Un policía y un soldado, presuntos líderes de una banda que hacía estafas telefónicas
Podría tratarse de la punta de un iceberg, con un número indeterminado de defraudaciones y con muchos más integrantes. Por ahora, la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de la ciudad de Córdoba, Valeria Paula Rissi, dictó la prisión preventiva a tres integrantes de una presunta asociación ilícita que sería responsable de numerosas estafas telefónicas.
La instructora realiza una investigación a partir de una denuncia procedente desde Zapala (Neuquén), que presentó una persona damnificada a partir de llamados telefónicos originados en la provincia de Córdoba. Este primer hecho, a su vez, permitió ir configurando el perfil de una banda que se dedicaría a estafar a personas de otras provincias a través de comunicaciones vía telefonía celular.
Según lo que describen quienes analizan esta causa, el engaño persigue que el damnificado suministre, sin darse cuenta, algún dato o marque una clave que permita un acceso remoto a su celular.
Una vez que consiguen el dato de una cuenta bancaria o acceden al control del aparato, logran acceder por home banking y se llevan todos los fondos depositados. Además, generan préstamos a cargo del titular y los cobran a través de una cuenta de ellos que luego es vaciada.
Se analizaron las primeras estafas con transferencia electrónica de dinero a partir de un engaño y se encontró la primera pista. Una vez que refinaron las búsquedas, se determinó el titular de una cuenta “destino” a la que se había desviado un monto considerable. José Edgardo Olivares Palomo (27) fue el primer detenido en la causa. Está domiciliado en la ciudad de Córdoba, en barrio Villa Alberdi (cercano a Villa Páez). A partir de su detención, fue posible obtener la prueba que permitió profundizar la pesquisa.
Según los primeros pasos de esta instrucción, el modus operandi de esta organización consistía, como suele ser habitual en estos últimos años, en realizar engaños telefónicos con el ofrecimiento (falso) de una “reparación histórica” a jubilados, un ingreso familiar de emergencia (IFE), el aviso para prevenir el uso de una tarjeta de crédito muy usada en Córdoba, alguna oferta para pagar más barato un servicio de televisión y otras artimañas que, como ardid, suelen tentar a las víctimas.
A partir del análisis de la prueba secuestrada a Olivares Palomo, fue posible determinar que había otros damnificados en Mendoza y en otras localidades de provincias de la Patagonia. Aparentemente, de acuerdo a lo que se está investigando, los autores de los llamados tomaban alguna guía (u otro listado) y hacían decenas de llamados a un mismo lugar.
Se amplían los integrantes
Pero a poco de ahondar en estas evidencias, se estableció que otros dos cordobeses de barrio San Ignacio (en el noroeste de la ciudad de Córdoba) serían los “fundadores” de la asociación ilícita que integraba Olivares Palomo. Los hermanos Javier Gonzalo Pérez (34, policía) y Rodrigo Ezequiel Pérez (32, hasta hace meses soldado voluntario paracaidista en el Tercer Cuerpo de Ejército) habrían convocado a otras personas “individualizadas” para cometer estafas telefónicas.
Las actuaciones dicen que ambos “idearon la manera de obtener un rédito económico indebido a partir de maniobras delictivas consistentes en defraudar a personas indeterminadas invocando falsas adjudicaciones de dinero por parte de la Anses o de otro organismo del Estado nacional en concepto del Programa Nacional de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados”.
El expediente continúa señalando que, “para ello, habrían convocado a los imputados (hermanos) José Edgardo Olivares Palomo y Karla Karen Olivares Palomo, y posiblemente a otras personas”.
A su vez, se determinó que Karla Karen Olivares Palomo era pareja del policía Javier Pérez.
En un segundo paso, la instrucción indica que así se formó “una organización con vocación de permanencia y con división de trabajo, destinada a cometer una pluralidad indeterminada de fraudes en perjuicio de diferentes titulares de cuentas bancarias”. En otras palabras, ni más ni menos que una “asociación ilícita”.
Además de esa imputación, a los tres hombres, que están detenidos, se les adjudica el cargo de “estafas reiteradas”. En cambio, a Karen Olivares Palomo sólo se le reprocha judicialmente un hecho de estafa y está libre.
Hay otras dos mujeres imputadas (también libres) por su presunta participación en uno de esos hechos, pero el peso acusatorio es menor. Ella son “RBC” y “BAP”, titulares de cuentas bancarias adonde se transfirió el dinero. Se investiga si estaban al tanto del origen doloso de esos montos.
Lo que sigue
Entre los horizontes que comienzan a vislumbrarse en este tramo incipiente de la causa, aún queda por determinar de manera fehaciente desde dónde exactamente se realizaban los llamados. No se descarta que haya sido desde un establecimiento penitenciario.
Los teléfonos celulares secuestrados a los detenidos serían una fuente abundante de datos para avanzar en la investigación.
Uno de los contactos que figuraban de manera activa en los chats telefónicos que servían para comunicar a los miembros de la banda todavía no ha sido determinado de modo fehaciente. El “nombre” con el que estaba identificado aludía a un equipo de fútbol capitalino. A partir de los diálogos que se analizan, ya se tienen datos más precisos que van más allá de un fanatismo deportivo.
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