La sanción del presupuesto universitario en el Senado empuja a Milei a su segundo veto
En medio de reclamos contra el Gobierno nacional por el desfinanciamiento de las universidades nacionales, como la de Córdoba, la oposición se aprestaba a sancionar en el Senado una ley que actualiza el presupuesto para las casas de altos estudios y recompone los salarios docentes. Sin embargo, el presidente Javier Milei se dispone a vetar la norma y el Congreso debería insistir con dos tercios de los votos, algo que no pudo lograr esta misma semana con la movilidad jubilatoria.
El proyecto, ya aprobado en la Cámara de Diputados, contaba con apoyo de Unión por la Patria, la UCR y partidos provinciales, y era rechazado por La Libertad Avanza debido a su costo fiscal, estimado en $738.595 millones (0,14% del PBI) según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En el PRO había dudas y se abrió una discusión interna. En el bloque generaba incomodidad el rechazo en un tema sensible como la educación, tal como sucedió con la movilidad jubilatoria, donde la bancada de Luis Juez terminó votando a favor a contramano de los deseos del presidente del partido, Mauricio Macri.
No obstante, en el PRO tampoco simpatizaba la idea de confrontar con Milei y, como el voto del bloque no era decisivo (con el apoyo de kirchneristas y radicales ya se aseguraba una mayoría de más de 40 a favor), muchos evaluaban abstenerse. La larretista Guadalupe Tagliaferri, en tanto, tenía decidido votar a favor.
En primer lugar, la iniciativa establece una actualización de los gastos de funcionamiento por IPC (Índice de Precios al Consumidor) anual de 2023, con un impacto de $210.742 millones (0,04%) según la OPC. Y luego fija un ajuste bimestral por IPC 2024 de esos mismos gastos, por un total de $86.254 millones (0,02% del PBI).
Además, recompone los salarios docentes y no docentes del sistema universitario, con un impacto de $441.600 millones (0,08% del PBI). La recomposición será a partir del 1ro de diciembre de 2023 y hasta este mes, según la variación acumulada de la inflación durante ese período. Y, desde el mes siguiente a la sanción de la ley hasta fin de año, habrá un ajuste mensual también por IPC, salvo que haya un acuerdo paritario.
Por último, se incluye una ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles; y se indica que la AGN (Auditoría General de la Nación) deberá realizar auditorías sobre el gasto universitario y remitirlas al Congreso.
“Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario. Muchos pensamos que este tema era un acuerdo de la democracia. En 1983 teníamos 350.000 estudiantes y 25 universidades nacionales. Hoy tenemos más de 2 millones y medio de estudiantes y 57 universidades nacionales”, remarcó el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación y Cultura.
De Pedro advirtió que “estamos ante un gobierno que ataca directamente los principios fundamentales de la educación” y “ante un presidente que se jacta de que es un topo que va a destruir el Estado, y eso es la destrucción de las jubilaciones y de las universidades”.
Desde la UCR, el senador Flavio Fama, de Catamarca, recordó que la situación actual es la consecuencia de no tener ley de Presupuesto, ya que Milei prorrogó el del año pasado después de pedirle a su rival electoral y exministro de Economía Sergio Massa, “que frenara la discusión” de esa ley, con lo cual ganó discrecionalidad en la asignación de partidas.
Fama aclaró que la ley de financiamiento universitario “no busca incrementar el presupuesto de las universidades nacionales”, sino, en primer lugar, “resguardar los gastos de funcionamiento, que representan menos del 10% del gasto total asignado a estas instituciones”.
“Con ese menos del 10%, los rectores, decanos y directores de institutos tienen que hacer frente a seguros, a viajes de alumnos, al mantenimiento de plantas piloto, al pago de servicios, a becas de estudiantes, al sistema de extensión universitaria, al financiamiento de los sistemas de promoción de ciencia y tecnología, y una infinidad de gastos”, detalló.
Respecto de los salarios docentes (que representan el 90% restante del gasto), el CIN (Consejo Universitario Nacional) informó que “el 92% de los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza”, y en el caso de los docentes con 10 años de antigüedad, la cifra es del 87%, según datos del mes de julio.
“Tras la Marcha Federal Universitaria en abril en todo el país, se ha logrado una actualización de los gastos de funcionamiento, pero persiste el atraso en los salarios”, advirtió el organismo que nuclea a las casas de altos estudios. En Córdoba, por caso, la Universidad Nacional de Villa María declaró la emergencia salarial el pasado 7 de agosto.
Desde La Libertad Avanza, el senador Bruno Olivera advirtió que “durante el gobierno anterior, el de Alberto Fernández y de los opositores que hoy están impulsando esta ley, en 2023 se congeló el presupuesto de las universidades. La partida no se aumentó en un año donde hubo un 211% de inflación. Y además de que no se aumentaron las partidas, se giraban tarde, con un promedio de 60 días de atraso”.
“¿Dónde estuvieron el año pasado? Ya que están tan preocupados, ¿qué hicieron cuando eran gobierno?”, se preguntó el oficialista, y agregó que “lo más alarmante de este proyecto es que no establece de qué forma se va a financiar”.
En este escenario, Milei se encamina a vetar la ley y hay pocas posibilidades de que el Congreso pueda insistir con dos tercios de los votos: basta recordar lo que pasó este mismo miércoles, cuando Diputados no pudo ratificar la ley de movilidad previsional (le faltaron 13 votos) porque el Gobierno cooptó a cinco radicales que cambiaron su posición.
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