Indagarán a sacerdotes del Opus Dei acusados de trata de personas y reducción a la servidumbre
El fiscalía federal N°3 de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Taiano, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, solicitaron la indagatoria de cuatro exautoridades del Opus Dei acusados de los delitos de reducción a la servidumbre contra al menos 44 mujeres y por presunta trata de personas en cuatro de esos casos, al involucrar eventos posteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.364.
La mayoría de las víctimas eran niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución. Los hechos denunciados ocurrieron entre 1972 y 2015.
El pedido fue presentado ante el titular del Juzgado Federal N°3, Daniel Rafecas.
Desde el portal del Ministerio Público Fiscal Federal se indicó que los imputados son cuatro sacerdotes. Tres de ellos ocuparon el cargo de “vicarios regionales”, mientras que otro el de “secretario regional a cargo de la sección mujeres”, dentro de la estructura jerárquica de la organización católica.
De acuerdo a la investigación, el proceso comenzaba con la selección de niñas y adolescentes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales alejadas de los centros de actividades de la organización, quienes eran dirigidas allí bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales, se indicó.
El MPF indicó que una vez ingresadas como “alumnas”, se las sometía a un régimen de “formación espiritual, profesional y laboral”. Si mostraban vocación para ser “numerarias auxiliares”, eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres.
“Una vez allí, debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, sin poder salir del lugar donde se consumaba la explotación, sometidas a distintos tipos de violencia. En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían”, se informó.
De acuerdo a la acusación, las víctimas “no contaban siquiera con la posibilidad de un descanso efectivo” ni del “respeto a cualquier otro derecho”. Se explicó que quedaban “atrapadas en una super estructura desprovista de derechos sin control ni supervisión alguna que perduró por años”.
La investigación determinó que las posibles candidatas eran reclutadas a través de contactos de confianza, como sacerdotes y miembros de la comunidad local, que luego les ofrecían a las familias que las niñas “recibirían formación y capacitación”.
“¿En qué condiciones una mujer pobre, inmigrante y menor de edad consiente ‘dedicar su vida’ a servir a los demás fieles? ¿Cuál es el valor jurídico de esa supuesta ‘voluntariedad’?”, cuestionaron Taiano, Mángano y Colombo, en la acusación.
Víctimas vulnerables
Ya captadas, las víctimas vivían en un estado de aislamiento total sin acceso libre a medios de información como radio, televisión o diarios y sin posibilidad de ver el exterior.
De acuerdo a los fiscales, la TV estaba bajo llave y sólo se les permitía ver películas estrictamente seleccionadas. “Eran vigiladas de manera contante, sin posibilidad de establecer vínculos afectivos y eran medicadas para apaciguar cualquier afectación a su salud mental derivada de la situación de sometimiento en la que se hallaban”.
Este control absoluto anulaba la autonomía personal de las víctimas, reflejando una realidad “opresiva y deshumanizante”.
Además, se encontraban en un entorno donde el acceso a la atención médica y psicológica estaba completamente controlado y manipulado, lo que perpetuaba su estado de vulnerabilidad y dependencia dentro de la organización.
Rotación de víctimas
Un aspecto central de los hechos investigados es la rotación de las víctimas entre diferentes centros del Opus Dei a lo largo del tiempo en diversos lugares de la ciudad o la provincia de Buenos Aires, del interior del país e incluso del exterior.
Según las denunciantes, estas decisiones eran tomadas sin su participación, siendo informadas sólo después de que las resoluciones se habían tomado.
De acuerdo a la investigación fiscal, las razones de los traslados eran variadas: cubrir funciones específicas, garantizar buena convivencia, motivos de salud, evitar vínculos afectivos y adaptarse a las necesidades institucionales.
Perspectiva de género
Los representantes del MPF resaltaron la importancia de abordar el caso desde un enfoque de género y de derechos humanos ya que todas las víctimas son mujeres, pobres y, en algunos casos, inmigrantes, y según la investigación, fueron explotadas a través de actividades típicas del hogar como limpieza, mantenimiento y asistencia, entre otras.
“Esta función a la que habrían sido sometidas no sólo era una práctica corriente, sino que se hallaba institucionalizada y normativizada. En efecto, el art. 9 del Código de Derecho Particular del Opus Dei establece que las numerarias auxiliares son parte de la sección mujeres y que ‘(…) dedican su vida principalmente a los trabajos manuales o tareas domésticas, que voluntariamente asumen como su propio trabajo profesional, en las sedes de los Centros de la Obra’”, resaltaron los representantes del MPF en su presentación.
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