Los acusan de usurpar y “vender” viviendas en la Capital y varios puntos del interior
Por orden de la fiscal de Distrito 2 Turno 1 de la ciudad de Córdoba, Lourdes Quagliatti, investigadores de la Unidad Judicial de Delitos Económicos realizaron en las últimas horas cinco allanamientos en diversos domicilios de la Capital provincial y en Alta Gracia.
En esos procedimientos detuvieron a cinco personas que quedaron imputadas por su presunta participación en una banda de 16 integrantes que presuntamente se dedicaba a usurpar viviendas para luego estafar a particulares con su “comercialización”.
Los cinco detenidos se suman a un presunto líder -ya privado de la libertad- que también está involucrado en los cargos de asociación ilícita, estafa, usurpación y falsificación de instrumento público. De acuerdo a datos judiciales, este presunto cabecilla fue identificado como Julio Alberto Torres (60).
La investigación consiguió recabar documentación para lanzar los procedimientos a partir de las evidencias que sostendrían que la banda actuaba aproximadamente desde 2017 o 2018 con el objeto de usurpar, apropiarse y comercializar ilegalmente al menos unas 20 propiedades inmuebles en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y de la zona centro y sur del Valle de Punilla, particularmente en Cosquín e inmediaciones.
Entre los barrios capitalinos se mencionan inmuebles diseminados en toda la ciudad: en el sur de la ciudad, como barrio Jardín, también en Ituzaingó, mientras en el norte en San Martín y en el noroeste Villa Rivera Indarte.
En otras localidades del interior, hubo denuncias de casas en las localidades de Mendiolaza (Sierras Chicas) y Anisacate (en Paravachasca).
El modus operandi del grupo
De acuerdo a las constancias de la causa que refieren los investigadores, los integrantes de la banda realizaban seguimiento y estudio de determinadas propiedades desocupadas, algunas por litigios familiares, otras por conflictos judiciales o directamente porque no había moradores.
Una vez que hacían la “selección”, según lo que refiere la investigación judicial, fraguaban títulos de propiedad utilizando la “firma” y copia falsa de un sello de una escribana que terminó haciendo la denuncia.
La investigación ya se había iniciado por los particulares que siendo dueños denunciaban la usurpación o de aquellos que ocupaban la vivienda y pretendían defender la posesión con títulos que les habían entregado y no tenían validez. Muchos de los ocupantes de los inmuebles usurpados eran compradores de buena fe, añaden los investigadores.
El líder Torres, detenido en primera instancia, decía ser empleado municipal y hasta utilizaba un vehículo “ploteado” para simular esa condición, señalan los investigadores.
De acuerdo a informes de la causa, Torres habría sido en su momento contratado en la Municipalidad de Córdoba.
Los primeros informes indican que hay varios familiares entre la organización, si bien en esta primera etapa no se han suministrado las identidades para resguardar actuaciones futuras.
El perfil de las personas involucradas, indican los pesquisas, no es de profesionales o funcionarios, sino de “particulares” con empleos u ocupaciones no relacionadas con el tráfico inmobiliario. Varios de ellos tiene comercios de pequeña envergadura.
Con las actuaciones falsas que les adjudicaban a la escribana con su firma y sellos falsos, dice el expediente, fabricaban poderes o cesiones de derechos.
Además, se indica desde Delitos Económicos que mencionaban una inmobiliaria usándole el nombre sin que sus propietarios tuvieran conocimiento ni participación de las maniobras.
Los primeros datos de la causa aportan que “dos de los principales impulsores” invocaban ser integrantes de una “importante inmobiliaria” de Córdoba, con lo cual fortalecían la posibilidad del ardid para garantizar el engaño.
La fiscal Quagliatti mantiene hermetismo respecto de los detenidos y los demás imputados.
En los próximos días se prevé que se conozcan nuevos cargos y el inicio de las primeras indagatorias.
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