La discapacidad y el Estado ausente
La crisis histórica que arrastra el sistema de salud en la Argentina ha impactado con fuerza en la atención de especialidades de todo orden. Pero hay casos de extrema preocupación de los prestadores en áreas específicas y de alta sensibilidad, entre las que no se puede omitir la referida a la discapacidad.
La demanda relacionada con los magros aranceles que perciben los profesionales y la drástica reducción de pensiones no contributivas colocaron al sistema en una “situación desesperante”, según planteó en un comunicado el Foro Permanente para la Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad.
Para entender uno de los ejes del reclamo es pertinente indagar en la obsesión del Gobierno nacional por ajustar todo lo que se le cruce en el camino, aun en situaciones de innegable consideración humanitaria.
En ese sentido, los prestadores consideran que el decreto nacional 843/24 es un paso atrás en materia de pensiones no contributivas. Alegan que con ese instrumento se vuelve al viejo criterio de “pensión por invalidez laboral”, lo cual relega a un segundo plano al conjunto de pacientes con discapacidad.
Es verdad que se han descubierto pensiones fraudulentas, que beneficiaron a miles de personas que no presentan ningún grado de invalidez. Pero ello no es motivo para barrer con un decretazo los derechos que sí les asisten a quienes la padecen.
En relación con los problemas que se plantean en la provincia de Córdoba, no queda al margen de las objeciones el conflicto por los aranceles vigentes. Y, como es ya una costumbre, la obra social Apross está en el ojo de la tormenta.
Para Adrián Martínez, referente de la Federación Converger, la configuración arancelaria y de atención es aún peor en Córdoba, en función de coberturas que no superan el 70% de los ya críticos honorarios establecidos a escala nacional.
Como resultado de una crisis que no alienta esperanzas de pronta remediación, los dirigentes del referido Foro nacional advierten que, de seguir esta espiral de recortes y de aboliciones presupuestarias, se corre el riego de no poder sostener los servicios con la calidad que merecen.
Valga como ejemplo de la debacle que los dependientes que asisten a los trabajadores con discapacidad en los llamados Talleres Protegidos no reciben aumentos de sueldo desde 2023.
Como se observa, se trata de un cúmulo de desatenciones de parte del Estado en dos frentes: la antigua polémica por los aranceles y la repercusión de la crisis económica en la asistencia a la discapacidad.
La salud pública y la privada, en todas sus disciplinas, sienten los coletazos de malas administraciones que, como se ha dicho, transforman en víctimas indefensas a los pacientes, en particular a los que sobrellevan la vulnerabilidad desde las orillas de pobreza, sin acceso a los servicios básicos que debe honrar el Estado.
Los derechos de las personas con discapacidad no deben ser vulnerados bajo ningún pretexto.
https://www.lavoz.com.ar/opinion/editorial/la-discapacidad-y-el-estado-ausente/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.lavoz.com.ar/opinion/editorial/la-discapacidad-y-el-estado-ausente/