Elocuente documento de la Universidad Nacional de Córdoba
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) declaró que los claustros docentes y no docentes padecen una “crisis salarial”. La declaración implica tanto un respaldo al reclamo salarial de los gremios, en medio de negociaciones paritarias que están trabadas por falta de acuerdo, como una interpelación al Gobierno nacional.
El documento, que será elevado al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al Ministerio de Capital Humano, a la Secretaría de Educación y a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, describe el cuadro de situación.
Desde noviembre de 2023 hasta la fecha, el salario del personal universitario cayó hasta un 45% en términos reales. La cuestión se agrava en el caso de los colegios preuniversitarios, donde los docentes perdieron además el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) desde que asumió el presidente Javier Milei.
Si los salarios universitarios se atrasan respecto de la inflación, sus aportes a la seguridad social se resienten en similar proporción, lo que agudiza la crisis económica que atraviesan las obras sociales universitarias.
El Gobierno nacional no sólo es el responsable en la negociación salarial y el que debe gestionar la manera de recomponer los haberes del personal universitario. Además, como sostiene el documento de la UNC, también es su responsabilidad promover una educación inclusiva y de calidad.
La pretensión del Gobierno nacional era que las universidades públicas desarrollaran sus actividades durante 2024 con el mismo presupuesto que lo hicieron en 2023, como si en ese tiempo no hubiese habido inflación.
La misión de las universidades públicas abarca la docencia, la investigación y la extensión. Se les puede pedir un racionamiento de gastos y que analicen qué compras o contratación de servicios podrían postergar por un tiempo. Pero no se les pueden retacear los fondos mínimos indispensables para su normal funcionamiento.
Ante la intransigencia gubernamental, frente al razonable pedido del CIN de una readecuación presupuestaria, a fines de abril pasado el sector universitario organizó una marcha de protesta. El acompañamiento social se hizo evidente tanto en las principales ciudades del país como en localidades más pequeñas. La masividad de la convocatoria superó todas las expectativas.
La reacción del Gobierno fue liberar algunas partidas adicionales que resultaron insuficientes. El documento de la UNC pone el ejemplo de la disminución, en términos reales, de las transferencias del Programa de Desarrollo de la Educación Superior, por lo cual se han suspendido los apoyos financieros para la participación en congresos, las publicaciones y los subsidios para estudios científicos y proyectos de extensión.
En otras palabras, más allá del relato oficialista, la ínfima ampliación presupuestaria para las universidades estuvo limitada a cuestiones relacionadas con los gastos básicos de funcionamiento, pero no incluyó los salarios del personal ni las actividades que el claustro docente realiza fuera del aula –que retroalimentan, vale destacarlo, lo que ocurre en cada clase.
Bajar el gasto y alcanzar el superávit fiscal incumpliendo las obligaciones del Estado nacional no es una política viable. El Gobierno debe reformular esa premisa y alcanzar el deseado equilibrio de las cuentas públicas por otra vía.
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