiva propia.
En relación con la recaudación total de Córdoba (sumando incluso también los recursos nacionales), en ese 2019, juntos, ambos patrimoniales representaban el 6,9%. En 2024, cinco años después, apenas participan en un 3,6%.
Es decir, el año pasado, menos de cuatro de cada 100 pesos que ingresaron a la Provincia llegaron por la recaudación de los impuestos que gravan a todos los inmuebles y a los autos de menos de 10 años radicados en el distrito gobernado por Llaryora.
Puesto en valores, en 2024, el Inmobiliario recaudó $ 151.392 millones y el Automotor, $ 60.233 millones, según el Ministerio de Economía y Gestión Pública provincial. La diferencia con el impuesto “más rendidor” de la administración provincial es enorme: Ingresos Brutos recaudó más de $ 1,80 billones. El resto corresponde a Sellos, que ingresó $ 200.248 millones.
Cambios
Una de las causas de la menor participación de los patrimoniales se asienta en que desde la crisis de 2019 en adelante, el ajuste anual fue menor a la inflación. Además, con la actividad en alza entre 2021 y parte de 2023, Ingresos Brutos y Sellos se fortalecieron y ganaron más porción de la “torta” de los recursos impositivos propios.
En 2024, por la fuerte caída de la actividad, la recaudación de Ingresos Brutos debería haber retrocedido más. Sin embargo, si bien cayó en términos reales, no fue peor, entre otras razones, porque previendo la crisis el Gobierno provincial hizo algunos retoques con la idea de tratar de sostener la principal fuente de ingresos local.
“El principal aumento en Ingresos Brutos en 2024 se produjo por la mayor alícuota que debieron tributar los comercios por falta de actualización de los parámetros para aplicar la alícuota reducida”, explicó el tributarista Nicolás Boglione. “Esto generó que por el sólo efecto de la inflación, muchos comercios pasaron a pagar la alícuota general del 4,75% o la alícuota agravada, manteniendo el nivel de ventas en términos reales que años anteriores”, amplió. Y agregó: “En 2023, se pagaba alícuota reducida si no se superaban los $ 28.100.000 y alícuota general si se facturaba menos de $ 163.000.000; en 2024, esos montos no se modificaron”.
De esta forma, siguió subiendo la participación de Ingresos Brutos en el concierto general de tributos locales.
Para este año, sí hubo una actualización en los montos: para aplicar alícuota reducida los ingresos del año anterior (2024) no debieron superar los $ 68.000.000 y se aplica agravada si superaron los $ 333.200.000. “Es decir, incrementaron la recaudación también por vía de la inflación junto con la coparticipación que fue dispar pero mostró algunos incrementos”, detalló el tributarista.
Los patrimoniales podrían haber perdido más el año pasado, pero no fue así por dos razones. Por un lado, porque, según Boglione, “si bien crecieron por debajo de la inflación, desde el 2024 el valor se fue ajustando en forma mensual, lo que hizo que acompañaran el incremento de precios; de esta forma, aunque en el anual puede verse negativo en términos reales, en las últimas recaudaciones mensuales, no fue así”.
Por otra parte, el nivel de recaudación de la Provincia es muy alto en estos tributos, con altos incentivos para que el contribuyente sostenga el cumplimiento. “Hay que tener en cuenta que no abonar una cuota de un impuesto, por ejemplo, del Inmobiliario, en cuatro meses ingresa a etapa prejudicial, lo que implica gastos de honorarios de los procuradores, como así también intereses resarcitorios”, amplió el economista.
Intento fallido
La dependencia de los ingresos a la actividad es el gran problema de todos los distritos (Nación y provincias). El Consenso Fiscal de finales de 2017 firmado entre el expresidente Mauricio Macri y la mayoría de los gobernadores buscó un cambio en ese sentido, ya que planteaba una rebaja progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos.
Pero con la crisis del dólar que vino después, más la recesión, el cambio de signo político y, para peor, la pandemia, aquel pacto que apuntaba a desenganchar la matriz tributaria de la dependencia de impuestos al consumo quedó en la nada.
Si, por el lado del gasto, el rojo de la Caja de Jubilaciones es uno de los principales factores de desestabilización de las finanzas públicas en la Provincia, en la columna de los ingresos el talón de Aquiles es la estrecha dependencia de los tributos atados a la actividad.
En diciembre, el conjunto de impuestos cuya dinámica recaudatoria se relaciona con los niveles de actividad (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y Sellos), conformaron el 88% de la recaudación de la Provincia.
El economista Juan Pablo Carranza explicó cuando se puso en pausa el Consenso Fiscal que el peso desproporcionado de Ingresos Brutos en las finanzas de las provincias, incluida Córdoba, reside en “la gran facilidad de cobro”, dado que se limita a gravar la facturación de las empresas. Para Carranza, esta dinámica es la más fácil para los gobiernos en períodos inflacionarios, porque “la actualización se realiza de manera automática, sin esfuerzo del Estado, ya que sube a la par de los precios”.
El economista explicó en ese momento que son tributos “atractivos desde el punto de vista político” porque “se diluyen en el precio de los bienes y servicios” y la gente no hace una asociación directa entre el gobierno y la presión impositiva. En los impuestos patrimoniales, en cambio, como se le paga directamente al Estado, el costo es mucho mayor.
Todos coinciden que Ingresos Brutos es sumamente regresivo porque impacta de lleno en aquellos hogares más pobres, que gastan una mayor proporción de sus ingresos en bienes de consumo. Asimismo, al ser un impuesto en cascada, impacta sobre los precios relativos mucho más que otros impuestos al consumo, como el IVA.
Del otro lado, los patrimoniales, incluido Bienes Personales que grava la Nación, al no estar directamente vinculados al ciclo económico, tienen bases imponibles más estables y brindan mayor estabilidad a las finanzas públicas locales.
Bienes Personales
En el concierto de recursos de origen nacional que se coparticipan, hay un impuesto que grava el patrimonio: Bienes Personales, pero este representa una mínima porción de las transferencias hacia las provincias.
Más allá de esto, en Córdoba, ha ido ganando algo de participación. Entre 2015 y 2017, por ejemplo, Bienes Personales representaba el 2% del total de los recursos de origen nacional coparticipados hacia Córdoba. Entre 21018 y 2019, en la segunda parte del Gobierno de Macri, cayeron al 1,1%.
Sin contar la distorsión de la pandemia, entre 2022 y 2024, esa participación subió hasta el 4.6% del total de recursos de origen nacional. El año pasado, Bienes Personales recaudó $ 21.314 millones para las arcas de Llaryiora.
En 2025, siguen los fondos que Llaryora creó el año pasado
El “Fondo de seguridad ciudadana y de mejoramiento de los servicios públicos y sociales” (FSC) y el “Fondo provincial de inclusión social de personas con discapacidad” (FPI) fueron las dos flamantes “incorporaciones” al conjunto recaudatorio provincial cuando asumió el gobernador Martín Llaryora el año pasado.
Los fondos se crearon en medio de la incertidumbre política e inflacionaria de finales de 2023 y comienzos de 2024.
De acuerdo con el paquete de leyes que conforman el Presupuesto 2025, ambas imposiciones seguirán vigentes este año y deben ser pagadas por todos aquellos que tributan el Impuesto Inmobiliario Urbano (no así el rural).
El primero de los fondos se conforma con un adicional del 4% del Inmobiliario Urbano y, el segundo, con un extra del 2% en el mismo impuesto.
Según las modificaciones realizadas en el Código Tributario Provincial, cambios que fueron aprobados por la Unicameral como parte del paquete de leyes del Presupuesto, ambos fondos son “de carácter transitorio”: regirán hasta el 31 de diciembre de 2027.
Se trata de fondos especiales de asignación específica, por lo que ambos ingresos no abrevan a rentas generales, sino que se destinan exclusivamente para el propósito para el cual fueron creados.
En el caso del FSC, sólo se puede utilizar para temas de “seguridad”, pero las posibilidades son tan amplias que está abierta la puerta para múltiples destinos.
El artículo que creó el fondo dice que “estará destinado a contribuir al financiamiento y sostenimiento de aquellos programas o proyectos de infraestructura que resulten necesarios y primordiales para la adquisición o provisión de bienes y servicios destinados a asegurar la convivencia y el desarrollo pacífico de toda la ciudadanía”.
También dice que lo ingresado se puede usar para sostener proyectos y programas y pagar bienes y servicios relacionados con “la erradicación de la violencia”, para “mejorar los servicios públicos que resultan esenciales para la ciudadanía en general” y para usos “de naturaleza o contenido social que le garanticen a sectores de vulnerabilidad acceder a prestaciones básicas tendientes a mejorar sus condiciones de vida, salubridad, higiene y seguridad”.
Respecto del FPI, el destino es más específico: “Contribuir al financiamiento de aquellos programas o proyectos de inclusión, participación y la autonomía de las personas con discapacidad en todas las actividades de la vida diaria (…)”.
En paralelo, también seguirán vigentes hasta diciembre de 2027 otros fondos como el “Fondo para la lucha contra el fuego”, el “Fondo para la asistencia social”, el “Fondo para la prevención de la violencia familiar” y el “Fondo solidario de cobertura y financiación para desequilibrios de la Caja”, entre otros.
Lo que no fue renovado (no figura en las modificaciones en el código tributario para 2025) es el “aporte extraordinario” creado en 2024 que podía recaer (y nunca lo hizo) sobre todos los contribuyentes de los impuestos patrimoniales (Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones). Se iba a determinar aplicando una alícuota del 0,05% sobre la base imponible atribuible a cada uno de esos impuestos.
Era de “carácter de emergencia” y “por única vez” para el año pasado. No se aplicó y la facultad para extenderlo podía ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2024.
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