El año político toma velocidad casi al límite del calendario
el país.
La agenda de la política continúa con su despliegue de marcada intensidad, mientras una gran parte de la sociedad sufre intensamente la coyuntura económica por las políticas de ajuste que impulsa el Gobierno nacional.
Y en medio de ese panorama, el regreso a la centralidad de Cristina Kirchner, ahora como principal figura opositora, parece haber impactado en ambos lados de la grieta.
De hecho hasta podría decirse que funciona como una carambola de billar a dos bandas, con implicancias tanto para la administración provincial de Axel Kicillof como para la gestión nacional de Javier Milei.
La elevada influencia de la exmandataria, especialmente sobre el electorado del conurbano, puede afectar las ambiciones políticas del gobernador y, al mismo tiempo, podría forzar a la Casa Rosada a repensar su estrategia de acuerdos y coaliciones, fundamentalmente con el PRO de Mauricio Macri, de cara a las elecciones legislativas del año próximo.
Para el presidente Javier Milei un traspié electoral en el mapa bonaerense -como le pasó en las elecciones generales y después en el balotaje del año pasado- podría simbolizar una fuerte señal de debilidad política justo a mitad de su mandato.
En esa línea de especulaciones, parece lógica la estrategia de sobreactuación de Kicillof a la hora de intentar consolidar su misión al frente del Estado bonaerense ante los numerosos inconvenientes y desafíos que plantea el recorte económico de los libertarios.
No pocos sobre la alfombra política comienzan a advertir que el plan de Nación es volver a prorrogar el Presupuesto 2023 para tener mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado y así, de paso, poder culpar en público al Congreso como único responsable de trabar el proyecto 2025. “Para Milei es toda ganancia política”, especulan en los despachos del centro platense.
De suceder la prórroga del antiguo Presupuesto, el ambiente puede verse agravado por el accionar político presidencial, si es que sale a despotricar mediáticamente contra legisladores y referentes de las distintas fuerzas políticas, a quienes no duda en calificar de “ladrones y ratas” cada vez que puede, señalan voces peronistas senatadas en las mesas de los cafés de las diagonales.
No obstante, ese no parece ser el caso del PRO, ya que “prácticamente son cogobierno dentro de la Casa Rosada”, chicanean los mismos referentes del arco opositor. Lo que aún les falta diseñar, aclaran, es si habrá o no alianza electoral entre amarillos y libertarios, y bajo qué condiciones.
Mientras tanto, y ante la proximidad del debate del Presupuesto bonaernese y la Ley Fiscal Impositiva que envió a la Legislatura la administración de Kicillof “en base a los parámetros macroeconómicos” de su par nacional, los bloques opositores anticipan que pedirán más fondos extras para los municipios y la posibilidad de debatir una reforma electoral que incluya la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).
Tanto el gobernador como los intendentes y legisladores peronistas que conforman el amplio universo de Unión por la Patria tendrían tomada la decisión de avanzar con una segmentación electoral de los comicios bonaerenses, separándolos de la elección para diputados nacionales.
Obviamente Kicillof deberá buscar previamente consenso con La Cámpora y el Frente Renovador para garantizarse apoyo parlamentario en caso de que tenga que convocar a sesiones extraordinarias para abordar un eventual cambio de régimen electoral.
Después de la aprobación de la Boleta Única que impulsó el Congreso nacional con el guiño del Gobierno libertario, en la sede del Ejecutivo de calle 6 arrancó una ronda de consultas con alcaldes para barajar distintos escenarios, entre ellos la posibilidad de un desdoblamiento electoral.
Lo cierto es que la tropa kirchnerista reniega de la BUP y no tiene en sus planes salir del sistema de votación tradicional con boleta sábana para los comicios seccionales y municipales.
Otro tema que anda dando vueltas pasa por la normativa de las reelecciones indefinidas de los intendentes pero esa cuestión difícilmente pueda entrar en el temario legislativo, aunque a veces es preferible no descartar nada.
Además, funcionarios bonaerenses y dirigentes del sector rural ya tuvieron un primer cara a cara por el impacto de la Ley impositiva para el año que viene.
El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, recibió a los integrantes de la Mesa de Enlace, a quienes les ratificó que los recaudadores de ARBA volverán a aplicar “bonificaciones” en el impuesto Inmobiliario Rural por “buen cumplidor” y por partida cuitficada. No obstante, se abrió una instancia de diálogo con representantes de las entidades de Carbap, Coninagro y Federación Agraria donde se analizarían distintas propuestas.
La oposición legislativa también maneja la intención de suprimir la posibilidad de que Kicillof tenga facultades delegadas para modificar alícuotas y valuaciones fiscales.
Con un manual de buenas intenciones debajo del brazo, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, decidió agudizar sus oídos ante los jefes de bloques –una suerte de evento de preguntas encadenadas- después de una fría primera presentación, vía Powerpoint, con las supuestas virtudes de la pauta anual presupuestaria frente a diputados y senadores.
En medio de ese contexto de negociaciones y pulseadas, intendentes macristas y radicales procuran meterse en el fragor de las negociaciones ante un tema clave: el financiamiento económico para sus distritos.
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