Albareda, un caso horrendo en el peor clima de época para los derechos humanos
La detención de Fernando Albareda por el asesinato de su madre, Susana Montoya, tiene un destino asegurado de utilización política.
Albareda es el hijo y Susana era la viuda de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario torturado, presuntamente asesinado y aun hoy desaparecido luego de haber sido sindicado de ser militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Fernando militó en Hijos, dio cursos de derechos humanos a la Policía y era funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En marzo de este año había conseguido, luego de un largo proceso administrativo, que le reconozcan los salarios caídos a su padre. Su madre y él iban a cobrar un poco más de 76 millones de pesos por ese resarcimiento.
La imputación y detención de Albareda consigna que las amenazas que venía denunciando eran falsas: la grafía de la advertencia en la casa de su madre, escrita en lápiz labial, que decía “Ahora vamos por tus hijos”, es la misma que la de los panfletos pegados en la puerta de su casa en los primeros días de diciembre, cuando insistía para que se apure la resolución del legado. Una aparente mentira.
Parece un caso hecho a medida de la desacreditación que en otros tiempos se hacía en voz baja contra las víctimas de la dictadura por las indemnizaciones que recibieron del Estado. “El negocio de los derechos humanos”, se decía entonces y se adivina en los tuits que se escriben ahora, en un clima de época que es justo el reverso del que dio legitimidad social y política al Juicio a las Juntas y el castigo a los represores.
Las amenazas falsas también contribuyen a la desacreditación de los justos miedos de las víctimas y de sus familiares sobrevivientes, que sufrieron todo tipo de hostigamientos desde la restauración democrática. Hay que recordarlo: hay un desaparecido, Jorge Julio López.
¿Hace falta aclarar que aunque esta historia sea un crimen por codicia no tiene ningún valor metonímico, que no representa con su parte un todo? Hace falta.
Pero la revisión del consenso democrático conseguido tras cuatro décadas de resiliencia de lo que dejaron años de un brutal terrorismo de Estado tiene en Albareda un bocado especial. Lo van a aprovechar, de seguro, los militantes digitales de la nueva derecha extrema argentina, que sin complejos ni corrección política apuntalan el gobierno de Javier Milei.
El clima de época es el mismo que hace días le da poca importancia a la visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad por parte de un grupo de legisladores del partido gobernante. La indignación (justificada) parece reservada a Alberto Fernández, el expresidente que enfrenta acusaciones de corrupción y ahora también de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, un caso que por virtud de este clima de época parece probar justo lo contrario de lo que es: en lugar de que cualquier mujer puede ser víctima y se necesitan más políticas de protección y de cuidado, se afirma que lo que se hizo no sirve de nada, porque algunas de esas decisiones las impulsó Fernández.
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