El Salvador: fundación pide a la Corte Suprema agilizar demandas en casos de desaparecidos
SAN SALVADOR (AP) — Una organización no gubernamental pidió el martes a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que le dé tramite a cuatro amparos sobre personas desaparecidas entre 2011 y 2015.
Héctor Carillo, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), explicó que hace más de un año presentaron las cuatro demandas ante la Sala de lo Constitucional y hasta el momento no han recibido respuesta.
“Son casos de desapariciones que ocurrieron en el contexto de violencia generalizada que ha afectado a nuestro país y que no ha sido atendida adecuadamente por los gobiernos de turno”, explicó Carrillo.
Lina Martínez, directora de Acceso a la Justicia de Fespad, detalló los casos de Rodrigo Alejandro Montalbán, desaparecido en 2015 cuando tenía 16 años; los hermanos Cristian y Fernando Sánchez Rosales, desaparecidos el mismo año; Miguel Ángel Martínez, desaparecido en 2013 cuando tenía 22 años, y Josué Eleazar Elizondo, desaparecido en 2011 a los 15 años.
Sandra Martínez Landaverde, madre de Miguel Ángel Martínez, dirigió con la voz entrecortada un mensaje a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional: “son personas las que han desaparecido y son personas que no tienen voz y somos madres y queremos justicia para nuestros hijos”.
El 23 de septiembre el Congreso salvadoreño eligió al juez Henry Alexander Mejía como nuevo presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional, al igual que a otro grupo de magistrados que también se integraron al máximo tribunal.
La mayoría de los casos de desaparecidos son atribuidos a las pandillas que por muchos años han aterrorizado a la población de este pequeño país centroamericano.
Recientemente ocho organizaciones de la sociedad civil lanzaron un registro de personas desaparecidas en El Salvador, una herramienta que busca ser de ayuda para los familiares que desconocen el paradero de una persona.
En su último informe de labores la Fiscalía General de la República reportó 366 delitos de privación de la libertad entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, sin detallar la situación de las víctimas o si fueron encontradas.
De acuerdo con el informe más reciente de la Fespad se estima que en los primeros tres años del gobierno del presidente Nayib Bukele —que tomó posesión el 1 de junio de 2019— se registraron alrededor de 6.443 reportes de personas desaparecidas, de las cuales un 37,2% no han sido encontradas.
La Fundación agregó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió 54 denuncias de desaparición forzada de personas desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023.
Además, según el informe las organizaciones de derechos humanos documentaron 327 denuncias de desaparición forzada desde el 27 de marzo de 2022 cuando inició el régimen de excepción, una de las políticas de mano dura de Bukele para combatir a las pandillas.
Bajo el régimen de excepción las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días. El Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir sentencias de hasta 60 años.
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