El conflicto universitario se traslada al debate por el Presupuesto 2025
Una mala noticia para el Gobierno nacional: el conflicto universitario no se cerró con el veto a la ley que les brindaba más fondos a las universidades públicas. Mientras hay facultades tomadas en todo el país, la oposición buscará acorralar al oficialismo en el debate por el Presupuesto 2025, impulsando un sustantivo aumento de fondos para educación.
El presidente Javier Milei consolidó el grupo de los “héroes” que blindaron sus vetos a las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento universitario, pero ese grupo –de entre 85 y 87 diputados– no le alcanzarán para aprobar el Presupuesto para el año próximo.
Aunque no lo consiguió, para tratar de voltear ambos vetos, la oposición aglutinó a unos 160 diputados, un número que le sobraría para darle media sanción una Ley de Presupuesto con letra opositora. En el Senado la mayoría no oficialista está asegurada.
Después vendría otro debate con números otra vez ajustados, porque seguramente el Presidente insistirá con el veto, en caso de que los opositores le impongan una “ley de leyes”, como se denomina al Presupuesto.
Sin adelantarnos a los acontecimientos, lo más cercano en el Congreso es que este martes arrancará el debate por el Presupuesto en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el economista oficialista José Luis Espert.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya anunció que no irá a defender su proyecto al Congreso, para no exponerse a “un show de la oposición”, según justificó, con escaso sentido institucional.
Su mano derecha, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, es el elegido para afrontar los cuestionamientos opositores al proyecto que redactó Caputo y su equipo.
Después de las prolongadas negociaciones para tratar de evitar el veto a la ley universitaria, objetivo que no consiguieron, los opositores comenzaron a trabajar para imponer al Gobierno la duplicación de lo previsto en el proyecto oficial de Presupuesto para las universidades.
El oficialismo prevé destinar 3,8 billones de pesos a las universidades para el año próximo, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional, integrado por los rectores de las 70 universidades públicas de todo el país, solicitó 7,2 billones de pesos de financiamiento para 2025.
Las cifras pueden ser exageradas, tanto para abajo por parte del Gobierno, como hacia arriba de los rectores, pero la diferencia entre ambos es abismal: 3,4 billones de pesos.
Diálogo y dictámenes
En Diputados se han conformado tres grandes grupos, a la hora de sancionar leyes: el oficialismo, con el apoyo del PRO, algunos radicales y diputados que responden a partidos provinciales.
Al segundo lo integran el grueso de la bancada radical que conduce el cordobés Rodrigo de Loredo, el bloque Encuentro Federal que preside el peronista anti-k Miguel Ángel Pichetto y la Coalición Cívica.
Mientras que el tercero es el más opositor, integrado por la bancada kirchnerista (Unión por la Patria, con 99 bancas) y la izquierda.
En este mapa en la Cámara Baja, lo más probable es que haya tres dictámenes de Presupuesto: el oficialista, el que impulsará el radicalismo y Encuentro Federal, y el del kirchnerismo, que después termina apoyando la postura de la UCR y “federales”.
Hay conversaciones entre radicales y “los federales”, que integran los cinco diputados que responden al gobernador Martín Llaryora, para imponer un aumento “sustantivo” de los fondos universitarios.
Como el Presupuesto es un programa de gastos e ingresos, los opositores apuntan a podar recursos de algunas áreas que para el Gobierno parecen importantes: la Side (secretaría de Inteligencia el Estado) y la secretaría General de la Presidencia.
Según el proyecto del Gobierno, ambas áreas tendrán un aumento del 100 por ciento para el año que viene.
No es menor que esas áreas sean conducidas por dos funcionarios poderosos: la hermana del Presidente, Karina Milei, a cargo de la secretaría General de la Presidencia, y la Side que maneja desde las sombras el influyente asesor presidencial Santiago Caputo.
Los opositores más dialoguistas –radicales y “federales”– vienen haciendo también un minucioso repaso de los regímenes especiales.
“Nuestra prioridades son más fondos para las universidades, las provincias y los jubilados. Como está el proyecto del oficialismo es imposible de votar”, aseguró uno de los diputados peronistas cordobeses.
El viernes pasado, durante una visita a Jesús María, el gobernador Llaryora pidió “diálogo” para resolver el conflicto universitario.
“La fortaleza no está en la agresión, en ver quién insulta más. El Gobierno debe convocar a una mesa de diálogo urgente, porque este tema necesita una salida. Y a la salida la deben construir quienes gobiernan porque tienen una responsabilidad mayor. Si necesitan que los gobernadores participemos, allí estaremos, pero tenemos que destrabar el conflicto”, dijo Llaryora, ante una consulta sobre el conflicto en las universidades.
Desde el Centro Cívico aclararon que Llaryora no pretende ponerse al frente de la postura de la oposición.
“Fue una respuesta lógica a una consulta de un periodista. En Córdoba tuvimos un prolongado conflicto con el gremio docente (UEPC), y se resolvió con diálogo. A nivel nacional, no hay otra salida que negociar para evitar que se profundice el conflicto en las universidades. Con varias facultades tomadas no se podrán rendir los exámenes de fin de año”, agregó un ministro llaryorista, desalentando la posibilidad que Llaryora lidere la oposición en el debate por los fondos universitarios.
La cuestión que es que el financiamiento para las universidades no es el único cambio que impulsa la oposición. Como mencionó el diputado peronista cordobés, los fondos para las cajas previsionales y que los jubilados recuperen lo que perdieron este año, son otros objetivos.
Todas cuestiones que, según la visión inflexible del presidente Milei, amenazan con voltear la columna vertebral de su plan económico: el equilibrio fiscal.
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