Ley de Movilidad Jubilatoria: una solución fiscalmente responsable
El Gobierno nacional plantea como argumento para vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria, sancionada en el Congreso por una mayoría contundente, que su diseño atenta contra su meta de déficit cero. Desde nuestra perspectiva, esta posición carece de sustento. Realmente nos encontramos frente a una puja de prioridades en el gasto público.
El sistema previsional argentino es complejo y está constantemente en debate debido a sus problemas. En un contexto donde el Gobierno busca recortar el gasto público sin considerar destinatarios o necesidades esenciales, es prioritario construir el debate con argumentos y sin descalificaciones, pues hay derechos en juego.
Lo primero que hay que decir es que necesitamos una reforma integral del sistema previsional para hacerlo más ordenado, equitativo y sostenible. A pesar de esto, el Presidente no ha presentado propuesta alguna que lleve a un mejor ordenamiento del sistema.
Sólo ha presentado iniciativas en el Congreso para achicar el gasto hacia los jubilados, sin eficientizarlo. La realidad es alarmante: a la erosión de los haberes de los últimos años (que en el primer trimestre de 2024 tomó dimensiones enormes), se suma la reciente medida del Gobierno de reducir la cobertura de medicamentos básicos del Pami.
Prioridades claras
La evidencia empírica demuestra que el déficit fiscal cero del Gobierno se ha hecho en gran parte a expensas de la licuación de los haberes jubilatorios. No fue recortando privilegios a “la casta”.
Desde que asumimos la presidencia de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en Diputados, nos enfocamos en generar una respuesta sólida desde lo técnico, y responsable desde lo fiscal. Cuando comenzó el debate para resolver el problema de movilidad, tal como lo exige la Constitución, el Gobierno emitió un decreto que incorporaba a la fórmula el índice de precios al consumidor. Aunque fue un paso importante, resultó precario desde lo legal e insuficiente desde lo económico.
Gracias a la participación de 40 especialistas, en el debate se evidenció la necesidad de corregir las deficiencias de ese decreto para dotarlo de seguridad jurídica. Aunque incorporaba la inflación como mecanismo de actualización, omitía la variable salarial, lo cual genera un gran riesgo de litigiosidad, al incumplir fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además, no abordaba la problemática de los bonos paliativos introducidos por Alberto Fernández y sólo cubría 12 de los 20 puntos de inflación de enero. Para evitar judicialización y, por ende, mayor gasto público, se votó la propuesta que el Presidente ahora vetó.
La propuesta garantiza a los jubilados ese 8% faltante de enero, establece como piso del haber el valor de la canasta básica total, asegura un aumento anual acorde a la variación de salarios, implementa mecanismos de transparencia en los regímenes especiales, y prioriza el pago de juicios a jubilados y de deudas con las cajas provinciales.
Trabajo y voluntad política
Durante el debate, solicitamos a la Oficina de Presupuesto del Congreso (un organismo independiente, técnico y profesional) que cuantificara el impacto fiscal de nuestra propuesta. Determinó que era un 0,43% del producto interno bruto, por encima de lo que estaba gastando el Gobierno con el DNU, exactamente el mismo monto que el Presidente dijo haber ahorrado con la licuación de las jubilaciones (los especialistas dicen que fue el triple).
Como resultado, propusimos no reducir el déficit a costa del empobrecimiento de los jubilados, revertir la decisión y devolver lo que se licuó de los haberes en enero, revisando otros gastos.
¿Esto significa emitir dinero? De ninguna manera. Significa ordenar las prioridades con sensibilidad social. Se pueden eliminar exenciones impositivas que ya no se justifican, reordenar los regímenes especiales o evitar gastos reservados enormes sin saber su destino.
Esto requiere un trabajo profundo y una voluntad política que hasta el momento el Gobierno no ha demostrado.
Voces muy diversas, de todos los partidos políticos y representando diferentes realidades se expresaron con mayoría abrumadora, de manera pacífica y racional. Creemos que el veto presidencial es un enorme error en términos de legalidad y legitimidad social.
Creemos firmemente en el trabajo realizado y en la solidez de la propuesta. Remarcamos que esta decisión se basa en prioridades, que en nuestro caso tienen que ver con asegurar condiciones mínimas de protección a los haberes jubilatorios.
Por estas razones es que insistiremos para lograr la promulgación definitiva de esta ley. Debemos dar vuelta la página y comenzar a trabajar en la necesaria reforma integral del sistema previsional, con la predisposición que existe en el Congreso y la voluntad política que aún esperamos del Presidente.
* Diputada nacional (UCR-Córdoba); presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación
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