Adelanto de “Fronteras”, el libro de Luciana Salinas: La mega causa de contrabando que inició un caballo
La periodista y escritora Lucía Salinas acaba de publicar una edición impresa de su libro Fronteras (en esta ocasión con la editorial Editores del Sur), con historias inéditas y ampliando la investigación a la frontera sur del país, incluyendo en esta nueva versión a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Fronteras, edición impresa y ampliada, discute aquello que transcurre en los bordes de nuestro territorio. La vida en esos límites donde se escurre el delito con constante facilidad.
La primera edición del libro (con editorial Leamos) se concentró en la frontera norte del país donde se mostró una enorme cantidad de argentinos conviviendo por diversos factores, con delitos como el contrabando y el narcotráfico. Según la frontera que se recorría la realidad iba modificándose como también el tipo de delito que se comete.
“Pero a su vez, abrió una discusión más de índole conceptual respecto a aquello que representa una frontera, esa línea divisoria que tan bien demarcada vemos en los mapas. En estos rincones del país tal idea no existe”, explicó la autora.
Ahora, en esta edición ampliada e impresa se expone una realidad replicada en el extremo sur del país.
Fronteras en esta nueva edición recorre la frontera más austral del país, en Tierra del Fuego y también la frontera de Santa Cruz con Chile. Sus complejidades, historias impensadas que se tejen allí en medio de la estepa patagónica con una frontera compleja, amplia, donde la línea divisoria entre un país y otro, también se vuelve difusa.
“La frontera sur tiene otra particularidad y es la extensión territorial de la Patagonia y las posibilidades que ello proporciona para el contrabando como para el narcotráfico. En esa estepa inmensa los hitos no siempre están para delimitar dónde comienza un país y dónde el otro. Y hay otra particularidad: campos fronterizos, donde la frontera es muchas veces un alambrado y son lugares utilizados para el contrabando”, agrega Salinas.
La autora decidió compartir un capítulo de su libro:
El impensado abandono en la estepa santacruceña: la mega causa de contrabando que inició un caballo
Se abrigó porque, pese a ser fin de año, la estepa patagónica no da tregua y mucho menos en esos recónditos lugares que se disponía a patrullar. Aquel punto geográfico es extremo, alejado de los centros urbanos, y proporciona la constante idea de que se pisa suelo de nadie. Pero su tarea es, justamente, reivindicar aquello que llamamos jurisdicción, y controlar que nadie pase por donde no debe. Pero la nieve suele desdibujar esos límites al sur de la provincia de Santa Cruz, donde ya la cordillera no oficia de frontera concreta, indiscutible.
El gendarme tenía un circuito delimitado, ciertos hitos –unas pequeñas casas de chapa– que se traducen en aquello que indica dónde termina el territorio argentino y dónde inicia el chileno. Cuando se subió a su caballo para adentrarse en la estepa patagónica, la marcha no cobró mayor impulso, había algo de rutinario en su andar, y la inmensidad del paisaje, esa planicie propia de la zona plagada de matas negras, parecía una cuadro estático.
Solo los guanacos irrumpen en él, otorgando movimiento.
El viento resonaba de fondo, no era intenso, pero envolvía al gendarme en un aire gélido que dificultaba el recorrido. Pese a ello y acostumbrado a la crudeza de aquel clima, continuó su marcha. La calma que venía marcando el paso se vio alterada por una imagen detrás de un alambrado. Un movimiento inusual, al menos eso creyó en un comienzo. La oscuridad que gobierna a las dos de la mañana lo confundió unos pocos minutos, pero después logró vislumbrar apuntando con una linterna que rápidamente sacó de su equipaje que no estaba solo en la inmensidad de ese suelo patagónico.
Un grupo de jinetes, no alcanzó a contar si eran tres o cuatro, con otros caballos a tiro sobresalían en el campo en cuyo interior solo un alambrado divide un país del otro. Cuando a voz de cuello se identificó como personal de Gendarmería, seguido de la orden de que permanezcan en el lugar, los jinetes hicieron todo lo contrario y el galope de los caballos retumbó junto con los gritos que le ordenaban a los animales apresurar el paso. Sin personal que pudiese llegar inmediatamente, solo los vio alejarse en medio de la meseta patagónica y perderse en la oscuridad de aquella noche cerrada.
Cuando se acercó al lugar, teniendo que atravesar un alambrado, se dio cuenta que había quedado abandonado un caballo, inmutable, pastando, ajeno a todo el movimiento que lo circundó pocos minutos atrás. El gendarme se acercó y vio que el animal iba cargado. Era utilizado para mover cigarrillos de contrabando. Sobre su lomo había más de dos millones de pesos en tabaco. Llevó a tiro el equino hasta la casilla de Gendarmería Nacional y no lo calificó como un hecho cotidiano, propio de aquellos puntos geográficos.
Al día siguiente, habló con el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, y le relató la situación. La primera reacción respondió a los hechos cotidianos que en las zonas fronterizas se producen, pero el gendarme insistió que aquella escena podría ser tan solo la punta de un ovillo del que había que tirar. La fiscalía asistió a sus argumentos y comenzaron una ardua tarea de investigación. Lo que inició con un caballo, abandonado y cargado de mercadería ilegal, en medio de la estepa patagónica se convirtió en un expediente penal con veintitrés personas físicas y jurídicas involucradas en suelo argentino.
Cuando se avanzó con la investigación, la justicia federal de Santa Cruz recibió una comunicación del departamento de Magallanes, del otro lado de la frontera. El fiscal Cristian Crisosto tenía recopilados catorce informes policiales que exponían que el delito no se vio impedido por los límites internacionales y que junto a dieciocho personas de nacionalidad chilena lograron burlar, por años, todo tipo de controles haciendo de los caminos clandestinos el paso habitual para mover incansablemente mercadería de origen ilícito.
En un documento conjunto, ambas fiscalías escribieron que todas estas personas llevaron adelante acciones dentro de una organización criminal de carácter transnacional que se encontraba operando desde territorio argentino, manteniendo vínculos con ciudadanos chilenos residentes en la comuna de Puerto Natales y Punta Arenas, los cuales estarían desarrollando actividades ilícitas vinculadas a los delitos de Contrabando, Tráfico de Divisas y Contrabando de Importación, destacando la internación ilegal a territorio nacional de cigarrillos de procedencia argentina que estarían siendo internados por sectores cercanos a Villa Dorotea y otras localidades próximas a pasos fronterizos de la Provincia de Última Esperanza, no descartando un posible vínculo con el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
El 7 de junio de 2022 en un barrio de la localidad de 28 de Noviembre, al sudoeste de Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, un vehículo con patente del año 2000, color blanco, alertó a los integrantes de las fuerzas federales. Ese auto que buscaba pasar desapercibido era utilizado con frecuencia para trasladar mercadería ilegal, de una lado y del otro de la frontera. Los investigadores determinaron que era tan solo uno de los muchos eslabones que integraban esa organización que se dedicaba al traslado de importantes cantidades de neumáticos, junto a otras especies, además de la internación y exportación clandestina de dinero en efectivo, tanto pesos argentinos como dólares americanos.
En la causa penal, figuran más detalles: “realizaron acciones asociadas al transporte físico transfronterizo entrante o saliente de moneda o instrumentos negociables al portador de un país a otro, divisas respecto de las cuales se ha establecido que se encuentran ingresando al comercio formal nacional mediante instituciones financieras, específicamente, Casas de Cambio de Dinero”.
La actividad de esta organización criminal se ejecutó a través de sectores cercanos a pasos fronterizos no habilitados de Villa Dorotea (Hitos XI y XII), Dos Lagunas (Hitos XVIII y XIX), junto a otros lugares como Cerro Castillo y Cerro Guido de la provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Cuando se logró establecer la estructura de funcionamiento de esta banda transaccional, el 16 de agosto de 2023, en medio de una fuerte nevada, las dos fiscalías resolvieron que era momento de solicitar los procedimientos. Encabezaron un megaoperativo: 47 allanamientos en simultáneo en ambos países, y en Argentina en tres provincias distintas. Fuerzas federales de Chile y Argentina trabajaron de forma mancomunada con un gran despliegue en el territorio austral alrededor de aquella frontera que de a tramos se vuelve invisible, simbólica.
Durante la madrugada, un extensa fila de vehículos se visualizó desde las dos localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, que están a 12,7 kilómetros una de otra y conforman el corazón minero de la provincia de Santa Cruz, al suroeste del territorio, en un recóndito lugar en el cual la organización criminal pretendía seguir actuando sin impedimento alguno. Las luces de las camionetas y camiones representaban un movimiento inusual en la zona. El día anterior había nevado copiosamente, y eso complicó las tareas previas al desembarco de las fuerzas federales en todos los domicilios que debían allanar. Incluso, una camioneta quedó varada en la nieve y otra tuvo que salir a su rescate, dejando afuera de los operativos a esos gendarmes porque no se podía perder tiempo en esperarlos. Durante más de tres meses la Fiscalía Federal de Río Gallegos y la Fiscalía con sede en la ciudad chilena de Punta Arenas hicieron un trabajo exhaustivo de inteligencia.
Se trabajó de forma mancomunada con la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y. a través del estudio de movimientos migratorios y de los pasos clandestinos, “se fue comprobando hecho por hecho, fue muy importante también las escuchas telefónicas que arrojaban reuniones entre las personas, entregas, puntos de encuentro, pedidos de determinada mercadería. Así, fuimos encontrando relación en cuanto a la parte logística. También pudimos determinar qué tipo de vehículos utilizaban, rutas, etc. Gracias a eso íbamos comprobando cómo iba creciendo, cada vez más, la organización”, relata uno de los integrantes del equipo de investigación.
Ese trabajo les permitió establecer que la organización de crimen transnacional venía operando desde el año 2018 sin obstrucción, sin impedimento de cumplir sus objetivos. Dos de los principales integrantes, durante todo ese tiempo y mes a mes, cambiaban los vehículos, instalando una red de comercios que funcionaban como pantallas para poder incorporar al mercado legal los fondos obtenidos a través de maniobras ilícitas. Una gran estructura montada. Esa capacidad económica, en algún punto, los terminó exponiendo. Pero pusieron en marcha un sistema perverso, donde un grupo importante de vecinos de las localidades santacruceñas cercanas a la frontera dependían de ese circuito comercial ficticio. “Por eso, nadie decía nada y en localidades tan pequeñas donde todos se conocen, las tareas de inteligencia fueron muy complejas de realizar porque en varias ocasiones detectaban nuestros vehículos o la persona que de civil estaba realizando las tareas, y eso era tiempo perdido. Debíamos cambiar a esas personas, esperar un plazo prudencial y retomar el trabajo de campo”, detalló personal de Gendarmería Nacional involucrado en el caso.
El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, escribió en un extenso dictamen que la investigación se concentraba en el presunto accionar de una organización ilícita trasnacional, cuyo principal cometido se orientaba al posible contrabando de mercaderías, entre ellas estupefacientes, y al lavado de activos de los bienes y el dinero que serían obtenidos de manera ilícita. En esa etapa de la maniobra es donde comenzaban a jugar un rol determinante las casas de cambio, los comercios, los estudios de contadores. Convencido del trabajo emprendido, en un hermetismo total desplegó un equipo de investigación. Su tono de voz firme pero que conserva la calma se impone en la conversación. Es metódico; se observa en su despacho, uno que está prácticamente de estreno y que es epicentro de una investigación transnacional que marcó un antes y un después a la hora de observar y perseguir organizaciones transnacionales.
El expediente penal se encuentra aún en pleno proceso de investigación, y se baraja la hipótesis de que las mercaderías ingresadas o egresadas ilegalmente serían cigarrillos (egreso hacia Chile), cubiertas (ingreso desde Chile), divisas y/o dinero (ingreso y egreso). A su vez, se sospecha el presunto tráfico de estupefacientes por parte de la organización ilícita investigada y/o de su transporte entre distintos puntos del país. Este conjunto de actividades les permitió a todas las personas involucradas obtener ganancias ilícitas de gran envergadura. Todos comparten un importante crecimiento en sus bienes a través de la compra de vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y una amplia variedad de negocios comerciales: drugstores, bares, locales bailables, madereras, carnicerías.
A la hora de ubicar geográficamente los puntos más calientes en la frontera, aquellos lugares a través de los cuales se realizaba el contrabando de toda la mercadería, la Fiscalía Federal señaló la utilización de caminos clandestinos, pero no descartó que se utilicen pasos habilitados en connivencia con funcionarios aduaneros y de Gendarmería Nacional.
Los pasos estarían ubicados en 28 de Noviembre (Santa Cruz), Río Turbio (Santa Cruz), El Calafate (Santa Cruz), Puerto San Julián (Santa Cruz), Puerto Natales (Chile) y Punta Arenas (Chile). Zárate recorrió cada uno de esos puntos de la provincia y del país vecino. Allí conoció a su par, Cristian Crisosto, un hombre afable en el trato, con más de dos décadas en la fiscalía chilena anticorrupción. Al hablar con él, se percibe su experiencia, entrelaza hechos, circunstancias, y procedimientos aplicados, con facilidad. Posiblemente, el hecho de que se desenvuelva en el sistema acusatorio donde la oralidad rige el ritmo de las investigación y acusaciones, le ha proporcionado un marcado manejo de la comunicación. Es enfático. A esta altura de su carrera, cuenta con una mirada integral, más globalizada de los delitos que debe combatir. No le fue difícil trascender la frontera y encontrarse en un trabajo de investigación compartido con el fiscal de Río Gallegos. Hubo algo en el expediente que les confirmó que el trabajo debía ser mancomunado y, en parte, fue la propia geografía de la frontera sobre la cual tienen jurisdicción. La estepa patagónica proporcionó a las organizaciones criminales caminos impensados. Rincones del territorio donde un paso hacia adelante representa pisar suelo chileno o argentino según en qué lado del alambrado se esté parado.
En la inmensidad del territorio austral, donde la cordillera comienza a disminuir sustancialmente, aparecen los campos fronterizos. Estancias ubicadas en una suerte de territorio binacional, carentes de hitos geográficos que especifiquen dónde termina y dónde inicia un país o el otro. Son estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, “que son administradas por miembros de la organización, como por ejemplo la ‘Estancia Verdadera Argentina’, ‘Los Chorrillos’ y ‘San José’ y ‘Las Lengas’”, determinó el fiscal federal Zárate. En esos campos solo un alambrado separa a Chile de Argentina, y el mismo se encuentra muchos kilómetro adentro del acceso principal donde se conjugan dos factores determinantes: la propiedad privada y los caminos en ese suelo nada amigable, que hace inviable cualquier recorrido sin vehículos especiales y sin una orden judicial. Un canal ideal para los contrabandistas, alejados de cualquier control posible, en medio de la geografía que se configura en algunos rincones como una “tierra de nadie”.
La geografía que debían recorrer es vasta y ese factor –supieron desde un primer momento– no debía dejarse de lado a la hora de investigar los delitos cometidos en la frontera austral. Precisamente, fue uno de los tantos criterios acordados entre los dos fiscales. Ambos ministerios públicos fiscales constituyeron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) como herramienta de cooperación jurídica internacional para investigar y perseguir el crimen organizado transnacional. Allí estaban, con la firma de ese convenio, trascendiendo la frontera y aplicando una mirada integral a la hora de comprender y perseguir los ilícitos que se desarrollaban en la zona. Los funcionarios judiciales de Río Gallegos fueron los primeros en contactar a sus pares de la región magallánica para pedir información respecto a un grupo de personas que el fiscal Cristian Crisosto tenía bajo investigación. Estaban detrás del mismo grupo, en simultáneo y sin saberlo hasta aquel llamado telefónico. A raíz de ese contacto, empezaron a trabajar juntos la causa que cobraría trascendencia internacional por el tipo de pesquisa colectiva que se emprendió y los resultados de la misma. Desde sus respectivos despachos, ubicados en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, los fiscales exponen una mirada bien particular respecto a esos puntos cardinales donde la frontera parece desdibujarse, allí donde no resulta tan determinante distinguir qué suelo se está pisando. Coinciden en plantear que en este expediente las estancias situadas estratégicamente cumplieron un rol fundamental. “Estamos hablando de estancias específicamente muy grandes y extensas, en zona de frontera. Nada que ver con lo que es la otra geografía del resto del país”, explica el fiscal Julio Zárate y relata que en medio de la investigación tuvo la oportunidad de entrevistarse con uno de los cuidadores de estos campos fronterizos, ajeno a la maniobra pero testigo ocular indiscutible de los vehículos que ingresaban por esos campos. No era lo único que observó, sino cómo las personas que con frecuencia abrían la tranquera y circulaban por esos lugares en cuestión de semanas cambiaban sus vehículos de gama media a camionetas 4×4 que valen más de setenta mil dólares. Ese es un punto de inflexión para los investigadores, porque entienden que se pone en juego otra cosa: el conocimiento colectivo de cierto proceder de un grupo de personas. Al respecto, sostuvo el responsable de la investigación: La gente vive de otra manera cuando obtiene el rédito del delito. No podemos dejar de atribuirle tampoco a todos aquellos que estaban cerca, el conocimiento de algunos hechos porque hay evidencia sobre algunos propietarios, de algunos inmuebles, que estaban al tanto de que había algún tipo de problema, o que estaban metidos en algo raro, por decirlo de alguna manera.
“Una estancia fronteriza, una zona de pampas, una estepa” son todas las expresiones que utilizó el fiscal federal de Chile, Cristian Crisosto, y con esa introducción cuenta que dieron, durante la investigación, con una estancia que era fronteriza del lado chileno. La persona que la cuidaba estaba vinculada con los argentinos y así descubrieron que era fácil para ellos armar ese corredor. Lo que se determinó que parte de la banda arribaba al campo del lado argentino y allí acopiaban grandes cantidades de mercadería, de la más diversa, en galpones y después comenzaban a moverla a través de estos pasos ilegales.
“¿Por qué era fácil? Porque ingresaban a un inmueble que estaba completamente protegido en la inmensidad del estepa y ahí guardaban vehículos, marihuana, cigarrillos, divisas”. Para tomar mayor dimensión de la situación, con las imágenes en mano –satelitales todas ellas– de cada uno de los campos fronterizos utilizados para el contrabando de mercadería como de drogas, los fiscales las ubicaron en un mapa de grandes dimensiones que ocupaba por completo la mesa de la sala de audiencias. Sobre aquella cartografía ubicaron las referencias de esos campos, bastante alejados entre sí, pero que resultaron muy funcionales a la banda de crimen transnacional. Incluso sobre esa delimitación tan precisa que estos mapas ofrecen, resultaba complejo especificar dónde comenzaban los campos y donde concluían. Este tipo de particularidades es la que llevó al fiscal chileno a referirse a la frontera austral como una con “extrema fragilidad”, por la imposibilidad de cubrir con personal calificado su extensión y esos puntos recónditos, donde la frontera es tan solo un alambrado.
En el norte de Argentina, en los límites con Brasil o Chile, Bolivia, Perú, se llama a esa frontera como porosa. Bueno, acá los poros son bastantes, son gigantes. En el fondo, la frontera acá ni siquiera puede calificarse como una frontera porosa. Acá tenemos, entre Tierra del Fuego y la provincia de Santa Cruz, seis pasos fronterizos. Entonces, tenemos una situación estratégica, geográfica, bastante proclive a los pasos fronterizos no habilitados, porque además, no tenemos un hito geográfico que marque como frontera, no hay una montaña, un río que haya que cruzar. Acá es una estepa y por eso existe una fragilidad fronteriza que permite dar lugar a una actividad potencialmente ilícita. El carácter de estepa fronteriza, la falta de algún hito geográfico que marque la frontera, y la falta de personal de fiscalización, tanto en Argentina como en Chile, hacen que acá la frontera sea una zona frágil y que permita el traslado indiscriminado, de distintos tipos de mercaderías para ambos lados de la frontera.
En este punto, la fiscalía argentina definió que los involucrados en la maniobra delictiva se organizaban en grupos. El primero de ellos, denominado “Gasparini”, incluye a cuatro personas del clan familiar y otras nueve personas. Se los acusa de dedicarse, esencialmente, al contrabando de cubiertas, cigarrillos y dinero. Una de las principales sospechas en el expediente es que las cubiertas eran ingresadas por pasos no habilitados por la familia Gasparini, utilizando los campos fronterizos: Estancia La Verdadera Argentina. Al administrador del lugar también se lo involucró en la investigación ya que era quien permitía el constante movimiento de vehículos trasladando la mercadería. Había un grupo de personas que asistía en la logística y traslado de la mercadería a través de la empresa JAS SRL.
“Lo que descubrimos es que los Gasparini poseen varias distribuidoras ubicadas tanto en 28 de Noviembre y Puerto San Julián en Santa Cruz como en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que cuentan con grandes depósitos para acopiar mercadería”, indicó el fiscal Zárate. Otro grupo de integrantes de esta misma banda también declaró ante la AFIP kioscos, boliches y bares. Todos lugares con depósitos, pero que además son actividades comerciales que les permitían disimular los ingresos ilegalmente obtenidos. Otra pata clave en esta estructura son los estudios contables, y la familia Gasparini cuenta con uno en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
Todos estos puntos fueron unidos por las fiscalías de ambos países. Y apareció durante el entrecruzamiento de datos y documentación de las empresas que la familia Gasparini habría ganado “varias licitaciones de Gendarmería, para la venta de mercadería y prestación de servicios, que fueron gestionadas a través de Omar Ariel Flores, encargado del área correspondiente dentro de esa fuerza de seguridad”, explica el dictamen del Ministerio Público Fiscal que tiene bajo investigación a más gendarmes como partícipes de esta maniobra. Los delitos no son aislados, y si algo viene mostrando el crimen organizado, es la capacidad de ampliar los rubros y el trabajo bajo la lógica de una empresa, tercerizando varias acciones para impedir una relación directa entre todos los involucrados, pero eso –a su vez– les permite abarcar un territorio aún mayor, utilizando diversas rutas y grupos asentados en lugares cercanos a los pasos fronterizos. Bajo esa lógica, la fiscalía decidió encarar la investigación. No solo entender que se está ante una banda de crimen transnacional, es decir, un delito que no distingue fronteras, sino que evolucionan estos grupos a una velocidad inaudita, o más bien: propia de los tiempos que corren. Esa mutación de los grupos criminales les otorga una enorme laxitud a la hora de resolver qué mercadería es la que ingresarán al circuito del contrabando. Siempre es aquello que les genere el mayor rédito económico, de allí su ductilidad.
Un extenso listado de inmuebles fueron objeto de esta investigación conjunta. Explicó el fiscal federal de Chile: Todos fueron adquiridos con dinero sucio, se incautó una embarcación, se allanaron dos casas de cambio donde se blanqueaban todos estos activos. Entonces, tenés el dinero ilícito del contrabando, la compra de propiedades y, por otro lado, todo eso como parte del blanqueo de activos. Hay que entender que el lavado de activos está permitiendo que se pueda incorporar al mercado formal todas las ganancias de la organización criminal, y eso hace más fácil que se puedan generar estos delitos.
Su par en suelo argentino, con una mirada concordante, añade: Estamos ante una mecánica dineraria, un caudal de fondos que debían ocultar de alguna manera. Y cuando se observa en detalle a las personas involucradas, no podían justificar su capacidad económica. Del lado chileno se logró verificar que había casas de cambio dentro del circuito de dinero, que trabajaban específicamente en el tema monetario. Era todo un pasaje dentro de la causa, de movimiento de divisas como parte de las operaciones de contrabando. En los escritorios de los fiscales Zárate y Crisosto la prueba reunida puede observarse a simple vista, como en los muebles laterales. Cajas con documentación secuestrada, imágenes satelitales, informes periciales de los equipos electrónicos, entre una gran cantidad de información fiscal, financiera, que se fue incorporando con el correr de los meses.
Con diferentes sistema jurídicos (Chile tiene el sistema acusatorio) y a 261 kilómetros de distancia, fueron trazando los lineamientos de la investigación: una organización transaccional demanda esa misma mirada, sin distingo de la frontera, aunando esfuerzos de un lado y del otro de los límites internacionales y un continuo intercambio de información que resultaba de las tareas de inteligencia. En ese devenir de la investigación, se determinó la participación de otro grupo, llamado “Toledo”. Tres personas bajo ese apellido operaban con la colaboración de otras cuatro personas. También se dedicaban al contrabando de cubiertas, cigarrillos, dinero y estupefacientes. La justicia determinó que cuentan con un negocio de madera y una carnicería en la ciudad de 28 de Noviembre, denominadas “La Gauchana”. Para llevar a cabo ese cometido ilícito, contaban con la asistencia de otras dos personas que se dedicaban a administrar la Estancia Los Chorrillos, otro campo fronterizo, utilizado para el paso ilegal de la mercadería.
Una instancia siguiente completa el tablero: los ingresos ilegalmente obtenidos de esas actividades serían integrados al circuito económico a través de los comercios de los integrantes del otro clan. Los eslabones de esta cadena es aún más amplia. Los fiscales determinaron que participaban más personas que, si bien no pueden ser asignadas a un grupo en particular, “intervienen en la organización y participan de las maniobras ilícitas desplegadas por ella”. En esta apartado se incluyó a los administradores de la Estancia La Verdadera Argentina, por donde ingresaría y egresaría ilegalmente mercadería, a personas responsables de otras maniobras de contrabando utilizando estos campos fronterizos, uno de ellos denominado Estancia San José, y también a quienes ingresaban a suelo argentino cubiertas producto del contrabando y las vendían en comercios establecidos en distintas localidades de Santa Cruz, y –una vez más– a un contador, que le llevaba la contabilidad a las empresas utilizadas para el blanqueo de activos. Con el avance de las tareas de inteligencia, la PDI determinó que todas estas personas de nacionalidad argentina operaban en tándem con un grupo de chilenos. Esta red se logró establecer a través del análisis de las comunicaciones telefónicas interceptadas: 18 hombres y mujeres radicados en Chile eran el brazo operativo del otro lado de la frontera de estos clanes identificados en Santa Cruz.
En este punto, la justicia federal con asiento en Río Gallegos chocó con el sistema jurídico que es el inquisitorio, donde todo se tramita por escrito, por eso también se lo conoce como oficioso. Del otro lado de la frontera austral, el fiscal Crisosto ya realizó la audiencia de acusación. El sistema acusatorio todo lo hace más ágil y, a su entender, eso también permite que la batalla contra las organizaciones criminales no sea tan asimétrica. “Ponerse de acuerdo con alguien que litiga en otro sistema judicial distinto al nuestro fue todo un desafío. Mientras ellos están en el acusatorio, nosotros funcionamos en el sistema mixto. Llegar a acuerdos con dos sistemas totalmente distintos, para poder atacar una organización transnacional, es algo que expone la precariedad de nuestro sistema jurídico argentino”, indicó Julio Zárate, responsable de la Fiscalía Federal de Río Gallegos. Cuando analiza el estado de situación actual, la preocupación está latente. En Chile, el fiscal Crisosto se prepara para la instancia del juicio con todas las pruebas reunidas y con la audiencia de formalización de las acusaciones ya realizada. En tanto, en la capital santacruceña la realidad es muy distinta.
El primer dictamen fue modificado por el juzgado y regresó a la fiscalía para profundizar una serie de líneas de investigación y reformular las imputaciones. Dos instancias sumamente distintas. Pero además, en suelo chileno el Ministerio Público Fiscal detuvo a las 18 personas involucradas que están a la espera del juicio, diametralmente distinto a lo que ocurrió en Santa Cruz: todos se encuentran libres a la espera de las imputaciones. “No tenemos ninguna certeza de que todas estas personas hayan dejado de delinquir, todo lo contrario, propio de la movilidad de este tipo de organizaciones lo más probable es que estén operando en otras localidades cercanas, pero aún no podemos, ni siquiera, embargarlos y con esos recursos deben seguir llevando adelante sus actividades ilícitas”, confesó uno de los investigadores del caso.
En Chile, tan solo en bienes incautados la justicia contabilizó una cifra que superaba los quinientos millones de pesos de ese país. El monto en Argentina es, incluso, un poco más. Expuso el fiscal Crisosto: En el fondo estas personas tenían las ganancias del contrabando y del tráfico puesto en una enorme cantidad de inmuebles, llegamos a secuestrar una embarcación, como la importante cantidad de divisas que se incautaron en las diversas casas de cambio. Es importante la privación de la libertad de estas personas, porque son un peligro para la seguridad de la sociedad, pero mucho más importante aún es quitarles el financiamiento. Quitarle los bienes, privarle de los bienes que han producido, puesto que se corta el flujo de dinero o de financiamiento para otros delitos. Reuniones privadas, bajo un extremo hermetismo; comunicaciones telefónicas determinantes para unir cabos; viajar por tierra de un lado al otro de la frontera para revisar la prueba que se iba reuniendo y más encuentros que debían pasar desapercibidos fue el ritmo que imprimieron durante meses a la tarea conjunta.
La metáfora elegida por uno de los fiscales a la hora de pensar cómo funcionó el ECI es la de una mesa: cada integrante de la misma constituye una pata que logra darle el equilibrio necesario para que se mantenga firme, en pie. Relató el fiscal Zárate: Por un lado, tenés a la PDI, del lado chileno, Ministerio Público de Chile, del otro lado a las fuerzas federales argentinas y a la fiscalía, si una de esas patas estaba un poco más arriba de la otra, la mesa estaba desbalanceada. Todos entendimos que formamos parte de lo mismo, pero cada uno con su función específica. Respetamos mucho, obviamente, los tiempos que teníamos de trabajo por lo que es la investigación, pero a medida que se fueron dando las investigaciones, interceptaciones telefónicas, daban y confirmaban lo que estábamos haciendo. Así como las organizaciones criminales encontraron un ducto entre los dos países, los investigadores hicieron lo mismo: trazaron un camino conjunto trascendiendo la frontera e incluso sorteando las dificultades que representan dos sistemas jurídicos antagónicos.
Con el tiempo y las medidas de prueba en curso, las fiscalías fueron corroborando las sospechas iniciales, pero resolvieron que no se quedarían solo con el contrabando. A esas alturas de la investigación, la idea de una economía criminal atravesaba el expediente: no son delitos aislados, hay una estructura que va financiando otros ilícitos. No se circunscribieron únicamente a los puntos geográficos de esa frontera austral por donde se traficaba la droga, se contrabandeaba la mercadería. Los estupefacientes, las cubiertas, los cigarrillos provenían de algún lugar y se determinaron a dar con el origen de esa ruta, una que los llevaría a determinar la ruta de estas organizaciones que no solo no entendían de fronteras, sino tampoco de distancias.
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