Boleta única: histórico progreso institucional
En un hecho calificado de “histórico” por políticos, politólogos y analistas, la Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar la utilización de la boleta única de papel (BUP) como herramienta de sufragio para las elecciones de cargos ejecutivos y legislativos de orden nacional. Es decir, para las categorías de presidente de la Nación, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur.
Lo significativo y –se podría inferir– excluyente de ese paso institucional radica en que la legendaria boleta sábana pasó a ser parte del pasado en la Argentina.
Se cierra de esa forma un sistema electoral antiquísimo, que escribió tristes páginas sobre maniobras de dudosa calidad ética en las urnas y de operaciones multimillonarias con los recursos que el Estado asignaba a los partidos y alianzas en competencia para afrontar gastos casi siempre poco transparentes, como los destinados a la impresión de boletas.
La reforma determina que la BUP entrará en vigencia en las elecciones de medio término de 2025 (cargos legislativos), con lo cual se clausura un extendido debate que tuvo como protagonistas al Senado y a la Cámara Baja.
Son enormes los beneficios que puede aportar al sistema electoral argentino la boleta única de papel. En especial, en materia de ahorros dinerarios.
También en dirección a limitar al extremo la fatigosa tarea del controvertido puntero político barrial y del ejército de fiscales que era indispensable poner en las mesas de votación, lo cual perjudicaba a las fuerzas de menor alcance de control territorial.
Estos y otros complementos ya fueron examinados con éxito en la provincia de Córdoba, desde que se puso en vigencia la boleta única de sufragio en 2011. Límites al despilfarro fácil y mayor claridad (aunque nunca faltan los imprevistos que agitan las quejas de los opositores al poder de turno) en la resolución del escrutinio provisorio.
Ya no habrá montañas de papeletas en el cuarto oscuro, sino que la autoridad de mesa entregará a cada empadronado la BUP, cuyo formato será igual al que se usa en la provincia de Mendoza.
Con matices y advertencias referidas a la meticulosa información sobre el nuevo esquema que deberán brindar las autoridades a los ciudadanos y ciudadanas de todo el país, lo cierto que habrá modificaciones cruciales. Y, en ese sentido, vale insistir con el punto relativo a economizar recursos.
Es oportuno, al respecto, remitirse a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) de 2023 en Córdoba de cara a las presidenciales de ese año.
Por entonces, una agrupación ignota presentó siete listas de postulantes a nivel nacional. La Justicia electoral le rechazó dos, pero el negocio que significó el desembolso estatal para la impresión de votos fue el centro de un escándalo, justificado por el obvio abuso de un instrumento destinado a enriquecer la democracia y no a unos pocos bolsillos astutos.
Era de esperar que ciertos partidos habituados a las viejas artimañas votaran en contra del proyecto. Pero nada podrá empañar la histórica reforma que el Congreso acaba de sancionar.
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