La Voz del Interior @lavozcomar: Viva la mordaza, carajo

Viva la mordaza, carajo

Hace poco más de una semana nos enteramos, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Nación, que el Poder Ejecutivo dictó el decreto 780/2024, para reglamentar algunos artículos de la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública.

No resulta aleatorio el momento elegido para la publicación de este decreto: ocurrió justo al día siguiente de la entrevista en un medio nacional donde el presidente Javier Milei fustigó (una vez más) a un grupo de periodistas que, a través de una investigación, revelaron “facturación trucha” entre el mismísimo Milei y el Estado. Sí, cobró del erario público sin ponerse colorado.

Un retroceso

La ley sancionada en 2016 sobre acceso a la información pública representó un gran avance en la materia y fue celebrada por los más amplios sectores, muchos de los cuales hoy callan ante este retroceso normativo que significa el nuevo decreto.

El acceso a la información pública es un derecho ciudadano. Sobran ejemplos para entender con claridad lo que representa este derecho: gracias al ejercicio del registro de ingresos a la Quinta de Olivos, salió a la luz el escándalo de los alimentos guardados del Ministerio a cargo de Sandra Pettovello; o las jubilaciones de los expresidentes; o el envío de oro al exterior; o el detalle de gastos de los viajes al exterior de Milei y su hermana.

Con el reciente, imprevisto e injustificable cambio que incluye el decreto, a las definiciones de “información pública” y “documento”, y el aumento de los criterios de excepción para acceder a la información, las respuestas a muchos pedidos quedarían en la discrecionalidad y la arbitrariedad de las autoridades, y sin la obligación de contestarlos.

Sumado a ello, nos encontraremos además con la insensatez de la posibilidad de imponer indemnizaciones por violación al principio de buena fe, lo que constituye un gravísimo avance contra la libertad de expresión y de prensa, y atenta contra los derechos de los ciudadanos en general.

Lejos de ampliar y promover el derecho de acceso a la información pública, este decreto lo limita con un criterio totalmente restrictivo, contradiciendo incluso lo que la misma ley 27.275 prevé, al alterar su esencia y los principios consagrados. Esto, además de ser contra derecho, es –a todas las luces– arbitrario e ilegitimo.

Con este decreto, el Gobierno nacional pretende invertir lo establecido en materia de acceso a la información, cambiando el criterio de la ley, en la cual las limitaciones son las restrictivas, y no a la inversa, como el decreto aludido pretende establecer, donde la regla es la restricción.

Sólo una ley del Congreso Nacional podría modificar los criterios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, no así un decreto del Poder Ejecutivo.

El Gobierno ha demostrado una escasa o casi nula tolerancia a la crítica, agrediendo, deslegitimando, desvirtuando cualquier posición, opinión, que esté en las antípodas de sus pensamientos.

Arbitrario e ilegítimo

El Presidente ataca derechos conquistados y denuesta al Estado y a todo aquello que sea público. Es el gobierno del libre mercado, pero no un gobierno liberal, sino ultraconservador.

Esta decisión del Gobierno nacional refleja una actitud arbitraria y totalmente discrecional a la hora de regular el acceso a la información por parte de todos los ciudadanos; lejos, muy lejos, de garantizarla, como dice hacerlo.

Mientras el Presidente se autodefine como “el topo que destruye al Estado desde adentro” (con un orgullo difícil de entender) y transa con la casta a la que, dice, viene “a destruir”, hace recaer en el hombro de los más vulnerables el seudosuperávit.

Sus acciones están lejos de sus dichos y se acercan, más bien, a sostener y representar la antiquísima y para nada libertaria frase del siglo XVII: “El Estado soy yo”.

* Legisladora provincial (PRO bloque cordobés)

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