El uso de la IA en el Estado, regulaciones y la cuarta llave para destrabar inversiones en Argentina
En su viaje a EE.UU. entre el 28 y el 31 de mayo, Javier Milei se reunió con algunos de los popes tecnológicos de Silicon Valley como el CEO de Open AI, Sam Altman; el de Google, Sundar Pichai; el de Apple, Timothy Cook y el de Meta, Mark Zuckerberg. Un tema que cruzó estas charlas es el potencial de la inteligencia artificial como herramienta con la que estas empresas vienen experimentando y qué puede ofrecerles la Argentina para su desarrollo.
De hecho, hubo una cita específica en esos días de menor trascendencia, pero igual valor estratégico con referentes del sector como Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI; Marc Andreessen, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz; John Giannandrea, vicepresidente senior en Inteligencia Artificial de Apple; Alexandr Wang, fundador y CEO de Scale AI; Shaun McGuire, socio general de Sequoia; Anatoly Yakovenko, fundador de Solana y Larry Diamond, senior fellow en la Hoover Institution y profesor en Stanford.
Unas semanas más tarde, en otro de los trece viajes que el mandatario realizó en los primeros siete meses de gestión, visitó la ciudad de Bari entre el 13 y 15 de junio para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del G7. Según informaron desde el Gobierno, también allí la disertación del Presidente frente a los siete líderes del mundo industrializado versó sobre Inteligencia Artificial y Energía.
A esta altura, no es secreto que el Gobierno apuesta a posicionar geopolíticamente al país en este campo aún por explorar en profundidad de la inteligencia artificial. La Argentina, por sus condiciones de recursos naturales y clima, representa un potencial enclave para la experimentación en este campo y tanto el propio Milei como el jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, confirmaron que sus planes son transformar a la Argentina en el cuarto hub de desarrollo de IA, a la par de Estados Unidos, Europa y China.
Los cambios que esta tecnología motoriza son tan acelerados que el debate acerca de su regulación que camina en paralelo en diversos países del mundo amenaza con quedar obsoleto. De ahí que una parte de la biblioteca se inclina por enhebrar algún tipo de control genérico mientras que la otra mitad apuesta a una regulación acorde a cada sector donde se ponga en práctica la IA. Mayormente coinciden en la necesidad de una «regulación mínima» de base.
En la Argentina esta discusión también está presente en el Congreso en el marco de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja y en los frecuentes conversatorios con especialistas y empresas que organizan legisladores en paralelo. Esta semana, sin ir más lejos, hubo uno titulado «Desafíos Legislativos en la Era de la Inteligencia Artificial», organizado por los diputados del PRO Silvana Giudici y Martín Yeza.
En Diputados hay 19 proyectos de ley en torno a la regulación de la inteligencia artificial. Curiosamente, según cita en una crónica la Agencia de Información Legislativa Esfera Pública, solo hubo dos diputados presentes aparte de los convocantes y también del PRO: Gabriel Chumpitaz y Martín Maquieyra.
Federico Pinedo, actual sherpa del Gobierno ante el G20, indicó en su discurso de apertura que hay dos actitudes frente a la IA: «El miedo ante lo desconocido y pensar que estamos ante una situación que nos va a permitir ampliar la capacidad humana por varias decenas y centenas de veces». Se inclinó por la segunda: «Tenemos que hacer lo posible por hacer que el ser humano pueda expandir sus capacidades lo más que pueda. Esto va a suceder de cualquier manera. No podemos taparnos los ojos».
Puntualizó que, a su entender, «el sujeto de regulación es el ser humano, no la IA», lo que puede traducirse, en un futuro, en la necesidad de actualizar la legislación vigente modificando artículos de otras leyes. «Lo que hay que cuidar es el interés público que queremos defender. Hay que regular con la menor intensidad posible, si lo que queremos es que las cosas sucedan y se expandan».
En este último punto coincide con la línea que baja desde la Casa Rosada, mientras el Gobierno nacional ya avanza con el uso de la herramienta de IA en sus mecanismos de gestión tal como lo reportó en el informe de gestión que Jefatura de Gabinete presentó ante las múltiples preguntas de diputados y diputadas acerca del uso de la inteligencia artificial en el Estado argentino.
Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología califican a la inteligencia artificial (IA) como «una revolución tecnológica sin precedentes para la humanidad» y admiten que «avanza a un ritmo vertiginoso provocando transformaciones disruptivas en los diferentes aspectos de nuestra vida social». De ahí que consideran que «es necesario ser estratégicos en las políticas que desplegamos como país en torno a la IA, ya que hoy nos urge potenciar su desarrollo para no quedarnos atrás en un mundo que avanza rápidamente en esa dirección».
En rigor, empujan la aplicación de la IA en todo ámbito donde pueda brindar mejoras sustanciales, desde el agro a la biotecnología pasando por la Economía del Conocimiento y la seguridad, entre otras. Incluso la energía es vista no solo como un costo -por los recursos que insume- sino una oportunidad.
«La inteligencia artificial constituye una herramienta fundamental para potenciarlas, y el Estado debe contribuir generando un marco que propicie esa aplicación. Esto implica tanto adoptar estas tecnologías como buscar colocarnos a la vanguardia en su desarrollo y regulación, atendiendo a sus desafíos y riesgos potenciales, y garantizando un desarrollo seguro», sostiene el Gobierno en el informe de Jefatura de Gabinete entregado en el Congreso esta semana.
El potencial de la energía limpia para impulsar la IA
El veloz desarrollo de la inteligencia artificial trae aparejado una serie de dilemas por resolver que van más allá de lo ético. Una preocupación natural gira en torno a la cuestión ambiental por el impacto de esta nueva tecnología. Y aunque esa no parece ser una de las preocupaciones del Gobierno atendiendo a su concepto laxo de la agenda ambiental, el tema sí asoma en los debates que se llevan adelante en el Congreso.
En este sentido, hay quienes sostienen que el potencial de la Argentina para explotar los recursos renovables en la generación de energía limpia puede incluso ser un multiplicador que funcione en ambas direcciones, al complementar las necesidades que insume la IA y a la vez resolver uno de los problemas siempre latentes en el país sobre la oferta energética, en una suerte de círculo virtuoso.
Acorde a los pronósticos internacionales, se calcula que, en 2027, esta tecnología podría representar el 0,5 por ciento del consumo mundial de electricidad, es decir, aproximadamente lo que consume un país como Argentina en un año. Según Wells Fargo, la demanda de electricidad en Estados Unidos podría aumentar un 20% para 2030, en parte debido a la IA. Esa posible desventaja puede convertirse en una oportunidad para el país: la Argentina está entre los países con mejores condiciones a nivel mundial para el desarrollo de fuentes de energía renovables.
Acorde a la International Renewable Energy Agency, la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo en potencial eólico -especialmente en la Patagonia- y la región del NOA es una de las zonas con mayor radiación solar del planeta según el Banco Mundial (hasta 2.500 kWh/m² por año). De hecho, el país llegó a cubrir un 25% de su demanda con energía renovable y hay parques eólicos y solares en desarrollo.
«Podemos producir la energía que necesita la Inteligencia Artificial de manera limpia», afirma Iván Buffone, socio director de la consultora en sustentabilidad Business & Sustainability. «La preocupación en términos de impacto alrededor de la IA va en aumento y, como sucede con otras tecnologías e industrias intensivas en demanda de energía, la Argentina puede levantar la mano a nivel internacional para capitalizar las oportunidades que surjan», añade.
Este contexto internacional incluye a algunas compañías tecnológicas con replanteos en términos de sustentabilidad. Por ejemplo, las emisiones de carbono de Google se incrementaron un 48% en cinco años por la IA, según reportó la propia empresa. «Una de las grandes necesidades de la generación de IA se relaciona con la demanda energética para el procesamiento y enfriamiento de los data centers y eso, puede darse con menor consumo gracias al frío de nuestro sur y con energía verde gracias a sus vientos. No es una locura imaginar procesadores de inteligencia artificial en la meseta patagónica», agrega Buffone.
De esta forma, acorde a lo que el propio Reidel declaró en junio pasado al Financial Times, la apuesta del Gobierno para atraer inversiones en esta materia deviene no solo de las condiciones naturales de la Argentina pero de una normativa laxa sobre la base de «las ideas de libertad, baja regulación y libre empresa». No todos coinciden en este segundo aspecto. Aunque lo que no deja de resultar paradójico para un gobierno que descree de la agenda verde, es que el potencial sustentable del país pueda constituirse en una cuarta llave para destrabar esas inversiones.
El desarrollo y puesta en práctica de la IA desde el Estado
En el informe de Jefatura de gabinete se indica que en la cartera del FONARSEC -el Fondo que financia Proyectos Estratégicos, Consorcios Público-Privados y Empresas de Base Tecnológica (EBT) y Científicas- se contabilizan 106 proyectos activos. Y ya se están ejecutando en 2024 iniciativas vinculadas a la IA entre otros proyectos sobre Producción Pública de Medicamentos, Transición Energética, Alimentación Saludable y Nutritiva, Desarrollo Sostenible y Compra Pública Innovadora, además de acciones de apoyo a diversas EBTs.
Según consignó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la selección se fundamenta en base a la evaluación de contextos de aplicación y «sectores y temas estratégicos para el desarrollo, la atención de necesidades emergentes y la solución de problemas de interés para el país».
De igual modo, «se propone aprovechar y potenciar las ventajas comparativas del territorio nacional en términos de recursos naturales, capacidades instaladas y recursos humanos disponibles». La inteligencia artificial figura como uno de esos «grandes desafíos a nivel nacional para el desarrollo de soluciones» en el marco del «Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030» a la par de la Agroindustria, la biotecnología, la energía y la Economía del Conocimiento, entre otras.
Hay proyectos concretos en el marco de Capital Humano, pensado para el uso cotidiano, como la construcción de una plataforma para audiencias segmentadas -docentes, familia y comunidad- en el marco de Educ.ar, con un buscador asistido por inteligencia artificial. Y a la par, ya se piensa en la IA para usos específicos en campos mucho más sensibles como la Seguridad.
Mediante la Resolución 710/2024, por caso, se creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Consultado al respecto, el Ministerio de Seguridad respondió que su aplicación se ajusta a la normativa existente y no quiebra el derecho a la privacidad de las personas, un punto que disparó las alarmas de diversas organizaciones vinculadas a los derechos humanos en la Argentina.
«La herramienta se utilizará respetando la normativa vigente y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión garantizando el pleno e irrestricto respeto de los Derechos Humanos. El mismo plexo se respetará en la sanción de un protocolo operativo, una vez se cuente con la herramienta tecnológica en cuestión», afirmaron. Y confirmaron que ya se encuentra activa una mesa inter-fuerzas con el objeto de redactar el referido protocolo
De hecho, varios de los interrogantes elevados al Gobierno, en este sentido, se centraron en una de las habituales críticas que se formula a la tecnología de la inteligencia artificial en lo que atañe al sesgo de su programación, que traza su matriz de operatividad sobre criterios específicos.
«La IA aplicada no discrimina en función de criterios vinculados a los productores de la información (v.g. nacionalidad, grupo étnico, religioso, político, género, etc)», contestaron desde la cartera de Patricia Bullrich. Y garantizaron que «los resultados que la herramienta tecnológica traiga serán analizados por un operador humano, los que descartarán cualquier falso positivo, en caso de existir.»
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