Transporte público necesario para cada localidad
El Gobierno nacional desreguló los servicios de transporte de pasajeros de media y larga distancia, medida que entrará en vigencia dentro de dos meses, con la puesta en marcha de un nuevo registro de prestadores.
El servicio acusa en los últimos años una fuerte caída en la cantidad de pasajeros transportados, por el surgimiento de medios alternativos y por la expansión en el uso del automóvil.
Desde el punto de vista ambiental, los especialistas sugieren quitarle incentivos al traslado en vehículos particulares para privilegiar los medios masivos.
La iniciativa oficial apunta, en ese sentido, en la dirección correcta, al permitir que nuevos prestadores se sumen a las líneas tradicionales, con la exigencia de vehículos más modernos y con la conducción de choferes profesionales.
La desregulación incentiva el blanqueo de prestaciones que en la actualidad se realizan con ciertas irregularidades, ante la falta de liberación de rutas, de horarios y de precios.
Por caso, el traslado del aeropuerto Córdoba hasta la ciudad de Villa Carlos Paz –uno de los trayectos más demandados por turistas y visitantes relacionados con diversas actividades– no tiene un prestador oficial, pese a la intensa demanda.
Es factible que el nuevo marco regulatorio provoque una mayor oferta en los circuitos comerciales y turísticos más solicitados; por caso, entre la ciudad de Córdoba y la capital argentina, e incluso hasta la costa atlántica.
Esa posibilidad beneficiará a los usuarios en cuanto a la disponibilidad de unidades y trayectos, y posiblemente en los costos.
Para evitar que se produzcan situaciones de desfalco a los pasajeros, será necesario que las distintas jurisdicciones adecuen los controles sobre las unidades prestadoras, en cuanto a la verificación técnica de los vehículos y de la capacidad de los conductores.
Aunque el incumplimiento de esa calidad en el servicio puede alejar a eventuales usuarios, el Estado debe preservar el poder de policía en las ofertas de transporte público.
Asimismo, las autoridades provinciales y municipales deberán hallar los mecanismos para mantener los servicios que, en un primer análisis, no aparecen como rentables o atractivos de nuevas ofertas.
Esas poblaciones podrían repetir la experiencia del cierre de numerosos ramales ferroviarios, que sometió a pequeñas localidades al abandono y a un paulatino alejamiento de sus habitantes.
Está claro que la desregulación del transporte beneficiará a los principales corredores económicos, pero si no se buscan mecanismos de compensación, puede someter al olvido a los de menor uso.
Sin embargo, esos trayectos resultan vitales para las posibilidades laborales y de educación de miles de ciudadanos.
El transporte de pasajeros, por cuestiones ambientales y económicas, necesita ser mejorado, con una mayor y mejor oferta privada.
La premisa debe alcanzar también a los servicios aerocomerciales y marítimos, más allá de la resistencia que ofrecen los gremios ligados a ambos sectores, con dirigentes sindicales beneficiados con la actual cerrazón en las prestaciones.
No obstante, es necesario que los diferentes niveles del Estado velen para que cada población cuente con un servicio público de transporte con controles eficaces de las prestaciones.
Esta premisa supondrá un desarrollo más equilibrado e inclusivo de todas las regiones del país.
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