Viva la mordaza, carajo
Hace poco más de una semana nos enteramos, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Nación, que el Poder Ejecutivo dictó el decreto 780/2024, para reglamentar algunos artículos de la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública.
No resulta aleatorio el momento elegido para la publicación de este decreto: ocurrió justo al día siguiente de la entrevista en un medio nacional donde el presidente Javier Milei fustigó (una vez más) a un grupo de periodistas que, a través de una investigación, revelaron “facturación trucha” entre el mismísimo Milei y el Estado. Sí, cobró del erario público sin ponerse colorado.
Un retroceso
La ley sancionada en 2016 sobre acceso a la información pública representó un gran avance en la materia y fue celebrada por los más amplios sectores, muchos de los cuales hoy callan ante este retroceso normativo que significa el nuevo decreto.
El acceso a la información pública es un derecho ciudadano. Sobran ejemplos para entender con claridad lo que representa este derecho: gracias al ejercicio del registro de ingresos a la Quinta de Olivos, salió a la luz el escándalo de los alimentos guardados del Ministerio a cargo de Sandra Pettovello; o las jubilaciones de los expresidentes; o el envío de oro al exterior; o el detalle de gastos de los viajes al exterior de Milei y su hermana.
Con el reciente, imprevisto e injustificable cambio que incluye el decreto, a las definiciones de “información pública” y “documento”, y el aumento de los criterios de excepción para acceder a la información, las respuestas a muchos pedidos quedarían en la discrecionalidad y la arbitrariedad de las autoridades, y sin la obligación de contestarlos.
Sumado a ello, nos encontraremos además con la insensatez de la posibilidad de imponer indemnizaciones por violación al principio de buena fe, lo que constituye un gravísimo avance contra la libertad de expresión y de prensa, y atenta contra los derechos de los ciudadanos en general.
Lejos de ampliar y promover el derecho de acceso a la información pública, este decreto lo limita con un criterio totalmente restrictivo, contradiciendo incluso lo que la misma ley 27.275 prevé, al alterar su esencia y los principios consagrados. Esto, además de ser contra derecho, es –a todas las luces– arbitrario e ilegitimo.
Con este decreto, el Gobierno nacional pretende invertir lo establecido en materia de acceso a la información, cambiando el criterio de la ley, en la cual las limitaciones son las restrictivas, y no a la inversa, como el decreto aludido pretende establecer, donde la regla es la restricción.
Sólo una ley del Congreso Nacional podría modificar los criterios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, no así un decreto del Poder Ejecutivo.
El Gobierno ha demostrado una escasa o casi nula tolerancia a la crítica, agrediendo, deslegitimando, desvirtuando cualquier posición, opinión, que esté en las antípodas de sus pensamientos.
Arbitrario e ilegítimo
El Presidente ataca derechos conquistados y denuesta al Estado y a todo aquello que sea público. Es el gobierno del libre mercado, pero no un gobierno liberal, sino ultraconservador.
Esta decisión del Gobierno nacional refleja una actitud arbitraria y totalmente discrecional a la hora de regular el acceso a la información por parte de todos los ciudadanos; lejos, muy lejos, de garantizarla, como dice hacerlo.
Mientras el Presidente se autodefine como “el topo que destruye al Estado desde adentro” (con un orgullo difícil de entender) y transa con la casta a la que, dice, viene “a destruir”, hace recaer en el hombro de los más vulnerables el seudosuperávit.
Sus acciones están lejos de sus dichos y se acercan, más bien, a sostener y representar la antiquísima y para nada libertaria frase del siglo XVII: “El Estado soy yo”.
* Legisladora provincial (PRO bloque cordobés)
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