“El justiciero”, un nuevo restaurante
Días atrás, La Voz informó que el Poder Judicial dedica parte de su tiempo en operaciones inmobiliarias. Al parecer, estos negocios se inician ofreciendo en alquiler parte del edificio central de los Tribunales capitalinos, para que en su piso superior se instale un restaurante.
De modo que el templo que es sede del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (el bello edificio de estilo clásico ubicado frente al Paseo Sobremonte de la ciudad de Córdoba) quedará transformado en un establecimiento gastronómico. “El Palacio” (como se le llama coloquialmente) fue inaugurado en 1936; el gobernador era entonces Pedro Frías y el presidente del Tribunal Superior, Enrique Martínez Paz. Dos dirigentes que honraron a nuestra provincia.
La noticia confirma lo que buena parte de la población sabe o sospecha: que por distintos motivos han fracasado los intentos patrióticos de la mayoría de los magistrados para preservar la independencia del Poder Judicial.
Hay que admitir que los cimientos y las columnas del régimen feudal que instalaron los comprovincianos José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Martín Llaryora desde 1999 mantienen su firmeza. En otras palabras, en soledad, los magistrados judiciales poco pueden hacer para evitar que se gobierne con la suma del poder.
Esos cimientos, entre otras estructuras hasta ahora inconmovibles, son: a) la supresión del Senado como órgano legislativo de control; b) la instalación de agencias, sociedades comerciales y fideicomisos para disponer sin controles de más de la mitad del presupuesto anual; c) instalación de un organismo separado del Poder Judicial, el Ministerio Público (también denominado “extrapoder”), al que se le confirió con exclusividad la facultad de promover acciones judiciales en defensa del interés público, y d) la creación de un Juzgado Anticorrupción que, en 25 años, no dictó sentencia alguna para condenar algún ilícito contra el Estado.
Como todo sistema feudal, el Gobierno provincial no sólo otorgó la suma del poder al gobernador, sino que también restringió y hasta eliminó los sistemas republicanos que establece la Constitución para controlar el gasto público. Recientemente, Beltrán Corbalán, uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas en representación de la oposición política, reveló que la deuda contraída en moneda extranjera se elevó a $ 1,93 billones en enero del corriente año.
“Córdoba –afirma el tribuno como síntesis de su investigación– es una de las provincias más endeudadas de Argentina”. Y concluye atribuyéndole al Gobierno ”una irresponsable política de endeudamiento en dólares”.
Pero a lo largo de la historia reciente no siempre los magistrados se declararon derrotados en su heroica lucha contra el despotismo. En 1954, el presidente Juan Domingo Perón intervino el Poder Judicial de la provincia porque muchos miembros del Tribunal Superior y magistrados de los distintos fueros se negaron a afiliarse al Partido Peronista. Y dispuso la cesantía de los rebeldes.
Y en 1960, cuando la Nación intervino la Provincia sometiéndose a las presiones del Ejército y puso fin al breve gobierno de Arturo Zanichelli, los entonces miembros del Tribunal Superior –Ricardo Núñez, Pedro Oviedo Jocaud, Jorge Gómez Franco, Antonio de la Rúa y Esteban Gorriti– renunciaron denunciando la ilegalidad de la medida.
El actual Tribunal Superior, inspirándose en los buenos ejemplos de sus antecesores, está a tiempo de dejar sin efecto el emprendimiento inmobiliario que comento. Si no lo hace, puede ser imitado por el gobernador Llaryora, quien podría instalar en el Panal un hospedaje para funcionarios del interior, y por el intendente Daniel Passerini, quien en planta baja del Palacio 6 de Julio podría habilitar un salón para bailes de cuartetos y chacareras. Así, el ridículo se disimularía.
* Abogado
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