Guatemala: eligen magistrados de cortes de apelaciones en renovación de cuestionado sistema judicial
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Congreso de Guatemala eligió el jueves a 156 magistrados titulares de las cortes de apelaciones como parte de la renovación del cuestionado sistema judicial, un proceso observado que generó expectativas sobre la depuración de funcionarios señalados por corrupción.
Los nuevos jueces, elegidos de un listado de 300 candidatos propuestos por una comisión, tendrán en sus manos impartir justicia los próximos cinco años a partir del 13 de octubre de este año. La comisión de postulación no aceptó quejas y denuncias presentadas por organizaciones de sociedad civil contra algunos candidatos.
Tras una sesión de más de seis horas, los diputados votaron en menos de un minuto mediante un tablero electrónico por cada uno de los candidatos. Aquellos que obtuvieron más de 81 votos —de 160 diputados al Congreso— fueron elegidos para las cortes de apelaciones.
Organizaciones sociales habían denunciado que ya existían listas de personas consensuadas por los políticos para ser electos.
La semana pasada el Congreso también eligió a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de mayor jerarquía y que se encarga de validar los fallos de apelaciones.
Las elecciones de magistrados estuvieron vigiladas y fiscalizadas por organizaciones nacionales e internacionales que pidieron a las comisiones postuladoras —integradas por abogados, decanos de Derecho y magistrados de justicia— incluir en los listados a abogados probos, honorables y que no tuvieran señalamientos de corrupción. Sin embargo, varios abogados cuestionados fueron incluidos en los listados.
El sistema de justicia guatemalteco ha sido señalado en los últimos años por acciones violatorias de derechos humanos contra opositores políticos, operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
Una misión de la Organización de Estados Americanos y expertos internacionales denunciaron injerencias y amenazas por parte de la fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, para interferir en los listados de candidatos que fueron remitidos al Congreso para la elección final.
Porras está sancionada por más de 40 países, entre ellos, Estados Unidos y la Unión Europea por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país. Varios de sus colaboradores cercanos, también sancionados, se postularon para ser electos pero ninguno recibió apoyo.
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