Suicidio: un problema acuciante para la salud pública
En la provincia de Córdoba, las estadísticas sobre suicidios muestran que estos alcanzan niveles alarmantes. Entre enero y junio de 2024, se reportaron 141 casos. Fue la segunda causa de muerte violenta, sólo superada por los siniestros viales, que causaron 154 decesos en el mismo período.
El aumento de las cifras se percibe en la comparación interanual. En 2022, Córdoba registró 253 suicidios, lo que representa una tasa de 7,1 por cada 100 mil habitantes. En 2023, hubo 289 y la tasa se elevó a 8,1, lo que marcó un aumento de casi un 15% en un solo año. Si el registro del primer semestre de 2024 se repitiera en el segundo, estaríamos ante un número casi idéntico al del año pasado.
Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), algo más de 700 mil personas se quitan la vida cada año en el mundo. Por cierto, muchas otras personas intentan hacerlo y sobreviven.
Para la OMS, Argentina es el cuarto país con mayor tasa de prevalencia en América latina, con una tasa de 9,8 suicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de 2023. Visto así, Córdoba estaría por debajo del promedio nacional, pero acercándose progresivamente a esa cifra.
Para la mayoría de los especialistas, la falta de diálogo y la estigmatización del suicidio provocan, a menudo, falta de recursos y de apoyo para quienes enfrentan crisis emocionales. Durante años, se ha preferido silenciar el tema bajo el argumento de que si lo hablamos públicamente, podemos alentar a otros a que lo intenten. La estigmatización, por su parte, ha llevado a muchas familias a tratar de silenciar el suicidio de alguno de sus integrantes.
Una perspectiva más racional de análisis sería partir de la idea de que el suicidio no sólo afecta a “gente rara”, sino que cualquier persona puede enfrentar problemas de salud mental y tener pensamientos suicidas. Si bien no todas las personas que tienen estos pensamientos pasarán a la acción, sí debieran contar con información y tener acceso a recursos integrales de salud mental.
Eso implica que, en términos estatales, el suicidio debe ser abordado como un problema de salud pública, para que se implementen estrategias efectivas de prevención y de apoyo a las personas en riesgo.
Una vez más, seamos racionales. Por un lado, no existe algo así como el “suicidio cero”. Por el otro, los pacientes potenciales con problemas de salud mental superan los recursos que el Estado dispone para esta problemática.
Pero en este momento parece haberse impuesto una fuerte exigencia social a favor de la reducción del gasto público. Con todo, por las estadísticas de suicidio que mencionamos, es probable que la salud mental requiera de un aumento de su presupuesto.
En ese caso, la efectividad de los programas por financiar no podría evaluarse por la persistencia de casos de suicidio, sino por la disminución de las tasas que consiga en el mediano y largo plazo, así como por su dinamismo para poner en marcha estrategias que permitan atender de manera integral las necesidades de la población.
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