El delito desborda la capacidad carcelaria
El aumento del delito en sus distintas formas, en la provincia de Córdoba, se puede examinar en función de dos frentes emparentados: el horror y el despojo que les tocó sufrir a miles de víctimas y la saturación de presos en cárceles cuya capacidad no alcanza.
Pabellones atestados donde conviven condenados y procesados con prisión preventiva por delitos contra la propiedad privada, por narcotráfico y narcomenudeo, por homicidios en distintas circunstancias, por violencia de género y por estafas, entre otras causas de persecución penal.
El desorden habitacional de los institutos penales tiene alcance nacional y en algunos casos orilla el hacinamiento. Lo grave del asunto reside en que no parece sencillo imaginar una simetría entre capacidad y personas alojadas, puesto que la criminalidad se ha potenciado al ritmo de una crisis social y económica exasperante. Voces oficiales admitieron alguna vez que el delito y el consumo de estupefacientes son en buena medida productos de la pobreza.
Lo cierto y palpable es que la inseguridad se expande sin límite de edades y, por añadidura, las cárceles se van colmando de presos.
Un informe que publicamos días atrás expone cifras elocuentes sobre el desarrollo de esta problemática. Tomando como referencia estadística los últimos dos años y medio, el número de presos en las cárceles cordobesas creció un 30%, para alcanzar la cifra de 13.489 personas (entre varones y mujeres) privadas de su libertad, según registros de junio pasado.
Los datos difundidos por el Servicio Penitenciario de Córdoba dan cuenta de que en 2021 sumaban 10.409 las personas encarceladas en la provincia. Ello explica no sólo la dinámica delictiva, sino también el motivo por el cual la capacidad de los penales se encuentra desbordada y con reclusos que viven el encierro en condiciones indignas, según testimonios de intramuros contenidos en el informe de La Voz.
En números concretos, el reporte oficial indica que al cabo del primer semestre de 2024 el exceso de capacidad alcanza unos 1.500 detenidos.
El gobierno tiene en ejecución obras para ampliar y construir nuevos módulos. De tal forma, se agregarían algo más de mil plazas de alojamiento antes de fin de año, en particular en el complejo carcelario de Bouwer.
Lo que aún parece lejano (no sólo en Córdoba) es la implementación de una política eficaz y perdurable para erradicar o al menos reducir a una mínima expresión el flagelo de la inseguridad.
Y vale ahondar en la relación del delito con la pobreza. Así lo grafica el ministro de Justicia y Trabajo de la provincia, Julián López: “El crecimiento penitenciario es lo que pasa en todo el país. En momentos determinados, cuando se viven crisis económicas y sociales, se produce un estrés en el sistema por el incremento de la población carcelaria, como estamos viviendo hoy”.
Es necesario, por tal motivo, evaluar las proyecciones en materia criminal y adecuar en función de ello la capacidad de alojamiento en los penales.
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