La Voz del Interior @lavozcomar: Taxis, remises y aplicaciones móviles: crisis u oportunidad

Taxis, remises y aplicaciones móviles: crisis u oportunidad

La falta de planificación estratégica en relación con el transporte público –entendida como previsión de eventos, análisis adecuado del mercado, y costos y beneficios para los usuarios– ha derivado en una crisis largamente anunciada. El motivo es la aparición de nuevos actores que pretenden penetrar el mercado regulado del servicio público de autos de alquiler.

Este servicio (en sus distintas modalidades, pero resumamos en taxis y remises) se encuentra controlado de modo exhaustivo por el Estado a través de su poder de imperio en la concesión de licencias con cupos limitados y tarifas específicas, según sea el día y la hora de prestación, y un enmarañado sistema legal y de reparticiones dedicadas al efecto.

La ordenanza base especifica las condiciones del servicio: “… de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, en forma regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida, a través del pago de una tarifa”. Es expectable por todos.

Tarifa regulada y mercado

La polinómica que determina el precio está fijada básicamente por la bajada de bandera, la ficha (100 metros o 110 para vehículos para personas con discapacidad), y el tiempo de espera, fijado en unidades de 60 segundos, conjugado con los horarios y días. Así, el reloj taxímetro determina el precio del viaje.

El caso paradigmático de viajes con origen en el Aeropuerto Internacional Córdoba es que cuadruplica la bajada de bandera e incrementa la ficha y el valor de la espera.

A este mercado pretenden ingresar de forma legal –aunque ya han penetrado de hecho– los conocidos prestadores de servicios de aplicaciones móviles. El mercado controlado derivó en una demanda insatisfecha que, además de no poder aumentar el precio –lo que sería lógico, por la falta de oferta y aumento de la demanda–, abrió una ventana de oportunidad a los competidores. Si así no fuese, no habría intención de ingresar. Es simple.

Si un competidor puede prestar un mejor servicio a un precio competitivo, el usuario lo va a elegir. Es inevitable. No hay que darle más vueltas al asunto.

Limitaciones y oportunidades

Los verdaderos obstáculos –en esta nueva etapa de la sociedad; digamos, en los últimos 10 años– han sido las reglamentaciones del Estado. Defender el control de precios no hace más que empobrecer a los prestadores del servicio y dejar que los sistemas alternativos florezcan.

Un servicio que no es competitivo pierde cuota de mercado. La demanda insatisfecha encontrará entonces alternativas, seguramente a menor costo. Al principio será ilegal y luego, cuando sea receptada por el legislador, terminará siendo sancionada la ordenanza correspondiente. Y así concluye el ciclo de ilegalidad.

Tarde o temprano la política de regulación y sus principios protectorios terminan destruyendo lo que pretenden proteger. Ahora bien, la experiencia internacional logró que subsistiesen los dos subsistemas y mejoraran los servicios. Entonces, ¿estamos frente a una crisis o frente a una verdadera oportunidad para unos y otros?

La aparición de las aplicaciones móviles, el poder gozar de un servicio en la palma de la mano, ha irrumpido en la vida de los seres humanos y llegó para quedarse.

El paradigma roto

De las leyes de oferta y demanda, no están ajenos los servicios públicos. Si bien en mi opinión personal no todo se rige por un sistema económico, menos aun macroeconómico, que no mira al hombre en su individualidad, la realidad es esta y difícilmente se pueda ir contra la ruptura del paradigma del Estado protector, y sus normas van caducando de manera lenta pero definitiva.

El efecto Villa Allende, se quiera o no, se va a replicar en las otras ciudades “dormitorio” de la capital provincial. Y muy a pesar de infructuosos esfuerzos de la política proteccionista, deberá la ciudad de Córdoba aceptar un principio constitucional básico, cual es el de la autonomía municipal de que gozan sus vecinos municipios.

Dejemos sentada una base: al medio no se puede poner al ciudadano. No es legal el actuar del Estado si impide mi libre circulación cuando yo me suba en un vehículo con chofer en Villa Allende, llegue a Córdoba y quede a pie; y el conductor, con una multa. Se van a tener que poner de acuerdo. ¿Cómo es posible someter al ciudadano honesto y de buena fe a semejante oprobio en un control vehicular?

La discusión hoy debería ser cómo hacemos para que el transporte público masivo de pasajeros vaya reemplazando el vehículo automotor –también los de las apps o los regulados por el Estado–, para que seamos una ciudad más amigable con el medioambiente, disminuyamos los tiempos de traslado entre el área metropolitana y la Capital de la provincia, e incorporemos sistemas de transporte multimodales. Al menos eso hacen las grandes urbes de los países desarrollados. En el caso particular de los taxis, coexisten ambos sistemas en plena libertad.

El paradigma del proteccionismo nos hizo pobres. No nos quedemos atrás otra vez.

* Abogado

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