Entre la imprevisión y la falta de debate
El jueves 22 de agosto, el Senado de la Nación decidió por unanimidad anular la última suba de sueldo, que elevaba sus ingresos a $ 9 millones mensuales, y congelar sus salarios hasta el 31 de diciembre de este año. Esto ocurrió después de una polémica que, por escandalosa, representa un nuevo argumento para deslegitimar a la dirigencia política en su conjunto. Y esto, a su vez, erosiona a la democracia y a sus instituciones ante la opinión pública.
El mecanismo de aumento de dietas es conocido: la suba en los haberes del personal del Congreso dispara de modo automático un porcentaje similar en las dietas de los legisladores. Desde comienzos de este año, hubo varias subas bajo este esquema.
Algo semejante ocurrió en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero en ese caso el presidente Javier Milei ordenó dar marcha atrás con la norma que establecía el ajuste automático de los sueldos de los funcionarios. En la Cámara de Diputados, la situación fue similar. No así en el Senado, aunque según el senador cordobés Luis Juez, un proyecto suyo en ese sentido espera ser debatido desde mediados de abril.
Apenas trascendió la noticia del nuevo aumento, arreciaron las críticas desde todos los sectores sociales, incluidos senadores como Juez y el propio presidente de la Nación, quienes con su habitual lenguaje políticamente incorrecto no perdieron la oportunidad para criticar al conjunto de los senadores.
Milei repudió el “vergonzoso aumento”, al que calificó como una “traición al pueblo trabajador”. “Una vez más –sentenció–, la casta política se niega a soltar sus privilegios, mientras el pueblo sufre las consecuencias”, para concluir que los senadores “son unos estafadores”. Juez, además de darle la razón a Milei, acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de habilitar una “sesión bochornosa”, y a los senadores, de hacerse los distraídos, aunque usó para esto último un término más soez, propio de su estilo.
¿Era necesario usar los medios de comunicación y las redes sociales para descalificar de este modo a los miembros del Poder Legislativo?
No son pocos los senadores que están de acuerdo con derogar el esquema que actualiza sus salarios en sintonía con la paritaria de los empleados. ¿Por qué, entonces, exponerse a las previsibles críticas?
Si había abierta una negociación paritaria con los representantes de los empleados, perfectamente se podría haber derogado la “cláusula gatillo” antes de que se arribara a un acuerdo. De ese modo, el Senado no hubiese quedado en el centro de esta polémica. De todas maneras, esa falta de previsión no justifica los insultos ni las ofensas que han padecido.
En última instancia, más allá de lo coyuntural, Argentina sigue debiéndose una discusión sobre la cuestión de fondo: ¿cuál debe ser el sueldo de un legislador? Durante años, la extrema izquierda propuso tomar como parámetro el sueldo docente básico. Ahora, el senador radical Martín Lousteau menciona a los directores de escuelas.
El tema requiere de un profundo debate público que examine los distintos factores en juego.
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