Reflexiones sobre el estilo presidencial
En el ámbito político, parece que va tomando cuerpo una nueva casta antisistema. Así percibimos, en distintos países, el crecimiento de la idea de transparencia libertaria como propuesta apuntalada por el apoyo de la masa electoral.
No voy a explorar aquí las medidas económicas del Gobierno nacional que en el futuro nos pueden brindar algunas sorpresas; me concentraré en examinar algunas decisiones políticas y ciertas zonas de penumbra que comprenden las resoluciones del Poder Ejecutivo.
En el manejo político del Poder Judicial, cada vez con mayor claridad se manifiesta el acercamiento de Javier Milei al estilo de gestión de Carlos Menem, y así parecieron entenderlo los colaboradores más cercanos del Presidente, con la sugerencia del honorable miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti.
La característica saliente de la gestión de Menem fue asegurarse una Corte Suprema adicta, y estimo que el actual presidente se orienta hacia esa dirección al proponer, a mediados de abril, al juez Ariel Lijo para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco.
Responsabilidad de elección
En sus declaraciones, expresó: “Tengo el culo limpio; no necesito que la Corte me salve. Por eso puedo hacer las reformas”. La lectura correcta de tal decisión debería haber sido: “Soy honesto; por eso puedo seleccionar a un deshonesto”. No advierte que proponer un juez corrupto, por su responsabilidad in eligendo, lo convierte en cómplice de su corrupto candidato.
Ahora debo referirme a los antecedentes del juez Lijo. Destacados analistas políticos, en numerosos artículos periodísticos, revisaron en forma pormenorizada el prontuario de este aspirante a tan ilustre cargo. Subrayaré sólo una pequeña muestra de su trayectoria como juez.
En 2015, un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) encontró inconsistencias patrimoniales. Como siempre, la punta del ovillo fue un lujoso estilo de vida y un patrimonio (declarado) que no se condecía con los ingresos que pudiera haber obtenido en el ejercicio de la profesión.
Lijo fue denunciado ante la Justicia por la tenencia de U$S 1,7 millones en una cuenta suiza. En 2016, una auditoría del Colegio de Abogados lo denunció por irregularidades en la tramitación de más de 20 causas por corrupción en el juzgado a su cargo.
En 2018, Elisa Carrió presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra él y el hermano de este, Alfredo Lijo. El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y La Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina se opusieron a su candidatura debido a sus antecedentes.
Una reciente encuesta de Synopsis midió la nominación de Ariel Lijo a la Corte y los resultados fueron contundentes: 80,4% en contra y 19,6% a favor.
Con estos destacados antecedentes, sin lugar a dudas, su designación contribuiría a aumentar el desprestigio de la administración de justicia.
Actitud agresiva
Ahora voy a analizar algunas de las declaraciones o decisiones de Milei que me sorprendieron, atento las banderas desplegadas en su campaña electoral.
Sin duda, ha instalado y contagia el perfil cultural prometido antes de las elecciones. Se trata del estilo agresivo de relacionarse en la esfera pública y privada, y que, en forma apenas perceptible, se va proyectando a toda la sociedad, a veces con desenlaces violentos en cualquier situación cotidiana donde haya desacuerdos.
Milei volvió a descargar su furia contra la prensa, uno de los principales blancos de sus críticas subidas de tono, en su ámbito preferido, las redes sociales. Esta vez, los apuntados fueron los periodistas Carlos Pagni y Marcelo Longobardi.
El 20 de agosto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires salió a expresar su “profunda preocupación” por las agresiones del Presidente y el desarrollo del derecho a la libertad de expresión. Parece acentuarse la intervención estatal.
El 2 de septiembre, Milei dictó un decreto que limita el acceso a la información pública, otro disparate en zancos del abanderado de la libertad, que muy rápidamente renuncia a sus raíces. A priori es inconstitucional, porque ningún reglamento puede modificar la esencia de la ley. Los decretos reglamentarios deben facilitar la instrumentación de la ley, no recortar derechos.
Las bancadas opositoras alcanzaron el cuórum y con 156 votos a favor, 52 en contra y seis abstenciones, lograron rechazar el decreto que otorgó $ 100 mil millones en gastos reservados a la Side. La disposición de esa suma en calidad de fondos reservados no armoniza con los principios de La Libertad Avanza, que, a juicio de quien escribe esta nota, debería adecuarse a LLR: La Libertad Retrocede.
En El imperio de la justicia, Richard Dworkin utiliza una figura que encuentro significativa para analizar el comportamiento de nuestros dirigentes. Imaginemos que a cada argentino parado en el Polo Norte le dijeran: usted tiene libertad de ir hacia donde quiera, excepto hacia el sur.
Vivimos una libertad política disfrazada; es prácticamente imposible penetrar la perversa estructura partidaria que declama libertad en todas las direcciones, excepto hacia el sur.
* Doctor en Derecho
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